Por Miguel Casas Silva
*Abogado

Hay territorios que la guerra marcó tan profundo que el mundo los recuerda únicamente por sus heridas. El Sur del Tolima es uno de ellos. Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco cargaron durante décadas el peso de ser la cuna de las FARC, el corredor del narcotráfico y el escenario de una violencia que no distinguía entre combatientes y familias campesinas. 

Más de 26.000 víctimas aparecen en el Registro Único de Víctimas, cerca de 19.000 casos de desplazamiento forzado, más de 1.400 homicidios documentados y decenas de casos de desaparición forzada, son las cicatrices que quedaron en cuatro municipios que suman apenas unos 120.000 habitantes. Son cifras que no caben bien en ningún papel.

• Puede leer: Cajamarca, un cruce de caminos

Pero hay otra historia sobre ese mismo territorio. Una que ocurrió en silencio, sin titulares, entre aproximadamente 2005 y 2022, y que convirtió al Sur del Tolima en algo que muy pocas zonas de posconflicto en Colombia pueden mostrar: una transformación territorial real, verificable y sostenida. No perfecta. No completa. Pero real. Esa historia merece contarse, sobre todo ahora que el territorio vuelve a encenderse y que quienes deberían proteger lo construido parecen no tener memoria de cómo se construyó.

El punto de partida importa para entender la magnitud del cambio. Solo en el año 2000, el desplazamiento forzado expulsó a 9.785 personas de estos cuatro municipios. El Frente 21 de las FARC controlaba corredores entre el Pacífico, el Cauca y el centro del país a través del Cañón de Las Hermosas. Las tasas de homicidio en Ataco, Chaparral y Planadas superaban ampliamente la media departamental durante la primera década del siglo. El reclutamiento forzado de menores era una práctica sistemática. Y sobre todo eso, la economía ilícita, primero amapola y luego coca, era para miles de familias la opción más rentable y a menudo la única accesible en un territorio abandonado por el Estado durante generaciones.

Lo que ocurrió entre 2005 y 2016 no fue espontáneo. Fue el resultado de una convergencia institucional que raramente se da. El programa Familias Guardabosques sembró la primera semilla: erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y, quizás más importante, formación de liderazgos comunitarios en los que las mujeres empezaron a ser protagonistas por primera vez, y de los que surgieron las primeras organizaciones de productores que sin saberlo estaban escribiendo las páginas más importantes del desarrollo rural del sur del Tolima. Sobre esa base, los programas de cooperación de USAID, ADAM, MIDAS y Colombia Responde, construyeron durante una década la infraestructura organizacional que el territorio necesitaba: asociaciones de productores, capacidad técnica, acceso a mercados de especialidad en Europa, Japón y Estados Unidos. 

• Lea también: En el Líbano, una reunión de expectativas y tensiones internas

Al café, motor principal de esa transformación, se sumó el cacao como segunda apuesta productiva, con cerca de 1.000 familias agrupadas en seis asociaciones que en ese período iniciaron su proceso de modernización y renovación de plantaciones. El resultado lo midió la única variable que no miente en territorios de conflicto: la violencia descendió de manera sostenida durante casi tres lustros.

Lo que quedó en el territorio no fue solo infraestructura ni mercados. Quedó algo más difícil de construir y más difícil de destruir: una cultura de colaboración arraigada en las organizaciones productivas y en las comunidades. La participación comunitaria, la corresponsabilidad y el co-liderazgo entre actores institucionales y sociales dejaron de ser conceptos de manual y se convirtieron en la forma concreta en que el sur del Tolima empezó a transformarse. No por casualidad, esos mismos principios son el corazón de la Reforma Rural Integral, el capítulo más ambicioso y más incumplido del Acuerdo de Paz. Las comunidades ya los practicaban. El Estado nunca terminó de aprenderlos.

A ese esfuerzo se sumó, con inversión propia y voluntad política sostenida, la Gobernación del Tolima. En el cuatrienio 2008-2011 se movilizaron más de  $270.000 millones entre todas las fuentes institucionales, con obras educativas, intervenciones viales y apoyo a las cadenas productivas de café y cacao. El Contrato Plan de la Nación, suscrito en 2013 con $900.000 millones, institucionalizó esa convergencia e intervino 48,29 km del Anillo Vial del Sur que durante décadas habían sido el principal obstáculo para sacar el café al mercado.

El Acuerdo de Paz de 2016 llegó a un territorio que ya había avanzado. Las FARC se desmovilizaron, los combates cesaron y las comunidades vivieron por primera vez en décadas algo parecido a la normalidad. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET prometerían consolidar institucionalmente lo que la cooperación internacional había construido. La implementación avanzó, pero no con el enfoque acordado. El gobierno Duque priorizó los componentes de seguridad que le daban rédito político bajo el rótulo de paz con legalidad, y ejecutó inversiones en infraestructura y sustitución de cultivos, pero dejó en un segundo plano la reforma rural integral, la participación comunitaria y los mecanismos de justicia transicional que eran el corazón del Acuerdo en estos territorios. 

El gobierno Petro llegó con una narrativa de paz total que resonó con fuerza en municipios como Planadas, donde había nacido la guerrilla. Hubo avances reales: la entrega de tierras y la titulación avanzaron, se creó la zona de reserva campesina de Chaparral, el programa Caminos Comunitarios para la Paz llegó a estos municipios, las inversiones en cafés especiales continuaron, y se dieron pasos históricos como el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos y el impulso a la jurisdicción agraria, que aún espera su implementación efectiva. Pero la gestión con frecuencia desconectada de las realidades del territorio frenó lo que el discurso prometería. En el Sur del Tolima, como en tantos otros lugares, la brecha entre la narrativa y la ejecución siguió siendo el problema central.

USAID, antes de que la administración Trump ordenara su cierre en 2025, había tomado la decisión interna de reorientar sus recursos hacia otros territorios con mayores desafíos humanitarios. El Sur del Tolima era, en su clasificación, un caso exitoso. Esa lectura era en gran medida correcta: USAID cumplió lo que se propuso y dejó un territorio empoderado. El problema no fue que USAID se fuera. El problema fue lo que no llegó a reemplazarla.

Los números de Medicina Legal dicen lo que las declaraciones oficiales callan: 28 muertes violentas en los cuatro municipios en 2020, 41 en 2021, 63 en 2022. Una pendiente que no necesita análisis. Las disidencias no regresaron porque el café fracasó. Regresaron porque el Estado colombiano no cumplió lo que se comprometió a hacer cuando firmó el Acuerdo de Paz, y los dos gobiernos que sucedieron a Santos prefirieron, cada uno a su manera, otra agenda.

• Además: Brujos y hechiceros en El Espinal

Esta es la primera de tres columnas. La segunda responde la pregunta central: cómo y por qué funcionó la transformación en el Sur del Tolima cuando en el resto de los territorios PDET no ocurrió nada comparable, y qué papel concreto jugó la economía de los cafés especiales en esa historia. 

La tercera aborda lo que está en juego: si esa economía logró consolidarse como alternativa sostenible sin cooperación internacional y con la reescalada del conflicto, y qué significa para Colombia perder el único laboratorio de paz que realmente funcionó.