Por: Leidy Carolina Torres Hernández

* Abogada

Según el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, la agricultura, la ganadería y la pesca aportaron el 21,1 % del PIB del Tolima en 2022, lo que lo hace el principal sector económico del departamento.

La dimensión del problema es considerable. De acuerdo con cifras de la Gobernación citadas en el informe de gestión 2023-2024 de la exrepresentante a la Cámara, Martha Alfonso, el Tolima cuenta con aproximadamente 9.765 kilómetros de vías terciarias. De esa extensión, 6.913 kilómetros estaban a cargo de los municipios y 1.894 kilómetros correspondían a la Nación, es decir que con los ínfimos presupuestos municipales deben ser construidas más del 70 % de las vías que hoy se encuentran intransitables. 

Esta red conecta veredas, corregimientos y zonas productoras con las cabeceras municipales. Su mantenimiento exige recursos permanentes, maquinaria, obras de drenaje y rehabilitación de los tramos críticos; no basta con intervenir algunos puntos.

En febrero de 2026, la Gobernación adjudicó un contrato por $16.180 millones para construir seis kilómetros de placa huella en sectores rurales de Ataco, Chaparral, San Antonio e Ibagué. En abril anunció $5.000 millones para intervenir tres veredas de Santa Isabel y, en julio, reportó la entrega de 12 placas huella en veredas de San Sebastián de Mariquita, con una inversión cercana a los $540 millones. Son obras que benefician a comunidades concretas, pero seis kilómetros de placa huella o una docena de tramos no permiten resolver las necesidades de una red que supera los 9.700 kilómetros.

En abril de 2026, la propia Gobernación reconoció el deterioro de tramos de acceso a Santa Isabel desde el sector de Palobayo; en julio, por mencionar un caso, según fuentes oficiales, se informó avances en la intervención de La Trina-El Tesoro,  Líbano, donde había puntos que se volvían intransitables durante el invierno.

Es decir, tenemos información de intervenciones en 6 municipios, de los 47 que componen el departamento, lo que evidencia la necesidad de superar las intervenciones parciales y pasar a construir una política sostenida de recuperación y mantenimiento de vías terciarias, que trascienda las administraciones de turno y la prevalencia política.

Es innegable que no intervenir las vías terciarias condena a las comunidades rurales al aislamiento y limita su acceso a mercados intermedios, perpetuando condiciones que obstaculizan una vida digna en el campo.