Por Carlos Alberto Estefan Upegui

*Exgobernador del Tolima

Bien conocida es la crisis de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), causada por ellas mismas, debido a graves problemas financieros y operativos.

Lo anterior, al parecer en buena parte, entre otros factores, por la inmoralidad de sus cuadros directivos y administradores, que han aprovechado los dineros públicos con fines diferentes a la salud de sus afiliados.

La Contraloría General de la República, en su reciente informe calculó por ahora la magnitud del asunto en 32.9 billones de pesos, que corresponden al pasivo de estas.

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Dinero, que el gobierno asegura haberles girado, pero que las EPS adeudan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en cuantías de 11,3 billones de pesos y a los operadores farmacéuticos 2,8 billones de pesos, sin incluir otras obligaciones por cancelar. O sea, es una intermediación ineficaz que da al traste con el buen funcionamiento del sistema.

Así las cosas, podría concluirse que las Empresas Promotoras de Salud, son «mala paga» y ese es el motivo por el cual se presentan dificultades con la atención en clínicas y hospitales, como en la entrega oportuna de medicamentos.

De otra parte, según la Contraloría,15 de esas EPS no cumplen con el capital mínimo requerido, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten sus reservas técnicas como exige la norma,

"(...) solo seis (6) EPS en el país cumplen al 100% con la inversión de dichas reservas. El resto de las entidades, que agrupan a la inmensa mayoría de los afiliados, apenas alcanzan un 30% de cumplimiento en este indicador crucial.". Son un «desorden total» y todavía hay gente insensata que las defiende.

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Lo más grave, es que la salud del 89% de los colombianos está en manos de EPS sin solidez financiera. Los Congresistas de la República pareciera no medir la gravedad de lo que está sucediendo, o se hacen los desentendidos resistiéndose a aprobar la reforma.

Se trata de un Congreso obsesionado con una oposición absurda, sectaria y  politiquera. Pues hunden los proyectos sin siquiera leerlos, no asisten o se retiran al momento de su aprobación.

Valga la pena dejar en claro, que no es el Estado quien les debe a las Empresas Promotoras de Salud, son ellas las que han quebrado el sistema porque no pagan a tiempo sus acreencias.

Así mismo, los medios de comunicación no informan realmente lo que sucede, acomodan la noticia o encubren la verdad sin considerar que este es uno de los escándalos de corrupción más grandes de Colombia.

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La versión que circula es que «las EPS han manejado el sistema como un negocio para su propio beneficio mientras los colombianos se mueren». Les falta ética.

Sus juntas directivas están conformadas por políticos conocidos, entre ellos también congresistas que se niegan a aceptar la realidad y aprovechan la coyuntura de ocupar cargos de prestigio para llegar allí supuestamente para favorecerse.

El aporte para salud descontado por nómina e igualmente, de las mesadas de los pensionados, es automático y sin derecho a reclamo. Mientras a cambio solo hay desatención. El dinero parece esfumarse.

Es un mal estructural consentido, donde el usuario tiene las manos atadas y nadie lo defiende ni se ejerce justicia.