Por Jonathan Ortiz
*Geólogo

Hay frases que funcionan muy bien en campaña, pero muy mal frente a la realidad del territorio. “Fracking a lo que dé” es una de ellas. Suena fuerte, decidida y rentable. Pero el subsuelo no se gobierna con arengas. Se entiende con ciencia, se interviene con prudencia y se regula con instituciones sólidas.

Tengo profundos reparos frente a la posibilidad de abrirle la puerta al fracking en Colombia. No porque desconozca la técnica, ni porque crea que toda actividad extractiva sea ilegítima por definición. Mis reparos nacen precisamente de comprender que una técnica de alta complejidad no puede venderse como una solución fácil para problemas económicos, energéticos o fiscales.

El fracking no es simplemente perforar y producir. Es intervenir formaciones de muy baja permeabilidad mediante fracturamiento hidráulico multietapa, perforación horizontal, uso intensivo de agua, manejo de fluidos de retorno, disposición de residuos, monitoreo sísmico, integridad de pozos, control de presiones, licenciamiento ambiental, seguimiento permanente y vigilancia estatal rigurosa.

• Lea también: El bolsillo no tiene ideología

Y ahí aparece la primera gran contradicción: se propone hacer fracking “a lo que dé”, mientras se habla también de recortar el Estado, reducir burocracia, fusionar o eliminar instituciones y achicar el aparato público. Pero el fracking, si algo exige, es precisamente un Estado fuerte. No un Estado inflado e ineficiente, por supuesto, sino un Estado técnicamente competente, con presencia territorial, independencia regulatoria, capacidad sancionatoria y entidades capaces de hacer seguimiento antes, durante y después de cada operación.

La pregunta no es solamente si Colombia tiene geólogos, ingenieros, hidrogeólogos, geofísicos o especialistas ambientales capaces. Claro que los tiene. La verdadera pregunta es si el país cuenta con instituciones suficientemente robustas para controlar una actividad de alto riesgo técnico, ambiental y social.

¿Quién garantizaría las líneas base hidrogeológicas? ¿Quién verificaría la integridad de los pozos? ¿Quién fiscalizaría la composición de los fluidos? ¿Quién monitorearía la sismicidad inducida? ¿Quién revisaría los planes de contingencia? ¿Quién impondría límites cuando la operación deba detenerse? ¿Quién protegería a las comunidades frente a una industria con enorme poder económico?

Si al mismo tiempo se debilita el Estado que debe responder esas preguntas, entonces el discurso del “fracking responsable” se queda sin piso.

Se nos dice que puede existir un “fracking sostenible”. La expresión suena tranquilizadora, casi perfecta para una campaña política. Pero merece ser discutida con rigor. Sostenible no es aquello que se anuncia con buenas intenciones, ni aquello que promete regalías, empleo o tecnologías de punta. Sostenible es lo que puede demostrar, durante todo su ciclo de vida, que no compromete el agua, la estabilidad ecosistémica, la salud de las comunidades, la confianza pública, la seguridad climática y la capacidad de las generaciones futuras para decidir sobre su territorio.

Bajo esa definición, el fracking en Colombia resulta, como mínimo, profundamente inconveniente.

El agua es uno de los puntos centrales. No basta con decir que otras actividades consumen más. Esa comparación puede servir para una tabla estadística, pero no resuelve el problema territorial. El agua no se discute solamente en porcentajes nacionales, sino en cuencas concretas, en temporadas secas, en municipios con acueductos frágiles, en comunidades que ya tienen conflictos por abastecimiento y en ecosistemas donde la disponibilidad hídrica no se mide únicamente por volumen, sino por oportunidad, calidad y función ambiental.

Una cosa es hablar del agua desde una oficina en Bogotá; otra muy distinta es explicarle a una comunidad por qué una operación industrial de alta demanda hídrica no afectará su seguridad hídrica cuando el Estado ni siquiera ha logrado garantizar plenamente agua potable en muchos territorios.

Colombia no parte de cero, pero tampoco parte de una institucionalidad impecable. Tenemos una larga historia de buenas normas en el papel y débiles controles en el territorio. Tenemos conflictos socioambientales mal tramitados, licenciamientos cuestionados, baja confianza ciudadana, presencia desigual del Estado y una tendencia peligrosa a prometer desarrollo sin garantizar justicia ambiental. En ese contexto, hablar de fracking responsable sin resolver primero las fallas institucionales es poner la carreta delante de los bueyes.

Además, el argumento económico no puede ser el único criterio de decisión. Es cierto que Colombia necesita seguridad energética, ingresos fiscales, empleo y una transición ordenada. Pero una cosa es reconocer la dependencia actual de los hidrocarburos y otra muy distinta es profundizarla mediante una técnica que puede encadenar al país a nuevas fronteras fósiles justo cuando el mundo discute cómo reducir emisiones, diversificar matrices y acelerar transiciones productivas.

Ahí aparece la dimensión ética. ¿Es legítimo trasladar a las comunidades locales los riesgos ambientales, hídricos, paisajísticos y sociales de una operación cuyos beneficios principales suelen contabilizarse en balances nacionales, balances empresariales o discursos fiscales? ¿Es justo pedirles confianza a territorios históricamente incumplidos por el Estado? ¿Es responsable presentar como solución nacional una actividad que puede profundizar conflictos territoriales y aumentar la dependencia de una economía extractiva?

• Puede leer: Del odio y otros demonios electorales

La técnica sin ética se convierte en simple capacidad operativa. Y un país no se construye únicamente con capacidad de perforar, sino con capacidad de decidir responsablemente.

No comparto la idea de que oponerse al fracking sea oponerse al desarrollo. Ese es un falso dilema. El verdadero debate es qué entendemos por desarrollo. Si desarrollo significa sacrificar confianza institucional, aumentar conflictos territoriales y aplazar la transición energética bajo la promesa de ingresos rápidos, entonces estamos repitiendo una vieja fórmula: extraer primero, reparar después, explicar tarde y socializar cuando ya todo está decidido.

Colombia debe tener el valor de decir que no todo recurso técnicamente explotable es social, ambiental e institucionalmente conveniente.