Por: Edgardo Ramírez Polanía

Hay momentos en la vida de los pueblos en que la inteligencia, por sí sola, no basta. Se necesitan también generosidad, comprensión y esa forma superior del afecto colectivo que consiste en reconocer al otro como alguien con quien, aun en medio de profundas diferencias, estamos obligados a compartir un mismo destino.

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Colombia atraviesa uno de esos momentos, en medio de la corrupción, la presencia de grupos armados, el narcotráfico y una inseguridad personal y jurídica que en nada contribuyen a su progreso y bienestar, desalientan la inversión y alejan el turismo.

El Estado tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad, proteger a sus ciudadanos y enfrentar toda manifestación de violencia, terrorismo o sedición. Pero debe hacerlo siempre dentro de los límites del Estado de Derecho, con respeto por las instituciones, las garantías judiciales y la dignidad humana. La fuerza legítima del Estado pierde su legitimidad cuando se aparta de la ley.

Sin embargo, la reconciliación nacional exige algo más profundo que la preservación del orden público. Más allá de las estadísticas económicas, de las disputas electorales y de las pugnas partidistas, uno de nuestros mayores problemas reside en la hostilidad que durante décadas ha separado a colombianos que, siendo hijos de una misma nación, terminaron aprendiendo a mirarse como adversarios irreconciliables.

Cada sector político ha construido sus certezas, sus agravios, sus temores y sus razones. Todos creen poseer una parte esencial de la verdad y, acaso, todos tengan alguna que defender. Pero ninguna sociedad puede vivir indefinidamente haciendo inventario de sus heridas. Llega un momento en que el resentimiento deja de ser recuerdo y comienza a convertirse en una forma de convivencia.

Por eso Colombia necesita una reconciliación nacional. No como un concepto abstracto ni como una invitación ingenua a olvidar el pasado. Tampoco como una fórmula destinada a borrar responsabilidades. Reconciliarse no significa renunciar a la verdad ni a la justicia. Significa impedir que el odio continúe determinando nuestro futuro.

Se trata de un imperativo ético y político que requiere la participación de quienes ejercen el poder, de quienes aspiran a ejercerlo y de una sociedad civil que debe recuperar la capacidad de dialogar sin convertir cada diferencia en una enemistad. Pero ningún proyecto de reconciliación será auténtico mientras millones de colombianos permanezcan atrapados entre el hambre, la pobreza, la desigualdad y la ausencia de oportunidades.

No podemos pedir serenidad a quien no tiene qué llevar a la mesa de sus hijos. No podemos hablar de unidad nacional mientras una familia deba escoger entre comprar alimentos o pagar los servicios públicos. Tampoco podemos construir una convivencia duradera si el acceso a la educación, a la salud y al empleo digno continúa siendo incierto para grandes sectores de la población.

Un salario digno, una escuela que funcione, un hospital que atienda oportunamente, unos servicios públicos accesibles y un empleo que permita sostener una familia no constituyen dádivas del Estado. Son condiciones esenciales para que un ciudadano pueda vivir con dignidad y sentirse parte de una comunidad nacional.

Por eso la clase dirigente colombiana tiene una responsabilidad inmensa: demostrar que la reconciliación no será solamente una palabra pronunciada durante las campañas electorales, sino una decisión capaz de traducirse en bienestar concreto para la población.

Colombia necesita un gran Acuerdo Nacional. No un acuerdo entre dirigentes para repartirse el poder, sino un entendimiento alrededor de unos principios fundamentales que ningún gobierno debería desconocer y que ninguna oposición debería pretender destruir.

Un acuerdo para defender la democracia y las instituciones; garantizar la seguridad jurídica; estimular la inversión nacional y extranjera; generar empleos formales y dignamente remunerados; fortalecer la educación y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud. Y, sobre todo, para comprender que Colombia debe estar siempre por encima de los intereses de cualquier partido, caudillo o movimiento político.

Durante demasiado tiempo hemos confundido la política con la confrontación permanente. La democracia, sin embargo, no nació para eliminar las diferencias. Nació precisamente para permitir que hombres y mujeres que piensan distinto pudieran convivir bajo unas mismas instituciones.

Una nación verdadera no es aquella en la que todos dicen lo mismo. Es aquella donde quienes discrepan pueden encontrarse después de una elección, aceptar sus diferencias y continuar reconociéndose como compatriotas. Ninguna oposición democrática puede considerar enemigo a quien gobierna legítimamente, y ningún gobernante debería olvidar que gobierna también para quienes votaron en su contra.

La reconciliación exige recuperar algo que parece haberse perdido en medio de la estridencia política: reconocer que ninguna ideología posee toda la verdad y que ningún colombiano debe ser considerado enemigo solamente porque piensa diferente.

Nos hemos acostumbrado tanto al lenguaje de la confrontación que algunas veces confundimos serenidad con debilidad. No lo es. Se necesita mayor fortaleza para tender una mano que para cerrar un puño. Se requiere más inteligencia para reconocer una parte de razón en el adversario que para refugiarse en nuestras propias certezas.

Y hace falta verdadera grandeza para comprender que la paz no consiste en la victoria absoluta de unos sobre otros, sino en construir un país donde todos puedan vivir sin miedo. La reconciliación comienza precisamente cuando dejamos de preguntarnos solamente quién tuvo la culpa y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer para que nuestros hijos no reciban como herencia nuestras enemistades.

Hay dolores que acompañan a las personas durante toda la vida. Hay muertos que pertenecen para siempre a la memoria de una familia. Hay injusticias que deben conocerse y responsabilidades que deben establecerse. La justicia seguirá siendo indispensable. También la verdad. Pero ambas deben servir a una finalidad superior: impedir que las tragedias del pasado continúen gobernando el porvenir.

Colombia posee una riqueza humana que casi nunca aparece en las discusiones políticas. Millones de ciudadanos se levantan cada mañana a trabajar, educan a sus hijos, cuidan a sus padres, crean empresas, cultivan la tierra, enseñan en una escuela, atienden a un enfermo, conducen un vehículo, abren un pequeño comercio o cumplen honradamente una jornada.

Ese país silencioso existe. Es probablemente mucho más grande que el país de los insultos y de las redes sociales. Y allí puede comenzar la reconciliación. No solamente en las grandes reuniones de los dirigentes ni en los salones del poder, sino también en las familias, en las universidades, en los barrios, en los lugares de trabajo y en la manera como hablamos de quienes no comparten nuestras convicciones.

Aquí continuarán viviendo quienes piensan a la derecha, quienes piensan a la izquierda y quienes no se identifican con ninguno de esos extremos. Permanecerán creyentes y no creyentes, empresarios y trabajadores, campesinos y habitantes de las ciudades, partidarios del gobierno y de la oposición.

Por eso el futuro no puede consistir en derrotarnos indefinidamente unos a otros, sino en aprender a convivir. Ese debería ser el propósito superior de una nueva generación política: entregar a nuestros hijos un país menos resentido, menos dispuesto a señalar y menos acostumbrado a convertir toda controversia en una batalla perpetua por partidos y movimientos que, como tantas veces ha demostrado la historia, aparecen y desaparecen, mientras la nación permanece.

Una Colombia capaz de discrepar sin odiarse; de hacer justicia sin venganza; de ejercer la autoridad sin arbitrariedad; de gobernar sin sectarismo y de ejercer la oposición sin convertir al adversario en enemigo. Esa reconciliación sería quizá la mayor prueba de madurez política y humana que podría ofrecer una nación después de tantas décadas de enfrentamientos.

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Mientras un colombiano sea capaz de reconocer un error; mientras otro pueda perdonar sin renunciar a su dignidad; mientras una madre enseñe a sus hijos que quien piensa distinto no es necesariamente su enemigo; mientras podamos volver a sentarnos alrededor de una misma mesa y comprender que, debajo de nuestras diferencias, permanecen los mismos anhelos de seguridad, justicia, prosperidad y esperanza, habrá futuro.

Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian y los hombres abandonan algún día el escenario del poder.