Por: Edgardo Ramírez Polania

En nuestro país, la Constitución del 91 creó la Procuraduría General de la Nación, una entidad compleja que tiene la función de acusar ante los jueces a aquellas personas que cometen delitos y que se cumplan las leyes por parte de los ciudadanos o servidores del Estado, salvo aquellos que tienen fuero que son de otras competencias.

La Constituyente que creó ese  organismo con desbordadas funciones, nómina y presupuesto, no ha cumplido en algunas épocas estrictamente la función constitucional que se le encomendó. La mayoría de los fiscales que han sido designados para ese cargo , han desbordado el marco funcional de la Constitución.

Algunos de esos funcionarios han creído que la fiscalía es una rueda suelta en el engranaje institucional de la justicia y ninguno de quienes han estado frente a ese cargo, ha cumplido a cabalidad su función.

• Puede leer: El inicio de gobierno del presidente Petro

Al contrario, han utilizado esa institución para satisfacer solicitudes de otras ramas de poder público para nombrar sujetos que han servido de puente con los carteles de la toga. Otros han hecho apartamentos privados en sus instalaciones para el fiscal general, compra de avión privado que se utiliza con fines distintos, creación de universidades fallidas, otorgamiento de cuantiosos contratos  para supuestos resultados de alta valoración como el otorgado por el ex fiscal Montealegre a Natalia Springer Von Schwarzenberg por 4.000 mil millones, así como servir de garrote para satisfacer pérfidos intereses políticos, como el señor Luis Camilo Osorio en el caso de Luis Carlos Galán, que se inventaron un culpable al ex Senador Santofimio, porque el poderoso funcionario tenía casada a una hija con Santiago Pinzón Galán sobrino de la víctima.

Lo mismo el Fiscal De Greiff quien resultó con vínculos con narcotraficantes, o Martínez Neira que absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi de los escandalosos casos de la ruta del sol que tuvo relación con Odebtecht.

Se ha considerado que el Fiscal General, tiene un poder ilimitado  y cada presidente deja a un amigo en ese cargo para que le cuide el coto de caza, de puestos y contratos.

• Lea también: El discurso del presidente Petro ante la ONU

Por esa razón es desconcertante que mientras la delincuencia se apodera de los campos y ciudades no existe un convenio entre los organismos de investigación que pongan en cintura a los grupos delincuenciales o abusos a la propiedad privada, como ocurre con la familia Barragan en el municipio de Melgar Tolima, a quienes algunos invasores han querido despejarlos de sus legítimos derechos en sus predios El “Rodeo” y el “Pedregal” y sus denuncias no han sido escuchadas no obstante haber sido presentadas.

Es una necesidad inaplazable que se proteja la vida, honra y bienes de los ciudadanos, para que tengamos la necesaria convivencia y paz.