Por: Felipe Alejandro González Sabogal

*Abogado. Magister en DDHH y Democracia. Magister en Gobierno y Relaciones Internacionales

Uno de los corredores viales más importantes del suroriente del Tolima es la carretera que comunica los municipios de Prado, Dolores y Alpujarra, una vía estratégica que conecta al departamento con el Huila y hermana los municipios de la denominada ecorregión Tatacoa, como Baraya, Villavieja y Colombia. 

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Se trata de un territorio con importantes cadenas productivas asociadas al café, el cacao y las frutas, así como de una zona con un enorme potencial turístico, sustentado en la represa de Prado y su conexión con el corredor hacia el Desierto de la Tatacoa.

El potencial económico y turístico contrasta con el estado actual de la infraestructura vial. Un grupo de ciudadanos de Alpujarra, ha venido levantando la voz frente al deterioro de la carretera y solicitando explicaciones sobre la planeación, contratación y ejecución de las obras anunciadas. 

A través de solicitudes de información, ejercicios de veeduría y espacios de control político, han empezado a documentar un panorama que genera interrogantes sobre la destinación y ejecución de recursos públicos. La principal pregunta es sencilla, pero de enorme importancia: ¿por qué los recursos asignados para intervenir esta vía no se traducen en soluciones visibles y definitivas para las comunidades que diariamente deben transitar por ella?

Un contrato de $29.167 millones

Los cuestionamientos se concentran en el Contrato 1919 del 29 de mayo de 2024, cuyo objeto es “contratar el mejoramiento de la vía Prado – Dolores – Alpujarra – Puente Río Cabrera, en el departamento del Tolima”. El contrato contemplaba inicialmente un plazo de ejecución de 10 meses. 

La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció la adjudicación del proyecto en 2024, con una inversión de $29.167.966.508 para la intervención de aproximadamente seis kilómetros, a lo que se suma un contrato de interventoría superior a los $1.100 millones.

La magnitud de los recursos comprometidos contrasta con una realidad que continúa siendo evidente para quienes utilizan diariamente la carretera: la vía presenta tramos deteriorados e inconclusos y las comunidades siguen esperando que la inversión anunciada se traduzca en una solución efectiva.

De Ramírez Ospina a Asfaltemos SAS

Otro aspecto que merece especial atención es la composición y posterior modificación del esquema contractual.

El contrato fue suscrito inicialmente con el Consorcio Pavimentar 24, cuyo representante legal es Juan Carlos Ramírez Ospina. Ramírez Ospina ha participado anteriormente en distintos contratos de infraestructura en el Tolima y aparece relacionado con proyectos como la vía Ibagué–Rovira y la intervención de la Calle 103 entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, obras que también han sido objeto de cuestionamientos públicos.

Poco después de iniciada la ejecución del contrato de Prado–Dolores–Alpujarra, se produjo una cesión de una parte sustancial de la participación contractual a Asfaltemos S.A.S., empresa cuyo representante legal es Andrés Eduardo Trujillo Arango. La cesión adquiere especial relevancia porque permite identificar una conexión contractual entre Juan Carlos Ramírez Ospina, Constructora VIAYCO, VIAYCONS y Asfaltemos S.A.S., actores que aparecen en diferentes proyectos de infraestructura pública del Tolima.

Lo verdaderamente importante es determinar cómo se estructuraron estos contratos, bajo qué criterios fueron adjudicados, qué modificaciones tuvieron, cuánto dinero se ha desembolsado, qué porcentaje de las obras ha sido efectivamente ejecutado y cuáles son las razones por las que la comunidad continúa sin recibir la infraestructura prometida. 

Vale preguntarse si existe o no un patrón de concentración de contratos de infraestructura entre determinados contratistas y consorcios que participan reiteradamente en proyectos de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Una vía que no puede seguir esperando

La realidad permanece sobre el terreno: Prado, Dolores y Alpujarra continúan enfrentando las dificultades de una conexión vial que resulta fundamental para la movilidad, el comercio y el desarrollo económico de la región. 

La infraestructura vial ha sido históricamente una de las principales necesidades de los 47 municipios del Tolima. En las últimas décadas se ha hecho cada vez más evidente la relación existente entre las vías terciarias y secundarias, el acceso efectivo a derechos fundamentales y la construcción de paz territorial. 

Por eso, una inversión pública de casi $30.000 millones, sumada a los recursos destinados a su interventoría, no puede medirse únicamente por los anuncios realizados desde un despacho o el micrófono de un candidato en campaña. Debe medirse por kilómetros realmente intervenidos, obras terminadas, recursos efectivamente ejecutados y soluciones concretas para las comunidades.