Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos, profesor universitario

La minería moderna en Colombia es una actividad de tipo extractivo, realizada mediante el desarrollo de procesos técnicos, económicos y productivos, con el propósito de obtener minerales que se encuentran en yacimientos o depósitos naturales. En su mayor parte, estos minerales son usados, posteriormente, como materias primas en actividades industriales.

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En el contexto del mundo de hoy se dispone de suficiente evidencia sobre los impactos que produce el extractivismo a la organización social y al medio natural, los cuales, por un lado, se relacionan con las transformaciones en los territorios donde se desarrolla cada proyecto minero y en la organización social comunitaria y, por otro lado, con los daños causados a los recursos que son el soporte de la vida: suelo, aire y agua.

Actualmente, en el mundo la actividad minera es objeto de cuestionamientos por parte de movimientos sociales que reivindican el cuidado del medio ambiente y generan diversas formas de resistencia para detener la expansión de la explotación minera.

En este orden de ideas, es preciso señalar que los procesos técnicos y las acciones desarrolladas por los concesionarios mineros para la explotación de yacimientos, impacta de diversas formas el territorio donde se realiza la extracción. Interesa destacar que dichos impactos están asociados con la reconfiguración del territorio, especialmente con los cambios que se producen en el uso del suelo; las relaciones sociales, como consecuencia de la llegada de nuevos actores a la región; las actividades económicas, producto del debilitamiento de las actividades tradicionales y la instalación de nuevas prácticas económicas; las relaciones de poder, debido a los cambios en quién controla, administra y toma decisiones sobre los recursos y el territorio; la composición de la población, como consecuencia de los procesos migratorios y la llegada de nuevos pobladores; los patrones culturales tradicionales, relacionados con la introducción de nuevas pautas para la valoración de los recursos naturales y el uso de estos.

Otro de los impactos que merece especial atención está relacionado con las afectaciones que provoca el trabajo minero a la naturaleza. Es indudable que la remoción de la capa vegetal, la realización de socavones, la deforestación y la compactación del suelo generan erosión y desertificación; el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, unido a un inadecuado manejo de estas, produce contaminación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, así como enfermedades en las personas y los animales; y la emisión de material particulado y la posible liberación de sustancias contaminantes deterioran la calidad del aire.

Estos impactos afectan las condiciones requeridas para el desarrollo de una vida sana y la permanencia de las comunidades en sus territorios. Por supuesto, cualquier valoración de los beneficios económicos de la minería no puede soslayar los daños que esta actividad ocasiona en las condiciones naturales indispensables para el sostenimiento de la vida.

En el Tolima, la minería ha ocupado un lugar de importancia en la historia económica y social del departamento, debido al reconocimiento de la riqueza aurífera de los yacimientos localizados en la cordillera central. Un hecho emblemático de esta historia lo constituye la explotación de la mina de oro de Santa Ana en el municipio de Falan, cuyo origen se remonta hacia el siglo XVI. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se llevó a cabo el proceso de la colonización antioqueña y una vez se consolidaron los asentamientos poblacionales en los nueve municipios fundados, la explotación minera tuvo una nueva fase que se extendió hasta al siglo XX, cuando la actividad extractiva, si bien fue más intensa, se basó en la minería convencional.

Una tercera fase, ha tenido lugar en el siglo XXI, cuando las técnicas de extracción basadas en el trabajo manual y la aplicación de técnicas de baja complejidad le dieron paso a la minería moderna, que busca maximizar la producción mediante el uso de maquinaria especializada y de procesos químicos.

El norte del Tolima es una de las áreas geográficas donde la industria minera está en proceso de expansión. En esta zona, el proyecto denominado El Gran Porvenir, desarrollado en el municipio de Líbano, es una iniciativa de importancia regional, tanto por la magnitud de la explotación como por la riqueza de los yacimientos. Sin embargo, su relevancia económica contrasta con los impactos ambientales que ha generado en el territorio, especialmente por los daños ocasionados en el pasado reciente, cuando fueron detectadas, en cantidades no permisibles, trazas de cianuro en el cuerpo de agua que desemboca en la quebrada El Toro, afluente del río Lagunilla, razón por la cual la Corporación Regional (CORTOLIMA) suspendió la operación del proyecto minero en el punto de vertimiento de cianuración.

Aunado a lo anterior, en la actualidad, en CORTOLIMA avanza el trámite de licencia ambiental del proyecto El Cairo, localizado en la vereda Tapias de Líbano, que tiene como fin la explotación de una veta aurífera. Conviene recordar, que hace poco tiempo en esta zona del municipio se realizaron actividades ilegales de extracción de oro, hecho que desencadenó tensiones y conflictos entre la población y los agentes mineros, sobre todo cuando se produjo la intervención de las autoridades. 

Si bien estos proyectos tienen su epicentro en el Líbano, su desarrollo no se circunscribe a este municipio, pues forman parte de una dinámica minera que se despliega por el norte del Tolima y que incluye la explotación de una veta aurífera que se extiende por el territorio de los municipios de Palocabildo, Falan, Villahermosa, Líbano y Santa Isabel. No cabe duda de que estos proyectos mineros tienen un alcance territorial más amplio.

Interesa destacar, en este contexto, que la minería corresponde a un modelo de explotación y apropiación intensiva de recursos naturales, generalmente a gran escala y con frecuencia orientado hacia el mercado internacional. Como lo plantea el reconocido geógrafo David Harvey, es un proceso de acumulación por desposesión, que conlleva a que los propietarios y poseedores tradicionales pierdan el control de la tierra y de los demás bienes comunes que hay en el territorio. Así, la explotación de minas no hace ningún aporte a la construcción de nichos territoriales donde impere, la sostenibilidad ambiental, el progreso social y económico, y la producción de mejores condiciones de vida para la población. Quienes se benefician son los empresarios mineros. La minería no genera desarrollo real para las comunidades locales.

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A lo anterior se suma un aspecto que merece especial atención: la falta de información y el escaso control de los alcaldes municipales sobre el desarrollo de la actividad minera en su jurisdicción, así como el inadecuado y, en algunos casos, inexistente tratamiento de la minería en los planes de desarrollo, en los planes básicos y en los esquemas de ordenamiento territorial.

Esta situación es preocupante, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de actividades que generan importantes transformaciones sobre la oferta de recursos naturales, los usos del suelo y las dinámicas económicas y sociales de cada municipio. Por consiguiente, no deja de ser contradictorio y preocupante que una actividad con semejante capacidad para transformar el territorio esté un tanto al margen de la gestión pública realizada por los alcaldes y débilmente incorporada a los instrumentos de planeación municipal.