Por Felipe Alejandro González Sabogal

*Abogado, magíster en Derechos Humanos y magister en Gobierno y Relaciones Internacionales

El próximo martes 20 de octubre tendrá lugar la elección de la presidencia de la JEP, un asunto de la más alta relevancia para el país, la paz y, especialmente, para las víctimas del conflicto armado.

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 La JEP cuenta con treinta y ocho magistrados titulares, entre ellos, suenan tres nombres para asumir el liderazgo judicial, administrativo y político de una de las más importantes expresiones de la justicia transicional restaurativa: el magistrado tolimense Danilo Rojas Betancourth, la magistrada Reinere Jaramillo y el magistrado Camilo Suárez.

La presidencia debe elegirse entre los magistrados titulares de la JEP. No se trata de una elección popular ni intervienen directamente el Gobierno, las altas cortes o el Congreso. La sesión plenaria, en primer lugar, busca alcanzar una decisión por consenso. Si no lo consigue, se aplica la regla general de mayoría absoluta, correspondiente a 20 votos. Si se produce un empate en dos votaciones realizadas en sesiones plenarias diferentes, la elección se resuelve mediante sorteo, no mediante el voto dirimente de quien preside la sesión.

La tensión entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresa un conflicto entre las prioridades de política pública, las restricciones presupuestales y la autonomía de la justicia transicional. La controversia se ha intensificado por las propuestas de reducción de recursos, las críticas a la duración de los procesos y las iniciativas de reforma que podrían afectar el alcance de sus decisiones. Sectores de la sociedad civil, las víctimas y la academia advierten que estas medidas pueden comprometer sus derechos y la capacidad institucional de la Jurisdicción.

En este contexto, la elección del nuevo presidente de la JEP adquiere especial relevancia en la agenda política nacional. Más allá de la renovación de su dirección, la decisión incidirá en la capacidad de la Jurisdicción para defender su independencia judicial, fortalecer su interlocución con los demás poderes públicos y conducir el cumplimiento de su mandato dentro de los plazos establecidos, mientras le hace frente a un Gobierno hostil a su gestión.

En este escenario cobra fuerza el nombre del magistrado Danilo Rojas Betancourth, oriundo del municipio de San Antonio, en el suroccidente del Tolima. Antes de llegar a la JEP, presidió el Consejo de Estado y ha tenido una trayectoria intachable en la academia, las altas cortes y el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción. Sin embargo, la pertinencia de su perfil para asumir la presidencia va más allá de su brillante trayectoria.

Danilo Rojas es conocido por ser un gran estratega, prudente, aplomado, fraterno y sereno. Su estilo no es el de la confrontación irascible; sus posiciones han estado acompañadas de una importante producción jurisprudencial. Son precisamente estas virtudes las que explican por qué un amplio sector de las víctimas, la academia y la opinión pública respalda con vehemencia su posible elección como presidente de la JEP.

La actual coyuntura entre la JEP y el Gobierno es excepcional. Por eso se requiere un presidente con los pies de plomo, capaz de plantear una interlocución con los poderes del Estado de “tú a tú”, bajo los más altos estándares institucionales, que permita consolidar el gran respaldo nacional e internacional con el que cuenta la Jurisdicción para cumplir sus objetivos misionales.

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Frente a los más fuertes embates de la ultraderecha contra la JEP, urge un presidente con capacidades probadas para estar a la altura de este momento histórico, capaz de defender a la Jurisdicción con el país detrás, con movilización social y con la determinación férrea que se necesita para proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Desde el Tolima, nos sumamos con entusiasmo a esa ola nacional del movimiento social, las víctimas y la academia que vienen respaldando y promoviendo el nombre del magistrado Danilo Rojas Betancourth como nuevo presidente de la JEP.