Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos,

Profesor universitario

En un régimen político democrático la elección del presidente de la República debe ser el resultado de las decisiones informadas de cada ciudadano sobre las propuestas presentadas por candidatas, candidatos y organizaciones políticas que aspiran a la dirección del gobierno nacional, con el fin de gestionar un proyecto de país y de sociedad. 

En la democracia esta decisión debe estar orientada por los valores e ideales de cada persona. Cuando en lugar de esto, la decisión de los ciudadanos la determinan las emociones de odio, ira, los símbolos y el lenguaje agresivos que producen miedo e indignación, y el tráfico de votos, el derecho a elegir pierde importancia, la sociedad se percibe como enferma y la democracia se convierte en un sistema político y de gobierno frágil y vulnerable. 

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La campaña para la elección de presidente de la República de Colombia realizada el 21 de junio en medio de una polarización sin antecedentes en la historia electoral reciente, evidenció la irrelevancia de las propuestas e ideas de los candidatos sobre su proyecto de país y las formas de gestionarlo desde la dirección del Estado.

En la campaña presidencial los programas de gobierno estuvieron ausentes, ni siquiera fueron exigidos por la Registraduría a los candidatos cuando inscribieron su candidatura, tampoco hubo debates y, además, la sociedad poco los requirió.   

A De la Espriella, un candidato de perfil populista y sin formación como estadista, lo favoreció la simplicidad del discurso que predominó en su campaña. En una sociedad caracterizada por una cultura política precaria, el slogan “Firmes por la patria” fue suficiente para movilizar una parte de los electores, sin que estos tuvieran cabal compresión del alcance de planteamientos como la “patria milagro”; la necesidad de un liderazgo caudillista, investido de atributos mesiánicos; la identificación de unos actores como responsables del fracaso de la gestión gubernamental; el ejercicio del gobierno, supuestamente, con quienes nunca han vivido del Estado; y tratar al contradictor como enemigo, incluso, hasta llegar a destriparlo.

Este discurso, considerado por algunos como fascista porque reúne los elementos estructurantes de esta ideología política, también evidencia que vivimos en una sociedad anómica, en la cual predomina la degradación de las normas sociales.

Así las cosas, es imposible que una parte de los integrantes de una sociedad anómica, de acuerdo con sus ideas y valores, haga un discernimiento para decidir su voto. Precisamente, por esta razón un considerable número de electores tomó su decisión con base en emociones negativas, sin otorgarle importancia a los planteamientos de los candidatos para la organización y gestión del gobierno nacional y, más aún, sin hacer reconocimiento de los resultados que ha logrado el gobierno que preside Gustavo Petro en materia de dignificación de la vida humana, del cuidado del medio ambiente y de los demás logros positivos que ha tenido esta administración, reconocidos en diferentes escenarios nacionales e internacionales, así como por importantes sectores sociales y económicos de la sociedad colombiana.  

Bajo estas circunstancias, la democracia ha quedado maltrecha, se percibe frágil y vulnerable: cada vez se nota más cerca la desaparición de los partidos políticos tradicionales y de derecha, no tienen líderes nacionales reconocidos por la sociedad; en municipios y departamentos estos partidos quedaron reducidos a microempresas electorales, alimentadas por la corrupción y el clientelismo, por eso, entre otros asuntos, al candidato De la Espriella le fue fácil hacer el canje de votos de feligreses de las iglesias cristianas o evangélicas -sectas orientadas por pastores con casi nula formación teológica- por derechos de las minorías étnicas, sexuales y de algunas reivindicaciones de las mujeres. 

En este contexto, las organizaciones políticas que representan a la otra mitad de los electores, identificadas con las ideas de izquierda, progresistas y del liberalismo radical tienen el reto de evitar que con el nuevo gobierno se presente un retroceso en materia de derechos y libertades y, además, de trabajar en la movilización del electorado, sobre todo de los jóvenes, para que estas ideas triunfen en las elecciones regionales y locales de 2027.

Finalmente, es posible avizorar que ha llegado el fin de las campañas electorales y de elecciones presidenciales orientadas por programas y planteamientos sensatos, en las cuales se imponga el respeto, la tolerancia y la construcción de acuerdos nacionales. Esta es otra evidencia más de la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra democracia.

Entre tanto, tengo dudas sobre el anuncio del inicio de una nueva era, sin politiquería y con extrema coherencia para la construcción de la denominada patria milagro. Amanecerá y veremos.