Por: Gloria Aponte García
*Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas

Estuvo interesante la reunión en CORTOLIMA el pasado viernes 5 de junio, convocada por la Mesa del Acuífero de Ibagué, con participación de representantes de varias entidades de la administración municipal de Ibagué. Siempre se aprende en estos eventos, pero tristemente también se evidencia la tremenda falta de articulación para avanzar conjuntamente y superar tropiezos hacia un mejor futuro.

La conservación de la naturaleza y el bienestar de las comunidades no son incompatibles, pero demandan manejo responsable para mantener el equilibrio; no es  cuestión de "todo o nada", o de blanco o negro, como quedó sugerido en algunas de las exposiciones.

El tema central, por supuesto era el acuífero de Ibagué y su manejo. Para CORTOLIMA son solo tres las áreas de recarga del acuífero -coincidente con el abanico de Ibagué- y solo tres las que merecen protección.

Entonces, vale la pena llamar la atención sobre la innegable realidad de que los ecosistemas tienen diversos valores ecológicos; los paisajes diversos valores culturales y las necesidades humanas diversos intereses económicos. Y que por lo mismo, merecen distintos niveles o categorías de protección.

En el contexto del ordenamiento territorial relacionado con un acuífero subterráneo, no es razonable manejar el territorio como si fuera simplemente "protegido" o "no protegido". Los acuíferos requieren una zonificación por niveles de vulnerabilidad y función hidrogeológica y una respuesta clara para su manejo según categorías, que bien pueden ser:

• Protección estricta

• Protección alta

• Protección moderada

• Protección condicionada

• Recuperación o restauración

Categorías éstas, que responderían a lineamientos acordados, para ir en pro de un equilibrio beneficioso en todo sentido, y que dependen de cómo se presentan, en cada zona, factores tales como la vulnerabilidad a la contaminación, la permeabilidad natural de los suelos, la profundidad del nivel freático y la presencia de ecosistemas asociados, entre otros.

Es decir, sería más efectivo hablar de niveles de protección y manejo que de un control uniforme sobre todo el acuífero. Esto permite proteger las zonas críticas de recarga y abastecimiento, al mismo tiempo que se mantienen actividades económicas compatibles en las áreas de menor singularidad ecosistémica o riesgo.

Esto se puede lograr mediante la articulación  de las autoridades ambientales (léase CORTOLIMA y Secretaría de Ambiente) con los responsables de establecer, reglamentar y manejar el instrumento del ordenamiento territorial municipal. En la reunión mencionada fue claro que el POT de Ibagué (2014), que se encuentra en sus últimos meses de vigencia, no tuvo en cuenta la existencia del acuífero. ¡Impresionante! Y cada vez se pospone más el compromiso con el profundo ajuste que requiere.

Como bien decía un funcionario, conocido y conocedor, en columna de El Cronista (30 de Mar 2024): “Lastimosamente el POT de Ibagué no fue diseñado por visionarios que pensaran el desarrollo de la ciudad en prospectiva (…) al POT le faltó orden, visión y una batería de complementos normativos (…).”

La coordinación institucional alrededor del acuífero es uno de los mayores desafíos, porque el sistema hidrogeológico no coincide con los límites administrativos de municipios, corregimientos, veredas o jurisdicciones ambientales. Por eso, las categorías de protección deberían ir acompañadas de una estructura de gobernanza claramente definida y, sobre todo, articulada.

La guía existente es el PMAAI, Plan de manejo ambiental del acuífero, que produjo el Consorcio Alvarado en 2015. Es denso y muy completo, pero difícilmente trasciende a la sociedad o comunidad en general, para una mejor comprensión de la particular riqueza del lugar que habitamos. 

Fuente: Consorcio Alvarado. PMAAI 2015

Un modelo como este, mejorado por supuesto pues ya han transcurrido 10 años en los que la tecnología ha avanzado a grandes pasos, es imprescindible para dialogar, entender y trascender.

Las bases generales están en el Servicio Geológico Colombiano y en el IDEAM; las bases regionales en CORTOLIMA, como autoridad ambiental pero, insisto, falta mayor interacción con los demás involucrados: empresas de servicios públicos, usuarios agrícolas e industriales, comunidades locales, academia y centros de investigación.

No se trata de reemplazar competencias establecidas, pero sí de facilitar decisiones coordinadas. Sin una base común de información, cada entidad termina tomando decisiones aisladas. Por eso es conveniente aplicar el principio de corresponsabilidad bajo el cual:

• En zonas de protección absoluta predominen las decisiones ambientales.

• En zonas intermedias se comparta la gestión entre ambiente, planeación y usuarios.

• En zonas de aprovechamiento condicionado tengan mayor peso los actores económicos, pero con condicionantes ambientales.

De lo contrario, la zonificación queda como un simple mapa técnico, bidimensional, sin capacidad real de orientar las decisiones sobre el territorio. Apuntémosle, entonces, a una gama de grises, minimizando el poder de los extremos “blanco o negro”.