Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos

Profesor universitario

El pasado 8 de septiembre el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, en una intervención ante las comisiones económicas de Senado y Cámara, afirmó que el término campesino es despectivo y agregó que a quienes hacen parte de este grupo de población, aproximadamente 15 millones de personas, se les llame pequeños empresarios del campo. 

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El errático argumento que fundamenta el planteamiento del ministro es una supuesta solidaridad gubernamental con quienes producen los alimentos que a diario consumimos los colombianos, con el fin de mejorarles el estatus que la sociedad les ha otorgado. Sin duda, esta decisión le quita al campesino la importancia que tiene como actor fundamental de la sociedad, lo deja sin el estatus que ha adquirido y no lo dignifica. 

Antes de avanzar, conviene recordar que el lugar que hoy ocupa el campesino en la estructura social colombiana no es resultado de una decisión gubernamental incorporada al ordenamiento jurídico e institucional a través de políticas públicas o de actos administrativos. Por el contrario, se trata de una posición construida en un largo proceso de desarrollo de la sociedad, que institucionalizó un conjunto de normas, valores y prácticas culturales con base en lo cual se instituyó el estatus que hoy tiene el campesinado y se establecieron los roles y responsabilidades que este grupo de población atiende en el medio rural donde habita. 

Si examinamos con detenimiento el planteamiento hecho por el ministro, salta a la vista que la percepción que tiene del campesino es de menosprecio. Su posición permite inferir que otorga poca relevancia a elementos sustanciales del ser campesino, como pueden ser su cultura y saberes propios, la racionalidad económica que lo caracteriza, sus formas de organización y de acción, las cuales, a lo largo de la historia, le han permitido participar en diferentes procesos sociales y desarrollar formas de resistencia cuando le ha tocado afrontar situaciones adversas. Quizás el desprecio y el poco valor otorgado a estos elementos, seguramente, lo conduce a considerar la categoría de campesino como despectiva.

Vale la pena recordar que la sociología nos ha enseñado que estatus y rol son dos caras de la misma moneda, constituyen una unidad: el primero define la posición que una persona o grupo ocupa dentro de la estructura de la sociedad, mientras el segundo establece las pautas de comportamiento asociadas a dicha posición. El reconocimiento o la transformación del estatus de un grupo social no depende de la voluntad de una autoridad gubernamental, por poderosa que esta sea. Tampoco emerge por decreto ni puede modificarse por disposiciones gubernamentales. La realidad social es más compleja de lo que cree el ministro de Agricultura.

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP, 2018), suscrita por Colombia, y el artículo 64 de nuestra Constitución Política, reconocen a los campesinos como sujetos de un amplio catálogo de derechos, entre los cuales están: el derecho a la tierra y a los recursos naturales, a la alimentación y soberanía alimentaria, al agua, a un medio ambiente sano, a la participación en las políticas que afectan la vida rural, y a unas condiciones de vida dignas en el campo. Si al gobierno nacional le interesa mejorar la dignidad de los campesinos sólo debe convertir en política agraria estos derechos de los campesinos, a cuyo cumplimiento se ha comprometido el Estado colombiano y, desde luego, asignarle recursos suficientes. 

La pretensión del ministro de cambiar la denominación de campesino por la de pequeño empresario del campo es equivocada, entre otras cosas, porque nuestros campesinos no son empresarios, ni la sociedad los reconoce como tal, no les ha otorgado ese estatus y, además, porque sólo tiene en cuenta su condición de trabajador en el medio rural. Suprimir el concepto de campesino del leguaje institucional, gubernamental y de la política agraria, implica quitarle al campesinado una buena parte de sus derechos e identidad social e histórica y desconocer normas constitucionales y compromisos internacionales suscritos por Colombia.  

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La eliminación de la categoría de campesino no hace ningún aporte al mejoramiento del estatus y a la dignidad que hoy tiene el campesinado. En contraste con esta postura, más bien se puede afirmar que lo invisibiliza y le afecta su desarrollo cultural, la relación que tradicionalmente ha establecido con la tierra y el medio ambiente, la salud y la educación rural, la participación, la asistencia técnica y la extensión agropecuaria, entre otras variables que intervienen en su proceso de desarrollo social y económico. 

Ministro: así no se dignifica al campesino, por el contrario, se le deshonra.