Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho

La justicia es el sentimiento de rectitud consagrado en las leyes para garantizar la equidad entre los individuos. Además de ser una virtud sobre la cual gira la vida moral de las personas, es un derecho que regula las acciones humanas.

La conducta las personas requiere de la justicia que evita la transgresión de los derechos propios y ajenos, y cuando no se aplica, se violan los sentimientos y los valores humanos para la convivencia de la sociedad para convertirse en un acto arbitrario e injusto.

La justicia también es dar a cada uno lo que corresponde como lo dicen las religiones, que la consideran una relación de Dios con los hombres. La justicia cuando adecúa la ley a las acciones humanas, los principios jurídicos se vuelven constantes, pierden su valor abstracto para convertirse en normas concretas que regulan la conducta.

Con el cambio de las costumbres de la sociedad que algunas veces invierte los valores, por el afán del dinero, la apariencia y el consumo, surgen conductas que van contra el ordenamiento jurídico que requieren de la justicia, pero casi todo el mundo reconoce que el castigo es ineficaz para conseguir que esa conducta sea menos probable en el futuro, lo que hace indispensable la necesidad de informar a los individuos de las consecuencias de los delitos para evitar los mandatarios al estilo Bukele.

El filósofo Jhon Bordely, en su obra Teoría de la Justicia dice que: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento”.

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Con ello se reafirma, que la justicia no puede tener ventajas amenazadoras contra los derechos humanos, como el poder político avasallador que permite a algunas personas obtener más de lo justo y quienes administran la ley, cometer abusos fundamentados en la política, como una de las perversiones de quienes se encargan de aplicar las leyes.

La justicia debe estar exenta de motivaciones políticas de lo contrario, pierde su razón de ser en su aplicación para convertirse en un interés y volver el derecho una rama de la economía.

En el sistema presidencialista que siguió a las grandes revoluciones, se adoptó el sistema de separación de poderes y se consideró al poder judicial como independiente de los demás poderes del Estado.

Sin embargo, ese poder, está autorizado mediante el control de las leyes, para declararlas inconstitucionales, que está bien si no fuera porque algunas decisiones rayan con lo injusto, como el caso de las facultades extraordinarias para la Guajira, que sólo dejó en pie lo relativo al agua, como si ese departamento sólo viviera de ese elemento vital.

Por lo general los jueces representan a los sectores más conservadores de la sociedad. Se ha dicho que el poder judicial es el que hace contrapeso a los poderes políticos y que hace preservar los derechos contra el abuso de las minorías frente a las mayorías. No obstante, actualmente resulta lo contrario. La Corte Constitucional en sus providencias imita al legislador, el Consejo de Estado, el fiscal general, la Procuradora General, han servido a intereses políticos que han convertido al país en una confrontación inútil que ha dividido a la sociedad colombiana a cambio de unirla en torno a propósitos de progreso comunes.

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Realmente en los sistemas democráticos existen mayores razones para cumplir las leyes que en los sistemas autoritarios. En tanto, es precisamente la democracia el sistema que mejor propende a la realización de los derechos humanos y la regla de la mayoría.

Desde esta perspectiva, se busca afirmar la autoridad del derecho y acatarlo. Pero se pregunta, si ante las inmensas demandadas de restablecimiento de los derechos, contra esas entidades es necesario reformarlas por fundarse sus actos en esos casos en hechos ilegales.

Debe decirse, que las leyes de punto final, indultos o paz total y reconciliación no gustan en algunos sectores, pero fueron constituidos en leyes respondiendo a la conveniencia e incluidas varias en la constitución nacional y han sido incumplidas por anteriores gobiernos.

Sin embargo, cuando se trata de actos injustos quienes más piden que se cumplan los actos con contenido político como aquellos del exfiscal Francisco Barbosa y la oposición al gobierno, son los mismos que han estado contra los Acuerdos de Paz contenidos en el bloque de constitucionalidad y tienen confrontados a los ciudadanos a través de los medios de comunicación nacional.

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“Estamos en el gobierno de los jueces”, se le escuchó decir por radio a un desbocado y fanfarrón magistrado hace pocos años, para hacer prevalecer la vanidad sobre lo justo.

Esa ha sido una costumbre perniciosa de algunos “operadores” de la justicia o de otros procedimientos normativos, de amenazar con la ley, como una muestra de su mediocridad y abuso de la ley. El suscrito columnista como abogado ha sido testigo de actos injustos en las Salas Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia y lo he dejado expuesto en conferencias y libros.

Colombia añora juristas como Darío Echandía, Carlos Lozano y Lozano, Jorge Enrique Valencia Martínez, Jaime Vidal Perdomo, Juan Fernández Carrasquilla, Ricardo Hinestroza Daza, Alfonso Reyes, Carlos Restrepo Piedrahita, Antonio Rocha, Hernando Morales Molina, Hernando Devis Echandía, y a los magistrados fallecidos en la toma del Palacio de Justicia ocurrido en 1985, quienes tuvieron una razón esclarecida del derecho y la justicia que no se pueden comparar con quienes ejercen esas posiciones en los últimos años, que toman partido, y en ocasiones se niegan al deber de elegir fiscales por razones distintas al derecho.

Se hace indispensable una reforma a la justicia para que haya una aplicación correcta de la ley, de lo contrario cada día nos alejamos en las aspiraciones de un país mejor.