Por Guillermo Pérez Flórez

El asesinato de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, y de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, ambos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), mientras dormían en una mansión en Riohacha, abre un debate sobre la forma más adecuada de combatir al crimen organizado, y una cuestión de fondo: la gobernanza territorial.

Sea lo primero recordar que la pena de muerte está prohibida por la Constitución en su artículo 11, cuando dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Pero esta es una más de nuestras ficciones jurídicas, pues la pena de muerte se aplica a casi diario por delincuentes de todos los pelambres. Lo grave es que también se hace desde el Estado, y eso atenta contra su legitimidad, que no descansa en el poder militar ni en la crueldad sino en el poder moral.

William Ospina, en su columna del pasado domingo, “¿Repitiendo un fracaso?”, nos recordaba que cuando él era niño el ejército tenía la costumbre de exhibir cadáveres tras los operativos contra “Desquite”, “Tarzán” o “Sangrenegra”. Y es verdad. Esa realidad la vivimos en el Tolima, una de las regiones más azotadas por la Violencia. Los casos que cita no son los únicos; el listado es largo, habría que incluir a “Chispas”, entre muchos otros.

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William tiene razón: no hay nada nuevo en lo que hace De la Espriella. Cualquiera que haya tomado interés por lo que fue la Violencia liberal-conservadora sabe cuán despiadada y sangrienta fue, y cómo se construyó la paz: no sobre la base de la justicia, la modernización del país y el fortalecimiento de las instituciones democráticas; fue sobre un pacto de impunidad y un cerro de cadáveres y millones de víctimas. El resultado es lo que tenemos hoy.  Por la vía de la represión, De la Espriella va a necesitar más de cuatro años.

 Francisco Franco requirió de treinta y seis años para imponer la paz de los sepulcros en España. Pasearse por entre los cadáveres cual emperador romano es comunicativamente eficaz —proyecta una imagen de hombre fuerte y sin misericordia—, pero no lleva a desmovilizar a nadie en un país acostumbrado a la violencia, ni construye seguridad. No hay que engañarse.

En 1954, el general Gustavo Rojas Pinilla, tras ilegalizar al Partido Comunista, declaró como zona de operaciones militares a ocho municipios de la región del Sumapaz y estableció “centros de trabajo”, que eran “corrales al sol y al agua cercados de alambre de púas electrificado”, adonde llevaban a las personas acusadas de ser comunistas. Al año siguiente se produjo el bombardeo a Villarrica (Tolima), donde el Ejército lanzó, con apoyo norteamericano, al menos cincuenta bombas de napalm. Posteriormente, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, vinieron los bombardeos contra las “Repúblicas independientes” en el sur del Tolima. De esas operaciones nacieron las Farc, en Planadas y Rioblanco.

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Uribe y el Arauca vibrador

Las recetas de manu militari se han ensayado varias veces a lo largo de la historia colombiana. Recién posesionado, el presidente Álvaro Uribe (2002) puso en marcha una ofensiva militar en Arauca y se fue a despachar allá, para dirigir personalmente las operaciones. Tras decretar el estado de conmoción interior, declaró Zonas de Rehabilitación y Consolidación y fortaleció siete batallones del Ejército (entrenados por militares norteamericanos) para proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas, por el que circulaban 230.000 barriles de petróleo diarios. Ordenó un confinamiento masivo en Saravena y arrestaron a más de 2.000 personas, sindicadas de rebelión. Al final solo sentenciaron a tres o cuatro. Eso sucedió hace casi 25 años, y ese departamento sigue sin ver progreso, paz, justicia ni democracia. El ELN sigue vivo junto con otras organizaciones ilegales, que viven de las economías ilícitas.

Los gobiernos han oscilado entre la guerra total y los diálogos de paz, negociando el cumplimiento de la ley. Entre esos dos polos se ha movido el péndulo. Lo que estamos viendo hoy es el tránsito de la paz total de Gustavo Petro a la guerra total de Abelardo de la Espriella. Es la historia de siempre. Lo que nunca se ha intentado —o quizás un poco sí, en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)— ha sido fortalecer la democracia local, auspiciar y garantizar la participación ciudadana, construir Estado en las regiones y mejorar la justicia.

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Descentralización y gobernanza territorial

De la Espriella ha hablado de descentralización. Y cuando menciona eso me alegro, y hasta me ilusiono. Sin embargo, a la fecha no ha pasado de anuncios y de acciones simbólicas, como posesionarse en Cali o despachar desde Barranquilla. Y esto, obviamente, puede ser lo que él quiera, menos descentralización. Así, el tema de la gobernanza territorial seguirá en veremos.

Cada vez se profundizarán las desigualdades entre las regiones, y el lugar de nacimiento definirá el destino de millones de personas. Lo sucedido en Riohacha es algo que Escalona inmortalizó en su vallenato “Almirante Padilla”. El Estado allí casi no existe, y cuando los ciudadanos le ven el rostro en esa tierra —donde nace el contrabando— es para imponerse por la fuerza, como Padilla en Puerto López.

Matar a un pobre diablo como ‘Bendito Menor’ es lo que se viene haciendo desde hace décadas, casi dos siglos. Si se hiciera un cementerio virtual con las tumbas de todos los rebeldes, malhechores y bandidos “dados de baja” o “neutralizados” por el Estado, se necesitarían varias gigas.

Desde los tiempos de la Conquista y la Colonia se viene matando gente buena, mala y malísima desde el poder, y casi nada cambia. ¡Qué positivo hubiera sido para el Estado Social de Derecho que, en lugar de matar a Pérez en Riohacha —que no murió en combate—, hubiera sido arrestado, procesado y condenado por sus delitos! Cuando el poder se iguala por lo bajo y desborda sus propios límites, pierde legitimidad. Importante y pertinente la declaración de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre este caso.

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Durante la Conquista y la Colonia, muchas personas fueron dadas de baja por la Corona. La Gaitana en el actual departamento del Huila, pasó a la historia por su resistencia del siglo XVI, tras liderar una rebelión contra el dominio español entre 1539. Tenía un motivo más que legítimo: su hijo fue quemado vivo por orden del conquistador Pedro de Añasco. Benkos Biohó fue un rey africano esclavizado que escapó a finales del siglo XVI y fundó el Palenque de San Basilio. Lideró ataques contra las comisiones españolas que intentaban recapturar esclavos. Para el gobernador de Cartagena era el “malhechor” más buscado, y finalmente fue traicionado y ejecutado en 1621, igual que Galán, el comunero.

Sin establecer equivalencias entre aquellos personajes y un jefe criminal contemporáneo, vale recordar una constante histórica: el poder suele simplificar los conflictos convirtiendo a sus adversarios en enemigos que deben ser eliminados, y eso no significa una solución estable.

De la Espriella estaba ufano con dar de baja a Naín, como si acabara de ganarse la lotería. La verdad es que es una victoria pírrica. Lo demostró el homenaje de despedida que le rindieron el día del funeral en Riohacha, lo cual me hizo recordar el sepelio de Pablo Escobar en Medellín.

Pérez no es el primero ni será el último en caer abatido. Todo parece indicar que la pena de muerte seguirá aplicándose a pesar de que constitucionalmente está prohibida, y que los problemas de gobernanza territorial seguirán aplazándose.