Por Guillermo Pérez Flórez

El experimento comenzó el 3 de enero pasado, con el operativo “Resolución Absoluta”, cuando un comando estadounidense capturó de madrugada en Caracas a Nicolás Maduro —presidente de Venezuela, legítimo o ilegítimo— y a su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia juramentó como presidenta encargada a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo la figura de “ausencia forzosa”, sin activar los mecanismos electorales que exige la Constitución venezolana. De paso, Washington desechó a María Corina Machado como alternativa, pese a todos sus ejercicios de genuflexión, que incluyeron dedicarle su Premio Nobel al presidente Trump.

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Ese asalto fue solo una parte del libreto. El objetivo real era apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo, y ya se consiguió: Estados Unidos se quedará, a través de concesiones por cien años, con el control de 17 yacimientos que suman unos 65.000 millones de barriles —más de una quinta parte de los 303.806 millones de barriles que se le calculan a Venezuela—. El instrumento es un acuerdo triangulado entre Caracas y Washington, con la participación de North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del magnate venezolano Alejandro Betancourt, en la cual la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra estadounidense tiene una participación accionaria del 35 %. Betancourt, hasta mayo tenía prohibido salir del Reino Unido, combatía una solicitud de extradición suiza por presunto lavado de dinero, y en España mantiene abierta una causa judicial por lo mismo. Es “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, en palabras de la Casa Blanca.

Trump presume que esto le asegura a Estados Unidos unas reservas que superan a las de su propio país y ha prometido que “se va a quedar con todo eso”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, presentó en enero una hoja de ruta en fases —estabilización primero, apertura económica y reconciliación política después— con el control de las exportaciones petroleras como palanca de presión. La doctrina Donroe es la fórmula para que Estados Unidos mantenga la hegemonía y el liderazgo mundiales, y pueda competir con China. En términos futbolísticos, equivale a hacer goles con la mano. Con esta jugada EE. UU. se mantiene primero en la tabla y, de paso, disimula parcialmente el desastre en Irán.

Soberanía y democracia de papel

En términos concretos, y sin eufemismos, la soberanía venezolana es ya solo teórica. El margen de autonomía de los hermanos Rodríguez —Delcy y Jorge— es precario y se limita a asuntos menores.

Si me preguntaran qué hace la presidenta encargada, sin vacilar respondería que “hace caso”. Y no logro entender, por qué si Maduro era un presidente ilegítimo, ¿cómo puede ser legítima su vicepresidenta? Que alguien me lo explique. Ese paso de gobierno ilegítimo a legítimo es parte de la alquimia política que practica Washington, en su pragmática visión del poder. La calificación ética y moral de las personas y gobiernos dependen del grado de sumisión que tengan con ellos.

En términos concretos, Venezuela está siendo anexada, pero ojo: no será el estado 51 de la Unión Americana. De ella, la Casa Blanca solo quiere el petróleo, y sus recursos. Este tipo de anexión es diferente a las que hizo la Unión Soviética durante la primera mitad del siglo XX. La URSS anexaba países, los integraba a su proyecto, y sus nacionales adquirían una ciudadanía que les confería el derecho a participar en las decisiones políticas. Los venezolanos jamás serán ciudadanos estadounidenses, como tampoco lo son plenamente los puertorriqueños.

Y ahora Colombia

Colombia está en riesgo de correr la misma suerte de Venezuela, con variantes en el libreto. Aquí no depusieron a nadie. No lo necesitaron. Con una campaña electoral extraordinariamente eficaz, el respaldo de sectores empresariales y mediáticos y el apoyo explícito de Washington, llegó a la Presidencia un ciudadano colombo-estadounidense que se identifica como republicano y que ganó por menos de un punto porcentual.

De la Espriella está dando muestras de ser el presidente colombiano más obsecuente de la historia con Estados Unidos. No necesita que le den órdenes: se anticipa y hace lo que Washington quiere. Afilió a Colombia al “Escudo de las Américas” —la alianza antinarcóticos liderada por Trump de la que el país se había marginado durante el gobierno de Petro— y, aunque Washington todavía no ha anunciado formalmente la instalación de bases militares, ya se habla de centros logísticos conjuntos y de la cooperación en bombardeos y aspersión con bio-herbicidas contra los cultivos de coca, un “Plan Colombia II”.

La política exterior de De la Espriella consiste en no tener política exterior, sino en ponerse a la grupa de Washington. Ha abrazado la doctrina Donroe y su política antidrogas, avanza hacia el restablecimiento de una presencia militar norteamericana en suelo colombiano, y se refiere a Trump como “el rey”. Así, en el mejor de los casos, Colombia sería un protectorado. La nueva hegemonía estadounidense no necesita ocupar todos los países. Algunos gobiernos, como el colombiano, adoptan su agenda, sin que expresamente se lo pidan.

El Quinto Real

Durante la época de la colonia, la corona española cobraba un impuesto equivalente al 20 % de todo el oro y la plata extraídos en los territorios americanos, que debía entregarse obligatoriamente al rey. Esa tributación venía de la España medieval, y se trasladó al Nuevo Mundo desde los primeros años de la Conquista. Gravaba la producción minera extraída en las colonias. Se mantuvo vigente durante casi 300 años, y sin embargo no evitó el ocaso del imperio español.

La política arancelaria de Trump y la apropiación de la riqueza venezolana retrotraen al mundo a esos tiempos, que la humanidad creía superados. Solo que ahora, el Quinto Real se disfraza de negocio privado entre una petrolera y un gobierno interino sin mandato electoral. Hace parte de la combinación de todas las formas de lucha, que incluyen el embargo, la inclusión en la lista Clinton, los golpes de estado, el secuestro y la cooptación, entre muchas otras acciones.

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Los colombianos haríamos bien en preguntarnos si este es el futuro que queremos para nuestro país. Y tener claro que para allá vamos, si la opinión pública —norteamericana y colombiana— no logra corregir la deriva que han tomado sus gobiernos.

En Venezuela y Colombia se está moldeando el nuevo colonialismo americano, y una forma de gobernanza basada en la fuerza, no en el derecho. Después de Venezuela y Colombia, el turno será para Cuba. No se necesita ser profeta. Se verá pronto.