Fuentes, decanos de la Facultad de Ingeniería Forestal de aquel entonces. El 7 de marzo de 2018, el rector de la universidad suscribió una carta de intención con la FUNDACIÓN AMÉ “con el fin de obtener o acceder a los beneficios generados por los bonos de carbono en la fracción correspondiente a los predios de los cuales la Universidad del Tolima es propietaria”, empresa de la cual, la universidad recibió la donación de una camioneta TOYOTA en el 2020.

Posteriormente, en el año 2020, la universidad, con la participación de la Facultad de Ingeniería Forestal y su respectivo decano, celebraron un acuerdo de conservación y restauración con la empresa ECOCARBONO S.A.S. ZOMAC, resulta importante tener en cuenta esta empresa, pues la retomaremos más adelante.

Sin embargo, el negocio empieza a adquirir un tinte negativo, puesto que, las utilidades obtenidas por la venta de estos bonos carbonos suman $3.800 millones de pesos, ahora bien, como el acuerdo entre la Universidad del Tolima y la Fundación AMÉ es de 50% y 50%, le corresponderían $1.900 millones de pesos a cada una de las partes, aspecto lamentable, teniendo en cuenta que la universidad es dueña de los predios y la Fundación AMÉ, solamente, se encarga de gestionar la certificación y presentarlos para la venta, función por la cual recibe el 50% de las utilidades, ¡que mal negocio para la universidad, ¿verdad?!, pero, con una audacia que desafía toda vergüenza, la Fundación AMÉ asegura y sostiene que, en realidad, a la universidad le corresponden $1.065 millones de pesos, es decir, $800 millones de pesos menos, ¿por qué?, porque ellos indican que la universidad debe asumir los gastos técnico-administrativos de toda la gestión, en pocas palabras, para la descarada empresa, las ganancias deben ser 50%-50%, y sin asumir ningún tipo de costo por el negocio ¡¿Ah?!

En vista de lo expuesto, algunos/as de ustedes se preguntarán ¿y qué gana la comunidad de Villarrica?, en este momento, nada. A pesar de que son ellos quienes han conservado el bosque, no han recibido inversiones sociales de parte de las utilidades de los bonos de carbono, bonos de los predios que protegen (territorio históricamente violentado), es decir, “bonos de sangre”.

Ni bonos ni dinero

La universidad, el 31 de mayo del 2023, al Consejo Superior nos expuso varias de estas situaciones, ante las cuales, posteriormente, decidimos iniciar el proceso de facturación, con el propósito de que a la Universidad le sea entregado el monto que le corresponde ($1.900 millones de pesos), para poderlos invertir en el territorio; sin embargo, Fundación AMÉ continúa sin asumir su responsabilidad, y al día de hoy, no aparecen ni bonos, ni dinero, ni reivindicación de la comunidad.

Adicionalmente, el 31 de mayo del 2023 tomé posesión, ante el CSU, como designado del presidente de la República de Colombia, acto durante el cual uno de los puntos de discusión fue el informe sobre el Bosque Galilea y lo relacionado a este, frente a ello, a pesar de ser mi primera sesión ante este órgano colegiado, empezamos de inmediato con el mandato que se me había conferido por parte del presidente “vigilar los recursos públicos y proteger la integridad de las instituciones del Estado”, por consiguiente, mi primera intervención se encaminó a conocer sobre los avalúos de estos predios y si se conocía de un avalúo diferente al del momento de la donación, este último interrogante obtuvo una respuesta negativa por parte de la Dirección Universitaria y de uno de los miembros del CSU (ver apartados del acta de la sesión del CSU - 31 de mayo 2023).

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Puerta giratoria

A pesar de la insistencia, con el objetivo de continuar con mi investigación, solo fue hasta el 14 de julio de ese mismo año que recibí, de parte de la universidad, el documento que contenía la relación de los predios y sus respectivos valores, no obstante, tal y como se mencionó en dicha sesión, “supuestamente” no se conocía un avalúo diferente, e incluso, uno de sus miembros calificó como FALSA cualquier pretensión de su existencia. A continuación, expongo el apartado del documento donde inicia la relación de los predios de la UT en el Bosque Galilea, sus características y el valor con el que se recibió el predio donado.

Aquí, se puede observar que quienes firmaron el recibimiento de la donación fueron los señores Rafael Vargas Ríos (fallecido), Luis Alfredo Lozano Botache y Rosven Libardo Arévalo Fuentes, exdecanos de la Facultad de Ingeniería Forestal; la primer alarma surge a raíz del conocimiento de la identidad de los firmantes, por una parte, el señor Rafael Vargas Ríos, una vez firmó las donaciones de estos predios, se desvinculó de la universidad, adicionalmente, fundó y asumió la PRESIDENCIA de la Junta Directiva de la Fundación AMÉ, así es, la empresa que años más tarde asumiría el jugoso negocio de los bonos carbono; por otra parte, el señor Rosven Libardo Arévalo Fuentes firmó donaciones hasta el 2012, y en el año 2016 pasó a ser socio fundador y VICEPRESIDENTE de la Junta Directiva de la Fundación AMÉ. Sin embargo, la puerta giratoria, al parecer, el negocio redondo, no termina aquí.

La señora Luz Ángela Palacios, representante legal de la Fundación AMÉ (quien aparece públicamente en medios de la Universidad donando la camioneta al rector Omar Mejía), también es representante legal y gerente de… ¡Adivinen!… ECOCARBONO S.A.S. ZOMAC, la empresa con la cual en el 2020, paralelamente, la universidad colaboraría con otros fines de conservación; aunado a esto, ella también figura como subgerente de EL CIELO CONSTRUCCIONES, empresa que representa 39 predios beneficiarios dentro del Bosque Galilea, distintos a los de la universidad; a la señora Luz Ángela Palacios yo la considero “la sucesora de Rafael Vargas Ríos”, pues este señor, que falleció hace unos años, también fue gerente y subgerente de las empresas que expongo y ostenta la señora Palacios, además de ser cofundador de la Fundación AME.

Después de varios meses, de diversas comisiones del Consejo Superior para analizar esta situación, de reuniones con la comunidad de Villarrica y/o algunos miembros de esta, de investigar a través de otras fuentes que ya han indagado al respecto, se conoció que, efectivamente, la Universidad del Tolima SÍ REALIZÓ UN AVALÚO en el 2015, luego de haber recibido los predios donados (recordemos que esta información se me fue negada el 31 de mayo del 2023, como lo sustenté anteriormente mediante los apartados de las actas de sesión); a partir de esto, mi colega, representante de los profesores ante el Consejo Superior, la Dra. Mónica Obando, solicitó el avalúo comercial realizado por la universidad en el 2015, por parte de la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL TOLIMA, información que se solicitó insistentemente y de la que no recibimos diligencia alguna.

A tal punto llegó la prolongación de tiempo a la espera de una respuesta, que esta información en mención fue enviada el 23 de mayo del 2024, es decir, UN AÑO DESPUÉS, desde aquel 31 de mayo del 2023, día en que me posesioné como designado, que solicité esta misma información y que me fue objetada 

(avalúos históricos). Antes de hablar sobre los hallazgos, quiero hacer una mención especial a la Dra. Mónica Obando, hoy exrepresentante del Consejo Superior, por su inigualable labor y valentía, puesto que, conjuntamente trabajamos y realizamos varias de las investigaciones que hoy son noticia en el departamento y de quien aprendí significativamente en este ejercicio que yo llamo “defender lo público”.

¿Utilizaron a la Universidad del Tolima como posible testaferro?

Efectivamente, como lo sospechaba, existió un segundo avalúo de estos predios donados a la Universidad del Tolima. En un primer momento, podemos reconocer que las empresas y particulares dueños de estos predios del Bosque Galilea, donaron a la institución bajo un monto específico; sin embargo, en el 2015, nuestra alma mater realizó otro avalúo; ahora bien, lo que desafortunadamente llama la atención y genera más interrogantes es la absurda diferencia entre la cuantía previa al 2015 y la realizada en esta fecha; expondré algunos ejemplos.

Iniciemos con el ejemplo resaltado en color gris, allí observamos la fecha de la escritura (30/12/2003), la Notaría con su respectiva matrícula inmobiliaria; no obstante, en lo que pretendo focalizar nuestra atención es en las dos últimas columnas, el valor del acto, que corresponde a la cuantía del predio al momento de la donación ($931 millones de pesos), y la última columna, la cuantía del predio en el 2015 con el nuevo avalúo ($73 millones de pesos), es decir, si asumimos que el avalúo realizado por la universidad es el valor REAL de estos predios, nos estaríamos encontrando con una sobrevaloración de predios al momento de recibir las donaciones; en otros términos, es aquí donde presumimos que estos particulares sobrevalorizaron los predios en mención en cantidades enormes, para después donarlas a la universidad, puesto que, luego se evidencia que el valor de estos predios corresponde a un valor mucho más bajo.

Este es solo un ejemplo que se repite con los demás predios y, así sucesivamente, pueden observar el cuarto lote, que se recibió con un valor de $1.645 millones de pesos, pero su avalúo posterior fue de $120 millones, es decir, la universidad recibió predios 14 veces por encima de su valor e inclusive más.

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Ahora, lo que nos genera aún más inquietudes son los predios aceptados durante los años 2016 y 2017, periodo en el que ya se encontraba en ejercicio el actual rector de la Universidad del Tolima, el señor Omar Mejía Patiño; como pueden observar, estos son predios con valores altos, muy altos,

pero no existe reavalúo, porque son posteriores al año 2015, predios de más de 2.000 millones de pesos, ¿estarán o no sobre avaluados?

En este sentido, se preguntarán ¿entonces, las empresas privadas perdieron dinero?, ¿por qué donaron predios con tanto valor y por qué según otro avalúo son de mucho menor cuantía?, ¿qué ganan con eso?, pues resulta que las empresas y particulares que realicen donaciones de bienes inmuebles o con un fin ambiental académico, social, etc. a entidades del Estado, reciben beneficios tributarios y exenciones de impuestos por parte de este, además, la magnitud de sus beneficios dependen del valor de los bienes que se donan, es decir, el beneficio tributario por donar un predio de $50 millones no es el mismo en comparación con la donación de un predio de $2.400 millones de pesos.

Cualesquiera que sean las intenciones reales detrás de todo esto, en la Universidad del Tolima se debe cuestionar este tipo de hechos, vergonzosos, lamentables y de suma preocupación; este no es más que un presunto negocio redondo, de muchos particulares, de diferentes épocas de este siglo y que no benefician, en absoluto, a nuestro centro de academia, mucho menos a una comunidad del departamento del Tolima que padeció la violencia del conflicto armado, aquella que aún espera, incesantemente, que el Estado los reconozca como pueblo y víctimas.

Nota. Estos hechos fueron notificados a la DIAN, tanto de manera conjunta por parte del Consejo Superior de la Universidad (CSU), como de forma individual por mi persona.