Por Margarita Gómez Arbeláez

 *Abogada. Asesora jurídica y regulatoria.

En las últimas semanas, las alertas sobre el fenómeno de El Niño han vuelto a ocupar un lugar importante en la conversación pública. La disminución de las precipitaciones en algunos territorios, el aumento de las temperaturas, el riesgo de incendios forestales y las presiones sobre las fuentes hídricas nos recuerdan que estamos frente a un fenómeno cuyas consecuencias no pueden ser ignoradas.

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La información técnica disponible debería llevarnos a formular una pregunta que merece mucha más atención: ¿estamos realmente preparados, como sociedad y como sector, para enfrentar sus consecuencias?

El verdadero desafío de la gestión del riesgo no está únicamente en nuestra capacidad para reaccionar cuando la emergencia ya ocurrió. Está, principalmente, en nuestra capacidad para anticiparnos. Y hoy tenemos información suficiente para hacerlo.

Los efectos de El Niño no se presentan de la misma manera en todo el país. La vulnerabilidad de cada territorio dependerá de sus condiciones geográficas, de la disponibilidad de sus fuentes hídricas, de su infraestructura y, especialmente, de su capacidad institucional para anticipar y gestionar los riesgos.

A veces, como sociedad, olvidamos la verdadera importancia del agua porque su disponibilidad hace parte de nuestra cotidianidad. Abrimos una llave y esperamos que el agua esté allí.

Pocas veces pensamos en todo lo que existe detrás de ese acto aparentemente sencillo: las fuentes que abastecen a una población, la infraestructura necesaria para captar, tratar y distribuir el recurso y las inversiones requeridas para garantizar la continuidad del servicio.

Pero el agua no es un recurso ilimitado y su disponibilidad tampoco está garantizada. Una reducción de las precipitaciones, sumada al aumento de las temperaturas, puede ejercer una presión significativa sobre las fuentes hídricas, especialmente en territorios que ya presentan condiciones de vulnerabilidad.

Y las consecuencias trascienden los hogares. El agua sostiene actividades agrícolas, industriales y comerciales, participa en la generación de energía y resulta fundamental para el funcionamiento de nuestra economía. Una crisis hídrica puede convertirse rápidamente en un problema ambiental, social y económico.

Uno de nuestros mayores riesgos como país es esperar a que las consecuencias sean evidentes para actuar. Esperamos a que disminuyan los caudales para hablar de ahorro, a que se presenten incendios para hablar de prevención y a que una comunidad enfrente dificultades de abastecimiento para preguntarnos si estábamos preparados.

Para quienes trabajamos en el sector de agua y saneamiento básico, el llamado es aún mayor: debemos anticiparnos, identificar vulnerabilidades, fortalecer el monitoreo y proteger la continuidad de los servicios.

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Pero la responsabilidad no es únicamente institucional. Cada decisión relacionada con el uso del agua importa. Necesitamos construir una verdadera cultura de uso eficiente y responsable del recurso.

Todavía estamos a tiempo. Tenemos información, alertas y conocimiento. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo hoy para estar preparados.