Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos, profesor universitario.

Sin lugar a duda, como ocurre con todas las instituciones del Estado colombiano, es válido y justificado pedirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una rendición de cuentas sobre los logros, resultados y acciones desarrolladas durante el tiempo que ha estado funcionando y, desde luego, ejecutando recursos del presupuesto nacional. 

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Sin embargo, es inaceptable la iniciativa apoyada por el Gobierno Nacional, aprobada en las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, de reducir en 170 mil millones de pesos el presupuesto de la JEP para el año 2027, porque la debilita y limita las posibilidades de atención efectiva de las competencias y funciones que le fueron asignadas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en 2016 por las entonces denominadas FARC-EP y el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Santos y por el Acto Legislativo 01 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Si las plenarias de las dos cámaras confirman este recorte, el presupuesto de la JEP para el 2027 se reducirá en cerca del 22% con respecto al presupuesto que tiene en 2026. Este recorte, justificado por el Gobierno Nacional en una redefinición de la política fiscal y de las prioridades de inversión, arroja muchos interrogantes, precisamente, porque algunos funcionarios y representantes de organizaciones que respaldan al gobierno nacional han expresado su oposición al mencionado Acuerdo Final y a la concepción de justicia transicional de carácter restaurativo que adoptó. 

Es indiscutible que en ellos persiste la idea de hacer trizas lo acordado, claman por largas condenas para los exguerrilleros, poco les interesa que se conozca la verdad de lo ocurrido, ni el desarrollo de las acciones conducentes a la reparación de las víctimas y, menos aún, la no repetición de lo acontecido durante seis décadas de violencia. En otras palabras, no les gusta el Acuerdo ni la justicia transicional.

No de otra forma podría entenderse el recorte presupuestal a la JEP para el 2027. Resulta contradictorio e incomprensible pedirle a esta institución mayor celeridad, más y mejores resultados en materia de justicia y de reparación a las víctimas, cuando se reduce su financiamiento, y se afecta la capacidad institucional que necesita para el trámite de los procesos judiciales agrupados en los once macrocasos que atiende y la generación de hechos sociales y jurídicos que hagan aportes significativos al desarrollo de los procesos sociales para que a futuro no se repitan los tipos de conductas violentas que hoy conoce y juzga la JEP.

Es cierto que a la JEP se le puede exigir que tenga mejores resultados, pero no se puede desconocer que el trabajo judicial que realiza es enorme: cuando comenzó a funcionar en 2018, la JEP recibió de la justicia ordinaria, la justicia penal militar y la Fiscalía General de la Nación, miles de expedientes, informes y actuaciones relacionados con el conflicto armado, que ha atendido de forma progresiva, ocupándose de casos que permanecían en la impunidad, además, ha proferido autos, sentencias y realizado cerca de siete mil audiencias en el territorio nacional. 

Aunado a ello, gracias a estas acciones, la sociedad colombiana conoce hoy las relaciones que algunas personas vinculadas a instituciones del Estado mantuvieron con grupos paramilitares, así como las vulneraciones de derechos humanos fundamentales de niñas y niños reclutados forzosamente por las FARC-EP.

Un recorte presupuestal de la magnitud señalada, afectaría a la JEP en el esclarecimiento de los macrocasos que actualmente conoce, relacionados con secuestro, falsos positivos, genocidio contra la Unión Patriótica, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, crímenes cometidos por fuerza pública y paramilitares, crímenes cometidos contra pueblos étnicos, crímenes cometidos por las FARC-EP, y violencia basada en género, y llevaría a la Jurisdicción a una situación cercana a la inoperancia, afectando su capacidad para esclarecer los crímenes más graves, identificar responsables y proteger los derechos de las víctimas. 

Es claro el propósito del Gobierno Nacional y de quienes le apoyan de desmantelar la JEP, por eso al feroz ataque presupuestal se suman las propuestas de acto legislativo que buscan, por un lado, la reducción de quince a diez años del período de funcionamiento y, por otro lado, la creación de una instancia judicial adscrita a la Justicia Penal Militar que se encargue de la revisión automática de las sentencias condenatorias en contra de militares emitidas por la JEP, con el objetivo de garantizarles penas no superiores a cinco años y acceso a la justicia transicional. 

No obstante, resulta llamativo el modelo de justicia transicional que adopta, porque el militar condenado, contrario al planteamiento de la JEP, no está obligado a aportar la verdad plena de los hechos por los cuales está imputado o fue juzgado ni a aceptar las respectivas responsabilidades.   

Por otra parte, la afectación de la JEP, como lo han sugerido algunos expertos en la materia, podría asociarse con la apertura de una puerta a la impunidad respecto de conductas que, en el pasado reciente, fueron objeto de interés por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y sobre las cuales realizó un examen preliminar. Este examen fue cerrado por la CPI en 2021, después de concluir que las autoridades colombianas tenían la voluntad política y que el Estado tenía la capacidad para investigar y juzgar crímenes como los falsos positivos, los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate, así como los secuestros atribuidos a las FARC-EP. 

Esta decisión estuvo influenciada por el reconocimiento de la Corte a la sociedad colombiana, al Gobierno Nacional y a las distintas instancias judiciales de su compromiso con la búsqueda de justicia en el marco del proceso de construcción de paz, entre las cuales destacó las funciones desempeñadas por los tribunales ordinarios, las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito y la JEP.

Finalmente, no puede perderse de vista que, en un estado de derecho, la palabra empeñada por parte del Estado no puede convertirse en promesas transitorias ni quedar sujeta a los cambios que ocurran de momento en el mundo de la política. 

Debilitar la JEP genera incertidumbre sobre las reglas que llevaron a miles de comparecientes a someterse a esta jurisdicción y a confiar en sus procedimientos; por estas razones, el Estado debe honrar los compromisos asumidos, preservar la seguridad jurídica de quienes hoy son investigados y juzgados, y garantizar que las reglas pactadas no se modifiquen a mitad del camino. 

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Ojalá el gobierno del presidente De la Espriella y sus aliados no debiliten la JEP porque pueden poner en riesgo jurídico a exguerrilleros y militares que hoy están siendo juzgados por esta Jurisdicción.