Por David Jacobo Gómez Zamora

Efectivamente, eliminar la utilización de armas en los civiles en un país como Colombia con sus índices de violencia sirve para disminuir el número de homicidios y otros delitos.

Si realmente un gobernante quiere disminuir los delitos, no debe iniciar decomisando las armas legales con porte autorizado por el Estado, porque lo que realmente sirve para tener menos homicidios es reducir el número de armas ilegales en nuestro país.

Ni una sola arma con porte legal ha asesinado a un líder social, en cambio, todos los líderes sociales exterminados, han sido asesinados con armas ilegales en manos de sicarios y grupos al margen de la ley. El desarme del mercado negro es el que urge.

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Desde el 2017, la Fundación Ideas Para La Paz (FIP) lleva alertándonos del problema de las armas ilegales. La FIP mostró con un informe que estas armas en manos de civiles oscilan en 4.264.790, y eso que es un número aproximado, dado que no hay registros oficiales. Nadie las regula, ni sabe con exactitud matemática cuántas hay, lo que de entrada ya nos dice que el problema está ahí, tanto como por cantidad (son millones), como por falta de vigilancia.

No se sabe con certeza a dónde van a parar, y para que serán utilizadas las mismas, se puede suponer rápidamente que casi todas esas armas ilegales serán usadas para la comisión de graves delitos.

Ahora bien, si contrastamos esta información de las armas ilegales con las armas con porte autorizado por las autoridades, encontramos que las armas legales no son un problema. De las armas legales sabemos cuántas son, es totalmente verificable en los archivos de Indumil (industria militar) que no superan el millón. Las autoridades conocen dónde están, quién las tiene. Por último, cuando el Estado lo desee, puede ir por todas. No requiere complejidad el desarmar a la población legalmente armada.

Ahora, si se intenta hacer la misma tarea con la población ilegalmente armada, ya no será tan sencillo, porque esta requiere de una política pública que toma tiempo, muchos años de esfuerzos, y de encontrar mecanismos diferentes al Derecho Penal.  En Colombia es delito tener un arma sin autorización legal por el gobierno. Sin embargo, el fenómeno de las armas ilícitas es altísimo.

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En conclusión, la ley penal por sí sola no ha disminuido el fenómeno, así que debe ir acompañada de muchas medidas. El desarme de la población ilegalmente armada se conseguirá por la vía de la desarticulación de estructuras criminales, junto con incentivos al desarme ciudadano, llevando a cabo una persecución eficaz al mercado negro, con educación y la eliminación de una cantidad de factores que hacen que la gente se arme.

Por otra parte, las armas con porte legal suman 702.210 y sus destinatarios, no solo son personas naturales, sino también personas jurídicas (empresas).  Les dan a sus trabajadores de la seguridad privada la posibilidad de la utilización de armas de fuego de acuerdo con los niveles de riesgo (lo que se entiende por celadores, guardas de seguridad, hombres de protección, etc.).

En muchos casos estos trabajadores son escoltas dedicados a la protección de líderes ambientales y sociales. Las propuestas de desarme a la población legalmente armada, además de no tener sentido, y de no solucionar el problema, deben contemplar, por un lado, que la seguridad privada también es sociedad civil. Ellos no pueden ser objeto de tales prohibiciones con la justificación de reducir homicidios, cuando ellos precisamente están instituidos para evitarlos en las personas que protegen.

No sé con rigor si el problema es que el nuevo gobierno o no estudió bien el tema o lo estudió y no lo supo analizar y cuantificar.  La conclusión es clara, el verdadero problema es los millones de armas ilegales sin control en las calles, y no las armas en manos de quienes atendiendo requerimientos legales. Estos han logrado conseguir un permiso de porte y tenencia, en casos excepcionales de ausencia de seguridad del Estado.