Opinión
El Congreso que le dio la espalda al cambio social
Por: Daniel Lozano Flórez
Sociólogo, Magíster en Educación y Doctor en Estudios Políticos. Profesor universitario.
Concluye el período de sesiones del Congreso de la República de Colombia, elegido para el período 2022–2026. Para muchos ciudadanos, las mayorías de este Congreso serán recordadas por haber bloqueado y negado la aprobación de iniciativas de reforma social y de leyes que buscaban la generación de mejores condiciones para el cumplimiento de derechos, la reducción de desigualdades sociales y la construcción de mejores oportunidades para la población que se encuentra afectada por situaciones de vulnerabilidad y condiciones de pobreza.
Gran parte de las iniciativas de cambio propuestas por el gobierno nacional encontraron su principal obstáculo en el Congreso. Durante el tránsito por las comisiones y plenarias de la Cámara y del Senado, se afectó el trámite legislativo de proyectos de ley y se privó de sus beneficios a la ciudadanía y a quienes más necesitan del apoyo de las instituciones del Estado y del gobierno.
El país no puede olvidar las iniciativas de ley que se quedaron en el camino y a quienes impidieron su aprobación. Entre estas iniciativas se encuentran la reforma a la salud, la ley de financiamiento del Estado, la no aprobación de la ley de creación del Ministerio de Igualdad y Equidad y la negación de la mesada catorce a los docentes pensionados, así como de la mayor parte de los proyectos que buscaban la introducción de cambios en la gestión ambiental y en el manejo de la actual crisis climática.
Además de esto, el Congreso no aprobó otros proyectos de ley que, por un lado, instituían la jurisdicción agraria, y la regulación del uso del cannabis por los adultos, y, por otro, institucionalizaban la reforma política y electoral, la reforma a las corporaciones autónomas regionales, y la reforma a la Ley que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Detrás de este preocupante balance legislativo se encuentran factores como el bloqueo sistemático en el Congreso de las iniciativas legislativas presentadas por el gobierno nacional, en especial de aquellas que buscaban la construcción de un país más justo, equitativo e incluyente, la influencia de grupos de poder y el cálculo electoral permanente. Pero quizá lo más preocupante es que, reiteradamente, a lo largo de los procesos electorales realizados en las últimas tres décadas, entre los elegidos para el ejercicio de la representación de los ciudadanos en el Congreso de la República, cada vez son más escasos los líderes nacionales y los congresistas dotados del talento y las capacidades intelectuales para legislar y ejercer el control político.
Si bien, algunos de ellos se destacan por su elocuencia y habilidades en el manejo de las relaciones de poder que convergen, sobre todo, en momentos cruciales del desarrollo de la actividad legislativa, la gran mayoría no posee la formación académica y técnica suficiente, que les proporcione un conocimiento comprensivo de los problemas nacionales y de la institucionalidad que hemos construido, hecho que los limita para discutir y argumentar con rigor las alternativas de política pública y las estrategias de mediano y largo plazo de mayor conveniencia para la intervención y resolución de estos problemas.
Es evidente el enanismo intelectual de nuestros legisladores y el incremento en la sociedad del desprestigio de los congresistas y del Congreso como institución: tienen más habilidades que sabiduría.
Hoy en día, cuando se hacen balances y se rinden cuentas, interesa destacar el legado del actual Congreso: una oportunidad desaprovechada para el desarrollo del proceso de cambio social por el cual votamos un poco más de once millones de colombianos en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2022 y un malestar social relacionado con el desencanto y la frustración ciudadana producido por la falta de materialización de las expectativas de cambio.
Este balance, en no pocos casos, ha llevado al incremento del desprestigio acumulado que tiene la corporación legislativa y a la profundización de la desconfianza ciudadana en el Congreso de la República, así como a la pérdida de la esperanza entre la población, especialmente la integrada por los jóvenes, sobre las posibilidades reales que tenemos en Colombia de avanzar en la construcción de una sociedad pacífica, más igualitaria y equitativa; de un capitalismo moderno, que sea justo, sostenible, competitivo e incluyente; y de un régimen político sustentado en una democracia auténtica y consolidada, que haga realidad el Estado Social de Derecho.
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