Por: José Darío Prieto Sierra

Ingeniero Ambiental

Según reciente información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD en su “Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos” (2022) publicado en 2023, reportó que en Colombia persisten 262 sitios de disposición final de residuos sólidos, de los cuales 160 son rellenos sanitarios y 79 son botaderos a cielo abierto, con 13 celdas de contingencia y 10 celdas transitorias autorizadas y/o vigiladas por las diferentes autoridades ambientales regionales (CARS o Departamentos Administrativos Ambientales). 

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En el caso del Tolima se reporta que diariamente se disponen más de 970 toneladas día en 8 lugares autorizados, destacando que los municipios de Roncesvalles, Villahermosa y Ataco disponen sus residuos en celdas de contingencia, 21 municipios llevan sus residuos al relleno sanitario “Praderas del Magdalena” en Girardot (Cund); 7 se apoyan en el relleno sanitario “La Doradita” en La Dorada-Caldas y otros municipios del norte del Departamento disponen en “La Esmeralda” en Manizales.  En el relleno sanitario de “La Miel” en Ibagué como todos conocemos, se disponen los residuos de otros 7 municipios.

Pero en este recuento, desde el año anterior se ha puesto de manifiesto un problema recurrente con el relleno sanitario denominado “Regional Pacandé” ubicado en la vereda “Camino Real de Anchique” donde recibe residuos de 8 municipios del sur, tales como, Natagaima, Coyaima, Ataco, Saldaña, Planadas, Rioblanco, Prado y esporádicamente El Guamo.

Sitio autorizado y vigilado por la Autoridad Ambiental del Tolima (Cortolima) en el expediente L-13754, al cual tuve acceso por intermedio de un derecho de petición y del que se refleja una evidente laxitud jurídico-ambiental que no se compadece con el nivel de la problemática regional que ha alcanzado notoriedad pública por diferentes problemas tales como cierre de la vía de acceso e interrupción temporal del servicio.

Resulta que mediante resolución No. 4463 de 2010, Cortolima otorgó licencia ambiental al proyecto “Relleno Sanitario Regional Pacandé” y en el año 2020 la administración municipal solicitó la modificación de la licencia con el objeto de cambiar el nombre del sitio e incluir la disposición de residuos de otros municipios lo cual, se autorizó mediante resolución Cortolima No. 580 de 2021.

Posteriormente por solicitud de la municipalidad, la Autoridad Ambiental le autorizó a través de la resolución No. 9996 del 22 de diciembre de 2022 la cesión total de los derechos y obligaciones a favor de la empresa de Servicios Públicos de Natagaima “ESPUNAT. ESP”, posteriormente recibe la operación el consorcio “Soluciones Ambientales para Natagaima” desde marzo 21 de 2023 -hasta acá todo normal-.

Desde el inicio de la operación del relleno sanitario, se adelantaron visitas técnicas de inspección al sitio del proyecto evidenciando probatoria y documentalmente el incumplimiento sistemático y reiterado de muchas obligaciones ambientales y técnicas tales como, el no cubrimiento diario de los residuos, indebida compactación de los mismos, la no recirculación y caracterización  de los lixiviados, no han caracterizado los residuos, inoperancia de la maquinaria amarilla, falta de la ubicación de cercas vivas y menos aún; el cumplimiento al día de hoy de las medidas de compensación ambiental que desde 2010 se les ordenó, entre otras muchas obligaciones.

Lo que resulta extraño y preocupante, es que mediante autos Nos. 2962 del 10 de julio de 2023, 256 del 6 de febrero y 1071 del 20 de marzo de 2024 se reiteraron por parte de Cortolima, una serie de requerimientos técnicos y ambientales que posteriormente en visita practicada por la Coordinadora de Seguimiento Ambiental, un equipo interdisciplinario y atendida por la propia Alcaldesa, Astrid Yara Pava, el personero municipal, Alberto Beltrán Otalora, funcionarios de la administración municipal y representantes de la comunidad, entre otros actores, llevada a cabo el 22 de noviembre de 2024 (Informe No. 7928) se corroboraron incumplimientos con varios agravantes, tal como obra en la matriz de seguimiento ambiental (págs 29 y siguientes del informe).  

Allí se evidenció procesalmente el inadecuado manejo y operación del relleno sanitario, reincidiendo en el no cubrimiento diario de los residuos generando el afloramiento de estos; no contar con plan de compensación ambiental forestal; presencia de procesos erosivos en los taludes de las celdas de disposición; indebido reporte de requisitos y elementos en los Informes de Cumplimiento Ambiental-ICA.

A la fecha no han calculado el período de vida útil del relleno; no está modelado el esquema de lixiviados (requisitos que se exigieron desde la autorización de la licencia ambiental) entre otras observaciones que conllevaron a concluir por parte de los visitadores en esa fecha, que “… no se ha dado cumplimiento total a las obligaciones establecidas en los actos administrativos …”  y más adelante el precitado informe contradictoriamente expresa que “…no se evidenciaron visualmente impactos ambientales negativos significativos por la operación del relleno…”  como si tales hallazgos fueran de rango menor para no intervenir con el peso de lo que ordena la ley 1333 de 2009 emprendiendo al menos un proceso sancionatorio con su respectiva medida cautelar en contra de los operadores y responsables del servicio público.

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Lo anterior nos deja una percepción frente a la pasividad y complacencia de la Autoridad Ambiental en un caso flagrante como el que nos ocupa, permitiendo tal vez por afinidades políticas o de otro orden, la persistencia de afectaciones ambientales tan graves a la flora, el suelo y especialmente a las aguas subterráneas de la región que goza de tener el segundo acuífero más importante de la región, pues este cuerpo de agua subterráneo tiene una cobertura en los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, Prado, Purificación, San Luis, Saldaña Suárez y Guamo, paradójicamente varios municipios que disponen sus residuos en el citado relleno sanitario. ¡Vaya responsabilidad!