Por: Marco Emilio Hincapié Jr.

Colombia experimenta desde hace más de tres décadas mecanismos de desigualdad estructural en su economía. La pandemia acentuó el problema de pobreza en nuestro país, se debilitó la clase medía y los privilegiados -clase alta- aumentaron con creces sus ganancias.

Uno de los factores que inciden en la desigualdad estructural es la mala distribución de la tierra como factor de producción en la economía. Y con respecto a esto, el presidente electo Gustavo Petro planteó en su programa de gobierno una reforma agraria.

Para este propósito designó como ministra de Agricultura a Cecilia López, quien en recientes entrevistas ha planteado “hacer una reforma agraria sin eufemismos”. Son dos los temas que se deben abordar con seriedad y de frente a la sociedad para lograr éste propósito: el primero, en manos de quien está la tierra en nuestro país, qué tan concentrada está y qué tan productivas son esas tierras. Segundo, las instituciones que han sido diseñadas en el marco legal y que se encargan del sector rural; las agencias estatales deben ser evaluadas para saber su aporte en el desarrollo de la productividad del sector, así mismo, identificar las falencias para ser corregidas y contribuir en el propósito de la redistribución.

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El viejo problema de la tierra

Entre los años 1920 y 1940 los terratenientes y colonos en Colombia se enfrentaron a muerte. Los primeros defendían su posesión de la tierra con el “papel sellado”, es decir, mediante la presentación de títulos de propiedad (muchas veces dudosos); mientras los colonos invocaban su derecho al trabajo y al usufructo alegando que habían cultivado por años tierras del Estado, labrando la tierra con “el machete” y desconocían e invalidaban los títulos presentados por los terratenientes.

Para dirimir el conflicto, surgió la ley 200 de 1936 (La ley del machete y el papel sellado), que fijó las reglas para demostrar la propiedad y tenencia de un predio. Bajo el mecanismo de la “prescripción” contemplado en dicha ley, se ha exacerbado la acumulación, posicionando a Colombia como uno de los países más desiguales en tenencia de tierra en el mundo.

Según el Informe de la Oxfam, titulado “Radiografía de la desigualdad”, el 1 % de los colombianos en nuestro país ocupa el 81 % de la tierra, mientras el restante 99 % de colombianos y colombianas ocupa tan sólo el 19 %. Y los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y ya para el año 2014 pasaron a ocupar 47 millones. Teniendo la obscena cifra del índice de Gini en la distribución de la propiedad rural del 0.897. Tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

Así mismo, el Acuerdo de Paz firmado el 26 de Septiembre del 2016 -ad portas de cumplir seis años- en el punto uno sobre Reforma Rural Integral, cuyo objetivo es la transformación estructural del campo, tiene cuatro pilares:

1.    Acceso integral y uso de la tierra: ya que el 64 % de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra y el 46,5 % de la tierra la posee el 0,4 % de los propietarios.
2.    Implementación de planes nacionales sectoriales: que estén orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la productividad de la agricultura familiar y formalización laboral.
3.    Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET: que incorporen las visiones de desarrollo local y regional. Se trata de reconstruir y transformar estas regiones, garantizar derechos y facilitar la reconciliación.
4.    Sistema de Seguridad Alimentaria: mayor producción de alimentos mediante el fortalecimiento de la economía familiar y los mercados locales. Garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.

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Lamentablemente, en el saliente gobierno de Duque, se ha desfinanciado su implementación y sistemáticamente se ha torpedeado la ejecución de los proyectos bajo criterios técnicos, sociales y sustentables. Según el informe de empalme de la Agencia Nacional de Tierras, de los 7 millones de hectáreas formalizadas para el año 2026, se han regularizado 1,3 millones de hectáreas y se reporta entregado al Fondo de Tierras 1,7 millones de hectáreas. Pero se contradice con informes de la Procuraduría que indican que se contabilizan procesos iniciados y culminados previo a la firma del Acuerdo de Paz.
 
Por último, los que tienen concentradas las tierras en el país tampoco han sabido explotarlas. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA del DANE el total del suelo productivo es de 50 millones de hectáreas y de éstas, el 77,9 % se destina a las actividades de ganadería.

Así mismo, la producción total registrada fue de 63.247.863 toneladas de las cuales 42.208.363 toneladas corresponden al grupo de agroindustriales (66,7 %), 6.712.167 toneladas a frutales (10,6 %), 6.404.514 toneladas a tubérculos y plátano (10,1 %), 4.423.183 toneladas a cereales (7,0 %), 3.051.481 toneladas a las hortalizas, verduras y legumbres (4,8 %) y 448.154 toneladas (0,7 %) a árboles frutales dispersos.

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Basta con mirar las cifras de los TLC´s firmados por el país, en especial el firmado con Estados Unidos para saber la baja productividad en cultivos como el maíz. La falta de tecnificación y el acceso a crédito barato que se necesita para que el sector agrícola sea competitivo frente a estas potencias agrícolas.

Es necesario redignificar el papel del campesino como agente de desarrollo en el agro. No es posible que agencias internacionales como el PNUD, concluyan que “al desagregar la población rural por clases sociales se encuentra que en el año 2020, el 42,9 % era pobre y el 48 % se encuentra en condición de vulnerabilidad”. Ya que el tema está en la palestra pública no hay que desaprovechar la oportunidad de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.