Por Pedro Luis Zambrano Cárdenas

Este fenómeno, que no es nuevo, ha sido y sigue siendo ampliamente discutido y seguiremos escuchándolo en boca de expertos; en arrumes de libros tratando el tema, sin que tales manifestaciones detengan en lo mínimo este mal que, a juzgar por Colombia, llega a niveles dramáticos.

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Sería de no preocuparse, si no fuera porque sus efectos acumulados llegan a comprometer el crecimiento económico, la confianza en las instituciones, la calidad de los servicios públicos, la sostenibilidad fiscal y el presente y futuro de las nuevas generaciones.

Y, si hay dudas sobre lo dicho, basta mirar el ejemplo de Argentina, que hace casi 50 años fue sujeto de dictaduras que endeudaron y malversaron voluminosos recursos del crédito mundial y, no han podido recuperarse de sus consecuencias, siendo una víctima principal, la clase popular de menores ingresos.

Desde una perspectiva histórica, diversos investigadores han señalado que las prácticas de favoritismo, patronazgo y utilización privada del poder público no desaparecieron con nuestra independencia. Por el contrario, durante la construcción de la República surgieron y se consolidaron redes políticas y económicas que, en distintos momentos favorecieron el clientelismo, el intercambio de favores y la utilización del Estado como instrumento para beneficiar intereses particulares. Estas prácticas se intensificaron con el tiempo y adquirieron nuevas formas conforme crecían el aparato estatal, la contratación pública y la complejidad de la economía.

En los primeros años de la república, una gran parte de la población vivía al margen de las decisiones estatales y tenía escasas posibilidades materiales de participar en grandes actos de corrupción; además, sucedía que la influencia de valores religiosos y comunitarios, incidían como referente ético para amplios sectores sociales, haciendo que gran parte de la gente del común tuviera actuaciones caracterizadas por la rectitud en su accionar.

Sin embargo, con la desmitificación de la autoridad religiosa y el derrumbe de los valores cívicos y colectivos, producto en parte, del mal ejemplo recibido de las élites políticas y empresariales; la mayoría absoluta de los colombianos terminó aceptando la corrupción, como un hecho tolerable y normal en la vida del país; razón histórica, por la cual, los grandes robos de recursos públicos, hace tiempo dejaron de verse como actuaciones inaceptables y pasaron a ser una especie de mal necesario.

Es decir, que la nuestra es una sociedad, que, en su mayoría se hizo anuente con la corrupción y esta es una razón fundamental para que este lastre, por ahora, sea imparable y los torcidos sean cada vez más grandes, ya que consentimos como válida tan ominosa cultura.

Lo expuesto nos aclara por qué nunca son suficientes ni eficientes las medidas de incrementos de penas para funcionarios venales, ni los estatutos disciplinarios para servidores públicos, ni las constantes reformas a las normas de contratación estatal, para evitar el cúmulo de irregularidades que, en esta materia ocurren todos los días en el país. Se sabe que todas esas normas incrementando la severidad de las penas; simplemente son burladas con marrullas, como que, los organismos de control y vigilancia engavetan los procesos; las partes acusadas utilizan estratagemas, aplazamientos de audiencias y actuaciones procesales, hasta lograr que, en su mayoría, los casos prescriban.

Se desechan en otras ocasiones, pruebas y testigos, que pueden establecer la verdad de los ilícitos de los corruptos o, se acude a la aceptación negociada por parte de los acusados con la justicia, de una mínima parte de los delitos indilgados, para recibir al final penas irrisorias; luego de las cuales salen a disfrutar los frutos de sus torcidos. En todos estos casos, los corruptos salen campantes sin que la ciudadanía les aplique ninguna sanción social y, más bien, llegan a convertirlos en especies de héroes.

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Así es como queda claro, que lo de incrementar penas y producir nuevas normas contra la corrupción, no es suficiente; porque en esencia lo que se requiere, principalmente (sin detrimento de que se produzcan leyes, normas y reglamentos), es establecer una nueva cultura que socialmente repruebe la corrupción y genere una contracultura de la honestidad, en contraposición a la sesgada visión de una sociedad cohonestando con tan grave flagelo.

Finalmente, debe quedar claro que un gran acelerador de la corrupción es sin duda alguna, el sistema capitalista neoliberal; que ha exacerbado la codicia de riqueza por parte de las élites que manejan los sistemas políticos y productivos; que cada día incrementan los tongos y las componendas, dejando los programas sociales sin recursos y; lo más lamentable, en su absoluta mayoría esos delitos quedan impunes y rodeados de una lamentable indiferencia social.