Por Edgardo Ramírez Polanía

Al volver, después de varias décadas, a algunas capitales europeas, se tiene la impresión de que el tiempo se hubiera detenido entre sus calles empedradas, sus museos y sus monumentos.

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Las filas de turistas se renuevan frente a edificios y obras de arte por donde han desfilado generaciones. Las ciudades preservan aquello que les permite reconocerse en su historia, mientras detrás de esa aparente inmovilidad se cumple un trabajo permanente de conservación, organización y cuidado.

Las fachadas restauradas, las plazas limpias y los sistemas de transporte expresan una manera de entender lo público. Aunque esas sociedades también padecen desigualdad, inseguridad y conflictos, han comprendido el valor de conservar su patrimonio y ofrecer condiciones para que propios y visitantes puedan disfrutarlo. La historia se convierte así en una fuente de conocimiento, arraigo y empleo a través del turismo.

En Colombia también poseemos un patrimonio que merece cuidado constante. En Bogotá, la Casa de Nariño, el Capitolio Nacional y la Catedral Primada reúnen parte de nuestra memoria política y arquitectónica. Sus fachadas de piedra, expuestas al hollín, al polvo y al paso de los años, requieren una conservación a la altura de su significado. Acostumbrarse a contemplarlas no debería impedirnos advertir sus necesidades.

La ubicación de la sede presidencial también invita a pensar en la recuperación de su entorno y en las condiciones de seguridad del centro histórico. Durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2002, fueron lanzados desde barrios cercanos catorce proyectiles de 120 milímetros, dirigidos contra el Capitolio Nacional. Varios impactaron en la Casa de Nariño y en sectores aledaños, entre ellos El Cartucho. Según los reportes de la época, el ataque dejó 17 muertos y 67 heridos, además de daños materiales y una profunda herida en la memoria de Bogotá.

Frente a las necesidades de conservación, cabe preguntar qué prioridad ha recibido el patrimonio dentro de las decisiones presupuestales. Desde la apertura económica de los años noventa, distintos gobiernos promovieron la venta de empresas públicas o de participaciones estatales, así como la incorporación de capital privado. En ese proceso se inscriben, con modalidades y fechas diferentes, la participación privada en Ecopetrol y la transformación de la Empresa de Energía de Bogotá, que los bogotanos construyeron con años de ahorros y préstamos, y a cuya posterior apertura al capital privado Jaime Castro le abrió la puerta al impulsar el Decreto Ley 1421 de 1993.

También se vendieron bancos oficiales y participaciones en electrificadoras regionales. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se enajenó la participación de la Nación en la Empresa de Energía de Boyacá, en 2011, cuando Juan Carlos Echeverry era ministro de Hacienda, y en SAGEN, en 2016, con Mauricio Cárdenas al frente de esa cartera. En un ámbito distinto, el Banco de la República vendió en 2020 cerca del 67 % de sus reservas de oro, como parte de la administración de las reservas internacionales. Aunque estas operaciones tuvieron fundamentos y destinos diferentes, su examen exige información pública y una evaluación de sus resultados para el país.

La conservación del patrimonio tampoco es una preocupación exclusiva de Bogotá. Cali, Popayán, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Ibagué y los municipios de Boyacá tienen bienes cuya preservación demanda continuidad. En la capital del Tolima, el monumento a Andrés López de Galarza, la Concha Acústica, el Teatro Tolima y el Hotel Ambalá merecen especial atención. La emblemática carrera Tercera plantea, además, el desafío de recuperar el espacio público sin desconocer las necesidades de quienes encuentran allí su sustento. Esa responsabilidad compromete a las administraciones municipales y requiere coordinación con el gobierno departamental que ha adelantado una labor destacada sin distinción de partidos.

Ibagué necesita no solo una infraestructura vial por falta de suficientes vías, sino aeroportuaria acorde con sus posibilidades de desarrollo, con capacidad para ampliar el transporte de pasajeros y de carga y avanzar hacia una conexión internacional. Armenia, fundada más de tres siglos después que la capital tolimense, cuenta con el aeropuerto internacional El Edén. La comparación invita a examinar las decisiones, inversiones y condiciones técnicas que han limitado ese avance en el Tolima. La presencia de dirigentes de la región al frente de la Aeronáutica Civil debió traducirse en una gestión cuyos resultados no perduraron más allá de sus nombramientos.

Somos un país rico, pero desigual, donde muchas personas se ven obligadas a buscar en las calles el sustento que no encuentran en un empleo estable. El contraste con vías como Unter den Linden, en Berlín; la calle Karlova, en Praga; la vía del Corso, en Roma; la Gran Vía, en Madrid, o los Campos Elíseos, en París, invita a reflexionar sobre la organización del espacio público y las oportunidades económicas. La dignidad de una ciudad también se mide por las alternativas que ofrece a quienes viven del rebusque.

Colombia necesita aprovechar responsablemente sus riquezas y distribuir sus beneficios con equidad. Tenemos playas en dos mares, montañas, ríos, selvas y una diversidad cultural que se manifiesta en la música, la gastronomía, la literatura y las costumbres regionales. Poseemos metales preciosos y esmeraldas reconocidas en el mundo. Sin embargo, ni la belleza del paisaje ni la riqueza del subsuelo bastan para asegurar el bienestar de una sociedad.

Parte de ese patrimonio reside en el talento de nuestros jóvenes y de quienes han buscado oportunidades en otros países. Vincular sus conocimientos al desarrollo nacional, mediante el retorno o la colaboración desde el exterior como invita el actual gobierno, requiere condiciones para investigar, emprender y participar en el comercio internacional. Las convocatorias gubernamentales deben acompañarse de oportunidades concretas que permitan convertir la experiencia adquirida en beneficios para las comunidades.

Ese conocimiento también puede contribuir a resolver las dificultades que enfrentan los comerciantes y transportadores y empresas dedicadas a la logística para el desarrollo del comercio y el bienestar de  las familias campesinas para producir, transportar sus cosechas y obtener una remuneración justa. Hablar de un mejor país exige hablar del campesino quien produce los alimentos. 

El campo merece una política sostenida que permita vivir dignamente del trabajo de la tierra y ofrezca a las nuevas generaciones razones para permanecer allí por elección, con acceso a mercados nacionales y posibilidades de exportación. Para lograrlo, es indispensable enfrentar a las organizaciones armadas y a las redes del narcotráfico que someten a las comunidades y se apropian de sus economías.

La erradicación de los cultivos de uso ilícito debe proteger el medio ambiente y ofrecer alternativas de subsistencia. Una propuesta concreta para la sustitución de cultivos de coca y de marihuana destinados al mercado ilegal consistiría en establecer un subsidio por cada hectárea eliminada cuya sustitución pueda verificarse, dentro de acuerdos voluntarios con los pequeños productores. El apoyo debería considerar los costos de establecer la nueva actividad y el tiempo necesario para que produzca ingresos. Una familia no puede quedar sin sustento mientras espera la primera cosecha.

Para que la medida cumpla su propósito, sería necesario un censo previo de beneficiarios y cultivos, una fecha de corte y límites por familia. Así se reduciría el riesgo de incentivar nuevas siembras ilícitas con la expectativa de recibir subsidios. Los pagos podrían organizarse por etapas, vinculados a compromisos verificables, con seguimiento comunitario y acompañamiento de las autoridades. El Estado tendría que cumplir oportunamente sus obligaciones, pues ningún acuerdo puede sostenerse sobre promesas incumplidas.

La sustitución debe incluir asistencia técnica, semillas apropiadas, acceso al agua, financiación y vías para sacar los productos. Antes de promover una siembra, es indispensable estudiar quién comprará la cosecha, cuánto costará transportarla y qué ingreso dejará al productor. Los acuerdos de comercialización y las compras públicas, articuladas con centros de acopio y programas de alimentación, podrían contribuir a dar estabilidad a ese esfuerzo.

También deben recibir apoyo quienes siempre han cultivado productos lícitos. Su perseverancia merece oportunidades para mejorar la productividad y los ingresos. Una política equitativa debe fortalecer al conjunto de la economía campesina, de modo que la legalidad ofrezca perspectivas de bienestar y no se convierta en una carga que las familias soportan en soledad.

Todo ello requiere proteger con firmeza a las comunidades frente a quienes pretenden mantenerlas sometidas a las economías ilegales. La sustitución pierde viabilidad cuando los grupos armados amenazan a los productores o controlan los caminos y los mercados. La presencia del Estado debe reunir seguridad, justicia y servicios públicos, con continuidad suficiente para que los habitantes recuperen la confianza.

El desarrollo rural también puede vincularse al turismo, siempre que las comunidades participen de sus beneficios. El agricultor que abastece un restaurante, el artesano que conserva un oficio, el joven que trabaja como guía y la familia que ofrece alojamiento pueden encontrar oportunidades en esa actividad. Su crecimiento debe respetar el acceso al agua, la producción de alimentos y la protección de los ecosistemas.

El Tolima tiene posibilidades que merecen una política sostenida. Sus paisajes, sus concursos de música, su gastronomía, sus tradiciones, su creación literaria y la obra de sus pintores de renombre internacional pueden fortalecer una economía cultural con participación de los municipios. Los festivales del folclor, las bibliotecas, las escuelas artísticas y las ferias del libro requieren continuidad y acceso para públicos diversos. Su valor se expresa en los lectores que forman, los talentos que acompañan y las oportunidades que abren en igualdad de condiciones.

La educación es fundamental para sostener estas transformaciones. Debe proporcionar conocimientos para trabajar, investigar y crear, junto con la capacidad de discutir sin agredir, reconocer los derechos ajenos y examinar críticamente la información. Esto exige especial atención a la desinformación que puede producirse o difundirse mediante la inteligencia artificial. En el campo, una escuela con maestros, recursos y conectividad amplía las posibilidades de los jóvenes y permite que el conocimiento contribuya al desarrollo de su comunidad.

También necesitamos revisar las conductas que hemos terminado por aceptar. Cuando se celebra al que evade las reglas, se admira la riqueza sin preguntar por su procedencia o se justifica la corrupción porque favorece al propio partido, se debilita la convivencia. El cuidado de lo público comienza en los actos cotidianos y debe encontrar su principal ejemplo en quienes administran los recursos de todos.

La confianza institucional se construye cuando una denuncia es atendida, una obra se termina y un apoyo anunciado llega a sus destinatarios. Los programas rurales deben contar con criterios públicos de selección, seguimiento de sus resultados y mecanismos para denunciar irregularidades, con participación de las comunidades y de las veedurías ciudadanas. Cada recurso desviado representa una oportunidad que se le quita a una familia y una razón más para desconfiar del Estado.

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Mejorar el país exige perseverancia y evaluación. La recuperación de las vías, del campo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la educación y la protección de la naturaleza requieren esfuerzos que trasciendan los periodos de gobierno. Las administraciones deberían corregir lo que falla y dar continuidad a lo que demuestra resultados, sin convertir cada relevo en un nuevo comienzo ni prolongar políticas cuya ineficacia haya sido probada.

Colombia cuenta con recursos naturales, talento y una riqueza cultural extraordinaria. Convertir esas posibilidades en bienestar exige decisiones concretas y responsabilidad compartida. Un país empieza a cambiar cuando una familia campesina puede vivir de su cosecha sin someterse a los violentos, cuando un joven encuentra oportunidades en su municipio y cuando la promesa de una vida digna comienza a cumplirse en el territorio donde se nació.