Por: Oscar Augusto Sotomayor Uribe

*Abogado · Oficial retirado del Ejército Nacional (RVA) · Formación avanzada en Derecho Ambiental.

Hay momentos en que una región necesita celebrar sus fortalezas. Chaparral tiene hoy razones para hacerlo. La Feria Internacional del Café se realizó con total éxito llega en medio de incendios forestales y de la presencia de estructuras armadas ilegales que mantienen en vilo a comunidades del sur del Tolima. En ese contexto, producir, vender, atraer visitantes y mostrar que el departamento sigue de pie es mucho más que una actividad comercial: es una señal de resistencia.

El café tolimense merece respaldo. No es una promesa: es una realidad productiva. El Tolima ocupa el tercer lugar nacional, con 61.689 familias caficultoras y 107.009 hectáreas cultivadas, según la Federación Nacional de Cafeteros (Federación Nacional de Cafeteros, s. f.).

Pero precisamente porque el café es tan importante debemos formular una pregunta incómoda: ¿Puede el café, por sí solo, sacar adelante al Tolima? Mi respuesta es no.

No porque el café sea insuficiente, sino porque el Tolima es demasiado grande y diverso para depender de una sola locomotora.

Amartya Sen plantea que el desarrollo debe entenderse como expansión de las libertades y capacidades reales de las personas, y no simplemente como acumulación de riqueza (Sen, 1999). Esa perspectiva debería interpelarnos: ¿de qué sirve celebrar cifras productivas si un joven debe abandonar su municipio para encontrar empleo, si un campesino no puede sacar su cosecha o si un artista no puede vivir de su talento?

El Tolima tiene 47 municipios. No todos pueden depender de la misma actividad.

Algunas vocaciones agropecuarias tradicionales han perdido peso. Arroz, sorgo y algodón ya no ocupan el lugar que tuvieron. Paralelamente, distintas áreas han cambiado de uso y, particularmente en Ibagué, la expansión inmobiliaria ha avanzado con una presión que obliga a preguntarnos si la infraestructura vial, los servicios públicos y la seguridad hídrica están creciendo al mismo ritmo.

La pregunta ya no es solamente cuánto café producimos. La pregunta es qué estamos haciendo con nuestro territorio.

¿Estamos construyendo ciudad?

Ibagué crece. Se levantan torres, se densifican sectores y se anuncian nuevos proyectos comerciales. Pero conviene decirlo sin rodeos:

Un centro comercial no reemplaza una vía; una torre de apartamentos no construye ciudad.

Mientras se celebran nuevas edificaciones, los ciudadanos siguen soportando corredores congestionados, intersecciones saturadas y desplazamientos que consumen tiempo y calidad de vida. Cuando las vías existentes dejan de responder, ampliar la infraestructura no puede considerarse un lujo: forma parte de la responsabilidad pública de ordenar el territorio.

Jane Jacobs cuestionó los modelos urbanos que olvidan la complejidad de la vida cotidiana y sacrifican la diversidad y funcionalidad de la ciudad en nombre de una planificación distante de sus habitantes (Jacobs, 1961).

En Colombia, esto tampoco es únicamente una discusión urbanística. Es una obligación jurídica. El artículo 311 de la Constitución atribuye al municipio la función de ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso local. La Ley 388 de 1997, a su vez, concibe el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento básico para orientar el desarrollo físico del territorio y regular sus usos, articulando las dimensiones económicas, sociales, urbanísticas y ambientales.

Por eso el POT no puede dormir en un archivo administrativo. No podemos seguir construyendo ciudades del futuro con infraestructura del pasado.

Cuando las vías existentes resultan insuficientes, tampoco puede descartarse, por razones meramente políticas, la utilización de los instrumentos jurídicos de gestión del suelo y adquisición predial que contempla el ordenamiento, incluida la expropiación cuando legalmente proceda y se cumplan las garantías constitucionales.

Tampoco podemos reducir la crisis urbana a poner agentes de tránsito en las calles. La autoridad debe prevenir, organizar y facilitar la movilidad, especialmente cuando los principales corredores colapsan, y ejercer los controles con criterios objetivos, transparentes y verificables.

Pero Ibagué enfrenta problemas que van más allá del tráfico: inseguridad, microtráfico, personas en condición de calle y abandono de perros y gatos. Son realidades distintas, pero todas reclaman capacidad institucional, prevención y políticas públicas permanentes.

Una ciudad también se mide por la manera como enfrenta aquello que preferiría no mirar. Cuando la riqueza ilegal destruye el territorio

El problema tampoco termina en Ibagué. En el sur del Tolima existe otra amenaza: la minería ilegal vinculada a economías ilícitas.

El Ejército Nacional informó que en marzo de 2026 fueron intervenidas tres unidades de producción minera en zona rural de Chaparral que, según la información oficial, estarían relacionadas con una estructura armada. La operación representó una afectación estimada en aproximadamente $1.500 millones a esas economías ilícitas (Ejército Nacional de Colombia, 2026).

La situación también ha sido reportada en Ataco, donde las autoridades han advertido sobre explotación minera ilegal y afectaciones ambientales asociadas a estas actividades.

Aquí aparece una contradicción que no podemos ignorar: queremos posicionar un café de calidad en los mercados nacionales e internacionales mientras actividades ilegales deterioran los recursos naturales de los que dependen la agricultura, el turismo y la vida rural.

La Constitución no deja este asunto a la voluntad política. El artículo 79 reconoce el derecho colectivo a un ambiente sano y el artículo 80 ordena al Estado planificar el manejo de los recursos naturales, prevenir su deterioro y exigir la reparación de los daños causados (Constitución Política de Colombia, 1991).

Elinor Ostrom mostró que la protección de los recursos de uso común depende de instituciones capaces de establecer reglas, vigilancia y mecanismos colectivos de gestión (Ostrom, 1990).

No existe desarrollo sostenible cuando una economía destruye las bases naturales de otra.

Combatir la minería ilegal exige seguridad, control territorial, protección ambiental, justicia y, cuando jurídicamente resulte viable, alternativas económicas legales para las comunidades.

Un Tolima de 47 municipios

Durante mi campaña a la Cámara de Representantes propuse dos iniciativas: La Ruta Tolima y La Carpa Tolima. La primera parte de una idea sencilla: los 47 municipios tienen algo que contar. Historia, leyendas, gastronomía, música, fiestas, arquitectura, personajes, paisajes y patrimonio pueden convertirse en una verdadera red turística departamental.

La propuesta plantea vincular jóvenes como guías turísticos y guardianes de la tradición y la memoria local, apoyando también el cuidado de los espacios turísticos. Pero con una condición fundamental: ese trabajo debe ser remunerado.

Durante el día, empleo; durante la noche, formación técnica o tecnológica mediante universidades, instituciones educativas o cajas de compensación.

Trabajo y educación. Ingreso y formación. Patrimonio y futuro.

Eso es convertir el turismo en política de desarrollo territorial.

La segunda propuesta, La Carpa Tolima, plantea un escenario cultural permanente, bajo un modelo de economía mixta, para música, danza, folclor, gastronomía, arte y creación; un espacio donde el talento del Conservatorio del Tolima, la EFAC, la Universidad del Tolima y los 47 municipios pueda presentarse profesionalmente y recibir remuneración digna. La cultura también produce.

La Ruta Tolima llevaría visitantes a los municipios.

La Carpa Tolima llevaría los municipios a Ibagué y su talento a Colombia y al mundo.

Que las próximas campañas hablen de soluciones.

El DANE reportó una tasa de desocupación de 10,8 % para el Tolima en 2025, frente al 12,0 % de 2024 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2026). La cifra mejoró, pero sigue siendo una razón suficiente para exigir políticas de empleo territorial.

Por eso, quienes aspiren a la Gobernación, las alcaldías, los concejos y la Asamblea deberían responder con metas, presupuesto, cronogramas e indicadores:

¿Cómo recuperaremos la productividad rural?
¿Cómo protegeremos el suelo y las fuentes hídricas?
¿Cómo enfrentaremos la minería ilegal y las economías ilícitas?
¿Cómo conectaremos realmente los 47 municipios?
¿Cómo convertiremos turismo y cultura en empleo?
¿Cómo ordenaremos el crecimiento de Ibagué?

Joseph Stiglitz ha advertido que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo igualdad de oportunidades y que las instituciones y las decisiones públicas pueden profundizar o reducir las desigualdades (Stiglitz, 2012). Esa advertencia sirve también para el Tolima:

Crecer no basta; hay que preguntarse quiénes se benefician, dónde y con qué oportunidades. Los problemas permanecen, aunque cambien los candidatos. 

Por eso las buenas ideas no deberían morir porque fueron pronunciadas por quien perdió una elección.

El desarrollo no pertenece a un partido, a un gobierno ni a un candidato. Pertenece a los ciudadanos. El Tolima no necesita una sola locomotora. Necesita poner en marcha los 47 municipios.

El café puede ser una. También la agroindustria, el turismo, la cultura, la educación, la tecnología, la seguridad y una infraestructura capaz de conectar el territorio. El verdadero desafío no es producir solamente más café. Es producir más oportunidades. Porque un departamento no se desarrolla cuando organiza una gran feria.

Se desarrolla cuando un joven puede construir su futuro en su municipio, cuando un campesino puede vivir dignamente de su tierra, cuando un artista puede vivir de su talento, cuando se protege el territorio frente a la minería ilegal y cuando los 47 municipios dejan de ser realidades aisladas para convertirse en un solo proyecto de departamento. 
Ese es el Tolima que necesitamos: uno que no venda su futuro por metros cuadrados, que no abandone su campo, que no permita que las economías ilegales destruyan sus recursos y que no confunda una feria con desarrollo.

Un Tolima que, finalmente, ponga a producir todo lo que tiene.

Referencias
Constitución Política de Colombia. (1991).
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): 2025. DANE.
Ejército Nacional de Colombia. (2026, 6 de marzo). Golpe a la minería ilegal en Chaparral, Tolima.
Federación Nacional de Cafeteros. (s. f.). ¿Quiénes somos? Comité de Cafeteros del Tolima.
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. Random House.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. W. W. Norton & Company.