Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos, profesor universitario.

A la sociedad y, sobre todo, a los actores del sector agrícola les inquieta la definición y priorización de los problemas públicos del sector agrícola que hará el gobierno nacional, así como los criterios que aplicará cuando formule la política agraria nacional. Hasta ahora, los anuncios del ministro que más han llamado la atención son la denominación de los productores agropecuarios tradicionales como pequeños empresarios del campo, en lugar de campesinos; el cuestionamiento del uso de las semillas nativas o criollas; y la sustitución del cultivo de arroz por el de marañón. 

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Sin duda, el campo y los productores rurales -empresarios y campesinos- requieren mucho más que decisiones y declaraciones que sorprenden por su desarticulación con la realidad rural. La preocupación no es en vano.

En una columna anterior me referí a la propuesta gubernamental de cambiar la denominación de campesino por la de pequeño empresario del campo y señalé que una decisión de esta naturaleza despojará al campesino de la importancia que ha ganado como actor social, lo invisibilizará, lo dejará sin el estatus social que hoy tiene y, además, no lo dignificará, como, al parecer, pretende quien dirige la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ahora bien, las últimas declaraciones del ministro plantean nuevos problemas e inconvenientes. En la primera semana de octubre, en reunión con actores clave del sector agrícola (grandes productores y campesinos) del Cesar y de La Guajira, el ministro Dangond cuestionó el uso de las semillas nativas en el desarrollo de las prácticas agrícolas que se realizan en el país, porque son ineficientes y su rentabilidad es baja. Es pertinente subrayar que estas semillas, utilizadas en la producción de alimentos, son un insumo fundamental para el desarrollo de la economía campesina y de las prácticas productivas que realizan nuestros campesinos en un largo proceso agrícola que comprende la siembra, la cosecha, la comercialización de excedentes y la resiembra de aquellos frutos que, con sabiduría, seleccionan y convierten en semillas. 

El desconocimiento o destrucción de estas prácticas no sólo afecta una forma de producir, va mucho más allá porque erosiona el tejido social del campesinado, desarraiga a las comunidades de sus territorios y condena a que desaparezca un patrimonio de saberes, identidades y relaciones sociales construido, heredado y transmitido entre generaciones. 

Es indudable la importancia que en Colombia tiene la producción de alimentos realizada por la agricultura campesina y no son pocos los alimentos cuya producción se lleva a cabo con semillas tradicionales, despreciadas en la actualidad por el ministro de Agricultura. 

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura (UPRA), en el 2024 la producción campesina aportó alrededor del 70% de los alimentos representativos de nuestra canasta familiar. Esta realidad debe ser reconocida, valorada y apoyada con pronunciamientos y, sobre todo, con políticas públicas adecuadas que fortalezcan la seguridad alimentaria de la población campesina y, en general, de los colombianos. 

Otra de las declaraciones del ministro de Agricultura que ha suscitado especial atención de muchos colombianos se relaciona con la ineficiencia del cultivo del arroz y su invitación a sustituirlo por el de marañón. En palabras de este funcionario, dicha ineficiencia se debe, por un lado, al uso de las llamadas “semillas de costal” en más del 70 % de la producción nacional de este cereal y, por otro, a que su producción ha dejado de ser un negocio rentable y, por el contrario, genera pérdidas reiteradas.

Conviene reconocer que, en la actualidad, a quienes cultivan arroz no les va bien. Sin embargo, la causa de la crisis que afrontan estos productores no radica en las semillas que utilizan, sino en las condiciones estructurales del sector, las cuales se remontan, principalmente, al año 2012, cuando comenzó a regir el Tratado de Libre Comercio (TLC) o Acuerdo de Promoción Comercial, suscrito entre Colombia y Estados Unidos. 

Desde entonces, los productores colombianos enfrentan un proceso progresivo de apertura a las importaciones procedentes de ese país, cuyos productores reciben subsidios estatales, lo que profundiza las asimetrías bajo las cuales compite la producción arrocera nacional. No cabe duda de que esta situación se agravará en 2030, cuando la desgravación de las importaciones procedentes de Estados Unidos llegue a cero. En relación con este asunto, hay que decirle la verdad al país.

Sorprenden los planteamientos del ministro cuando, prácticamente, proscribe el uso de las semillas criollas en la agricultura colombiana y les achaca a estas la responsabilidad de varios de los problemas que afectan al sector agrícola, especialmente al arrocero, e invita a los cultivadores de este grano a cambiar su vocación y tradición productiva. Conviene advertir, además, que sus palabras maltratan tradiciones culturales de poblaciones de Colombia y de otros países de América Latina y ocultan las verdaderas causas de la ineficiencia económica de algunas actividades agrícolas y pecuarias, que en realidad se encuentran en las condiciones asimétricas e inequitativas pactadas en los tratados de libre comercio suscritos a partir de 1994 por los gobiernos neoliberales que hemos tenido y en los elevados costos de producción. 

Ojalá las desacertadas declaraciones del ministro a las que hemos hecho referencia no terminen convirtiéndose en lineamientos de la política agraria que orientará la gestión del gobierno nacional durante el actual periodo de gobierno. Una política pública para el campo requiere mucho más que apreciaciones emocionales o con fines mediáticos y, contrario a esto, debe estar sustentada en el conocimiento de los problemas estructurales del sector y de las realidades territoriales, sociales y productivas, y construirse teniendo en cuenta los saberes, tradiciones, necesidades y realidades de quienes viven y producen en el medio rural.