Por Edgardo Ramírez Polanía 

El Congreso no debería oponerse al proyecto de reforma laboral del presidente Petro, no sólo por los beneficios a los trabajadores y la mayor cobertura de acceso a la pensión de la población en general, sino porque sería el motivo para que el presidente de la República, proponga una consulta popular que no sería procedente, no por su costo de 500 mil millones en un país con dificultades económicas, sino porque legalmente no es posible como está planteada. 

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El artículo 52 de la Ley 134 de 1994 señala los procedimientos para la consulta popular no como lo dice el presidente del Consejo de Estado, que para proponerla debe tener sólo la aprobación del Congreso. No es así. Para proceder a ese mecanismo el proyecto no debe tener articulado concreto como está propuesto en la reforma laboral. La exigencia para presentar esa propuesta es la formulación de una pregunta de carácter general sobre un asunto de interés público y no la aprobación de una ley o proyecto específico con articulado, porque en tal caso se trataría de otra clase de convocatoria y no de una consulta popular.

El presidente Petro en un discurso pronunciado en la Plaza de Bolívar con motivo del Día Internacional del Trabajo, no solo conmemoró él ese día histórico de los trabajadores, sino que convocó a una consulta popular si el Congreso no aprueba la reforma laboral como su principal propuesta política para satisfacer las necesidades laborales de un amplio sector de la población colombiana que lo impide la oposición, los grandes empresarios y los gremios que no quieren aceptar la justicia social. 

La consulta popular en la interpretación del presidente Petro, es mucho más que un instrumento democrático, es una bandera, una batalla, una lucha por la libertad social del pueblo al que considera que las élites le han impedido el cambio. Las banderas que él explica como símbolo de lucha, se han considerado como la invitación a una confrontación radical, un llamado que resuena en los laberintos de la memoria colectiva de gran parte de un país que por momentos, parece destinado a despertar los sentimientos de igualdad que proponía el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y que sus adversarios llevaron al país a la más trágica violencia de los años 1948 a 1953.

El presidente, al sugerir que el pueblo puede revocar las decisiones del Congreso, incita a una ruptura con las bases mismas de la deliberación política, sustituyendo el debate y el consenso que tiende a deslegitimar las instituciones en lugar de fortalecerlas, como sucedió en 1991, que desembocó en una Constituyente que la sustrajeron de los computadores y se reelaboró con apuntes en el hotel Tequendama que fue la génesis de la Constitución que nos rige como un enunciado teórico.

 Los testigos de esos hechos fueron los secretarios de la misma doctores Jacobo Pérez Escobar y Mario Ramírez Arbeláez, que aún están vivos.
La consulta popular si bien se presenta como un mecanismo de poder directo, que permite al pueblo expresarse sin las mediaciones tradicionales del Congreso y de las élites políticas, debe cumplir en su convocatoria con los procedimientos constitucionales y legales ya expuestos, para no caer en un radicalismo que ponga  en evidencia una contradicción fundamental, que la democracia puede subsistir únicamente a través de la imposición de una voluntad popular que prescinda de las reglas del juego institucional. 

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La política no puede reducirse a un plebiscito constante, porque la democracia se convierte en un proceso frágil, susceptible de ser capturado por intereses momentáneos de líderes políticos que van y vienen y polarizan la opinión sin construir consensos que permitan el entendimiento, sino a través de la fuerza y la dominación que se ha puesto de moda en algunas naciones.

La denuncia de Petro sobre la desconexión del Congreso con las necesidades del pueblo es válida, pero el modo en que plantea su solución, apelando a un pueblo que debe tomar las riendas de su destino sin las mediaciones del sistema legal, no es sólo una propuesta, sino una amenaza al propio entramado democrático que ha permitido que Colombia, a pesar de sus fallas, se mantenga como una democracia.

La política del presidente Petro se nutre de la frustración de un pueblo que se siente excluido de las decisiones y de la atención de sus necesidades por unos gobiernos indolentes y corruptos,  que han sido privatizadores e inertes ante sus demandas como fueron los de Andrés Pastrana, Belisario, Cesar Gaviria, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, el discurso de Gustavo Petro se enfrenta a un dilema más grande y es, hasta qué punto el uso de símbolos políticos e históricos puede justificar una lucha constante que termine por eliminar el concepto mismo de libertad.

La libertad, en esta forma de expresión, se presenta no como un espacio de diálogo y reconciliación, sino como una confrontación donde las instituciones pierden su capacidad de mediar, y el pueblo, en lugar de ser representado, se convierte en un actor que amenaza con destruir aquello que debería proteger, e igualmente las Fuerzas Militares, no podría poner orden en un conflicto generado por su comandante que es el jefe de gobierno, en el evento que se llegare a desbordar la protesta social.

Petro sabe que, en la memoria de muchos colombianos de clase media, la lucha por la libertad real y la igualdad siguen siendo una necesidad que sabe explotar porque el individuo vive de esperanzas y él mismo pertenece a esa clase. Pero al recurrir a las imágenes de la confrontación, al evocar los fantasmas del pasado, corre el riesgo de sumir al país en un estado de parálisis política, donde las viejas heridas se reabran y las posibilidades de un futuro mejor se vean oscurecidas por el miedo y la desconfianza.

La consulta popular es un instrumento legal una opción filosófica y ética sobre el destino de la democracia colombiana que está regulada por precisas normas legales. Pero, si la democracia se reduce al simple ejercicio de la voluntad popular, sin el contrapeso de las instituciones y el respeto por el proceso legislativo, se corre el riesgo de que la política se convierta en un juego de sus instituciones, donde la victoria de un grupo signifique la derrota de otro. En un país profundamente dividido y polarización que puede generar más tensiones y conflictos, sin ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales que enfrenta la nación.

El desafío del presidente Gustavo Petro no es solo conseguir la reforma laboral, sino transformar el sistema político de Colombia no de cuatro años, sino más. Pero no debe proponer apelar a la confrontación popular, porque podría llevar al país a un problema social de grandes dimensiones, donde la democracia, en lugar de ser una conquista colectiva, se transforma en un terreno de lucha sin fin, de cuántos somos y cuántos quedamos, como víctimas y perdedores en ambos lados que lesionan la democracia, que algunos la consideran formal, pero es el sistema político menos imperfecto y el que hemos acogido desde que existimos como nación y que debemos proteger. 

El camino no debe ser la murmuración y el odio atizado por los medios de comunicación y las redes sociales, sino el entendimiento entre los sectores de oposición y el gobierno que desea un cambio de las condiciones mínimas de subsistencia que el país reclama, pero para ello, deben ambos situarse en el plano de la realidad social y la legalidad para el bien de los ciudadanos.