Por: Edgardo Ramírez Polanía

Existe la creencia que el ser humano es dueño de su propio destino, y no es así, porque sus decisiones están condicionadas a los medios de que disponga para ejercerlas mediante variables y circunstancias que no están bajo su dominio como sucede con su capacidad, las leyes o las cargas impositivas.

La reforma tributaria propuesta por el nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro, a quien ayudamos a elegir, ha suscitado varios interrogantes y preocupaciones en la población por los efectos que suscita en el conglomerado social de más bajos ingresos como son los pensionados o jubilados por vejez, a quienes los gobiernos siempre buscan rebajar ese derecho o aumentarles la edad para acceder a ese beneficio, como si los dineros fueran del Estado y no el aporte de las personas en su vida laboral.

Otra cosa es que el gobierno haya aplicado a finalidades diferentes esos dineros que tienen un origen y destinación específica regulada por la ley y la Constitución para que no sea disminuida.

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Los lineamientos de esa reforma tributaria que le tenían lista al Ministro Ocampo los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, fue impuesta por la OCDE, o “sociedad de los países ricos” una organización que dice ser la abanderada de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue creada para promover políticas que mejoraran el bienestar económico y social de las personas de los diferentes países. 

Sin embargo la OCDE, propende por reformas tributarias regresivas, menos salarios, bajas pensiones, más edad y cotización. Colombia inició su proceso de adhesión a la Ocde en el 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que se cree de la dinastía de los Ausburgo, un gobierno rodeado de corrupción, apariencia y despilfarro, que contribuyó ampliamente en llevar el país a la ruina de la que pretendemos salir si tenemos decisión y apoyo al gobierno sobre la base fundamental de la equidad.

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La disminución o impuestos a las pensiones de un poco más de 10 millones de pesos, no solamente se viola le ley y la Constitución, sino el mínimo vital de sostenimiento de los pensionados.
Los derechos adquiridos de las pensiones consagrados en Constitución Nacional y numerosas sentencias de la Corte Constitucional, son intangibles tanto para quien esté jubilado como para quien aún no lo está (Art. 58 de la Constitución). 
Gravar a las pensiones es un despojo o confiscación (Sentencia C-293/20) y el Estado deudor pasa a ser Estado acreedor del pensionado, porque el Gobierno no pagó la billonaria deuda al ISS ni a otros trabajadores y pensionados.

Además, los drásticos recortes por impuesto sobre la jubilación, lesionan las mesadas pensionales, como también el 12% y más que pagan los pensionados para servicios de salud, y el alto costo de la medicina prepagada de una población que dio todo de sí para la continuidad de nuestras instituciones Republicanas. Desconocer este hecho no es sólo ignorancia sino arbitrariedad.

Con el impuesto pretendido el Gobierno reduce la mesada pensional y desconoce el Acto Leg. N° 1 de 2005: “…por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho", y el parágrafo del Acto Leg. N° 3 de 2011 que prohíbe “invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Esperamos que varios congresistas que han analizado este asunto y han manifestado su interés de apoyar el sostenimiento de la ley lo hagan, que los viejos se lo agradecerán.