Por: Daniel Lozano Flórez
*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos, profesor universitario.

Desde Platón hasta Aristóteles, la filosofía política clásica nos ha enseñado que un buen gobierno requiere mucho más que el ejercicio de la autoridad legítima: es necesario un gobernante capaz de actuar con sabiduría, fortaleza y prudencia.

• Puede leer: El Congreso que le dio la espalda al cambio social

Estas virtudes no sólo deben estar interiorizadas en quien ocupa una posición de liderazgo y de ejercicio de poder, sino reflejarse en cada decisión que tome. La sabiduría o ‘phronesis’ permite la comprensión de la realidad social, de la justicia y de la condición humana; la fortaleza hace posible la aplicación del conocimiento comprensivo que da la sabiduría y su concreción en la capacidad de gestión, aún en situaciones de riesgo, de presión y de adversidad; y la prudencia, considerada la virtud política por excelencia, permite la articulación de los elementos requeridos para el ejercicio del buen gobierno y la realización de lo posible, sin caer en la inacción o en la temeridad que producen los fanatismos.

En la elección presidencial realizada el pasado 21 de junio los electores identificados con la derecha y de algunos inefables del llamado centro, optaron por votar al candidato De La Espriella, un advenedizo en el ejercicio de la política y de la función pública. A estos electores poco les interesó el perfil de su candidato y su historia de vida, así como que no tuviera un proyecto de sociedad y de país, o que ni siquiera hubiera presentado a la sociedad una propuesta de gobierno debidamente estructurada.

Aunque el elegido fue De La Espriella, pudo haber sido cualquier otro candidato, no les importaba las ideas y calidades intelectuales, técnicas y éticas del candidato opositor al gobierno de Petro, sólo les preocupaba que tuviera la mayor posibilidad de ganar la elección.

La falta de experiencia del entonces candidato en el ejercicio de la función pública y el vacío programático mencionado se subsanó, superficialmente, con el planteamiento engañoso de la “patria milagro”, lo cual, sin temor a equívocos, en materia de resultados de la gestión del gobierno estará por debajo de las expectativas que tienen los electores.

Recordemos que, desde el punto de vista científico, el milagro y los hechos milagrosos se asocian con eventos que tienen origen en variables que desconocemos o que simplemente no controlamos; son eventos cuya probabilidad de ocurrencia es baja, muy cercana a cero. En otras palabras, el milagro no existe, es una ilusión sin relación precisa con la realidad y menos cuando este se asocia con resultados que debe lograr la autoridad gubernamental a través de intervenciones sobre realidades sociales y políticas complejas y diversas, como ocurre con la realidad colombiana.

Sin duda, un elemento de particular importancia que alimenta la incertidumbre sobre el devenir del gobierno entrante son las recientes declaraciones del presidente electo, las cuales han suscitado más inquietudes que confianza y tranquilidad respecto de la orientación que tendrá su futura administración. Sus recurrentes e improvisadas intervenciones, corregidas luego por el vicepresidente electo, han generado más dudas que certezas sobre sus capacidades para conducir la acción gubernamental con la racionalidad, prudencia y sentido de responsabilidad que exige la investidura presidencial, así como de su insuficiente conocimiento del Estado, del gobierno y del sistema de gestión pública.

Además de esto, desde la elección de Misael Pastrana en 1970, no se presentaban dudas sobre la adulteración o manipulación de los resultados de la elección presidencial. Ahora el fantasma del fraude ha vuelto a aparecer y se mantendrá aún después de la decisión de fondo que adopte el Consejo de Estado en las demandas contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró la elección de Abelardo De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030.

Así las cosas, independiente del fallo que emita el máximo organismo de lo contencioso administrativo, la realidad política es que el ejercicio de la autoridad del nuevo gobierno no empieza bien, porque la legitimidad del poder que tendrá, del cual emana su autoridad, estará en duda. Le conviene al gobierno que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral ofrezcan respuestas técnicas a los cuestionamientos técnicos expuestos por la oposición en relación con el fraude.

Todo parece indicar que las debilidades en materia de legitimidad se quieren mitigar con el apoyo de las fuerzas militares y de la burocracia pública, especialmente de la territorial, de ahí, por un lado, la intención inicial de De la Espriella de realizar su posesión en una guarnición militar y la realización de los mal llamados empalmes territoriales, con el fin de construir la agenda de desarrollo local y departamental y, por otro lado, la desestimación del poder político y de la opinión política del Congreso con el argumento de que serán pocas las leyes que se tramitarán. El propósito es claro: reemplazar el apoyo de senadores y representantes por el de alcaldes y gobernadores.

• Lea también: Elección sin ideas y triunfo de las emociones: radiografía de una democracia frágil

Por el bien del país, cabe esperar que el gobierno de De la Espriella actúe con sabiduría, valentía y prudencia. La ausencia de estas virtudes en el ejercicio de la dirección del Estado y del gobierno comprometerá la eficacia de la gestión pública y difícilmente los resultados que logre contribuirán a la profundización y consolidación de la democracia, al cumplimento progresivo de los derechos fundamentales, a la seguridad jurídica e institucional y al cambio social, reclamado por amplios sectores de la sociedad colombiana.