Por Felipe Ferro

Antes de entrar en la discusión, vale la pena explicar qué es la CREG y por qué sus decisiones importan tanto. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la entidad encargada de regular los servicios de energía eléctrica, gas combustible y otros sectores bajo su competencia en Colombia. Entre sus funciones está establecer reglas que inciden en la prestación de estos servicios y en la forma como se determinan algunos de los costos que finalmente pagan los usuarios.

Es decir, aunque para muchos colombianos la CREG pueda parecer una entidad técnica y distante, sus decisiones pueden terminar teniendo efectos muy concretos en el bolsillo de millones de familias. Y precisamente por eso, cuando adopta medidas que pueden aumentar lo que pagan los ciudadanos por la energía, la discusión no puede quedarse únicamente en fórmulas, porcentajes o argumentos técnicos. También tiene que hablarse de equidad.

Quiero hablar claro sobre la decisión de la CREG de establecer cobros adicionales para quienes superen determinados niveles de consumo de energía. Nos dicen que es una medida técnica para incentivar el ahorro. Pero una regla puede ser igual en el papel y profundamente desigual en la vida real.

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Para una familia con recursos, pagar más por consumir más puede ser una molestia. Para una familia pobre, puede significar escoger entre mantener fresca su casa, conservar los alimentos o pagar la factura. Por eso, la pregunta no es solamente cuánto consume una familia. La pregunta es quién puede darse el lujo de consumir menos y quién no.

Si estamos frente a una crisis energética, el sacrificio debe ser compartido. Una familia no decide cómo se planifica el sistema eléctrico. Un tendero no construye las redes. Un pequeño comerciante no define la política energética del país. Sin embargo, cuando llegan las dificultades, la respuesta parece ser siempre la misma: consuma menos o pague más.

Eso no es suficiente.

En ciudades como Ibagué sabemos que una factura más alta no es una cifra estadística. Es menos dinero para el mercado, el transporte, la educación o las necesidades básicas. Y en regiones donde el clima exige mayores niveles de consumo, tratar de la misma manera realidades distintas termina castigando precisamente a quienes menos capacidad tienen para soportarlo.

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La equidad también debe entrar en la ecuación.

El Estado debe hacer mucho más que cobrar. Debe planificar, invertir, fortalecer las redes, diversificar las fuentes de generación y acelerar alternativas como la energía solar. Y, sobre todo, debe proteger a quienes menos tienen.

Porque cuando llega una crisis, siempre resulta fácil pedirle sacrificios al ciudadano común. Lo difícil es asumir las responsabilidades que están detrás de la crisis.

Los pobres no pueden convertirse en la variable de ajuste de un problema que no crearon.

Si necesitamos ahorrar energía, ahorremos. Si necesitamos sacrificios, hagámoslos. Pero que sean justos, proporcionales y compartidos.

Los alcaldes y gobernadores también tienen que hablar. No pueden esperar a que lleguen las facturas para reaccionar. Tienen que defender a sus comunidades y exigir que cualquier política energética considere la realidad económica y climática de cada territorio.

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Y a la CREG hay que decirle algo sencillo: no conviertan la pobreza en una razón para cobrar más. Conviértanla en una razón para proteger más.

Si la medida es necesaria, expliquen por qué. Demuestren que es proporcional y garanticen que los hogares vulnerables no terminen pagando el precio más alto.

Porque gobernar una crisis no significa trasladarla al ciudadano. Significa asumirla.

Colombia necesita ahorro y eficiencia, sí. Pero también necesita justicia.

Porque cuando una crisis golpea a todos, pero el mayor costo termina sobre los hombros de quienes menos tienen, no están distribuyendo responsabilidades: están distribuyendo desigualdad.