Por: Humberto Leyton

Empezamos por reconocer la razón que tienen los propietarios de predios que protestan por los errores, fallas, injusticias, incluso, por los posibles actos dolosos que se hayan podido presentar en la elaboración de los estudios de actualización catastral en Ibagué.

La responsabilidad directa de esta situación corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), encargado de realizar esta tarea en todo el país. En esta capital, mediante convenio suscrito con la alcaldía por nueve mil millones pesos, donde el secretario de Hacienda Juan Espinosa, como interventor ha debido hacerle un seguimiento y constatar que se cumplieran los términos de referencia del contrato. Por eso, este funcionario era el encargado de prever cualquier situación que se pudiera registrar anómala y mantener permanentemente informado al alcalde sobre el desarrollo de este delicado tema. Desconocemos si esta labor la cumplió a cabalidad.

Análogo a esto, hay quienes critican a Jaramillo, por haber improvisado en la implementación del cobro del tributo en plena campaña electoral, que ha debido de hacerlo en su primer año de gobierno o esperar a que pasaran las elecciones del 11 de marzo, máxime cuando, en algunos casos, el impuesto se fijó en forma exagerada.

Quienes conocemos desde hace varios años a Guillermo Alfonso, sabemos de su carácter y temperamento, entendemos que toma esas decisiones sin ningún cálculo y sin medir consecuencias políticas. No va a engañar a nadie en este sentido.

Nos preguntamos si, ¿por qué el nefasto exalcalde Luis H. Rodríguez, no cumplió con este deber, si era el llamado a cumplir con la norma del reajuste catastral cada cinco años?  ¿Por qué los dos o tres periodistas que hablan del 'predialazo' no cuestionan a este exfuncionario como principal responsable de lo que estamos viviendo? No hemos escuchado hasta el momento a ninguno de estos comunicadores que le vayan a instaurar una denuncia por prevaricato por omisión a Luis H. En cambio, sí, toda la responsabilidad de este evento se la trasladan a la actual administración, cuando en verdad los llamados a enfrentar la situación son el IGAC en primer lugar y el secretario de Hacienda en su condición de interventor.

El papayaso dado por la administración municipal con el cobro del predial está siendo utilizado oportunistamente para hacer política y campaña electoral por parte de partidos de derecha, extrema derecha y adversarios del mandatario local para realizar movilizaciones y protestas, impulsados y organizados desde los micrófonos de la Cariñosa y Ondas de Ibagué. Que no quede la menor duda.

La prueba de lo que estamos diciendo queda plenamente comprobada cuando se insiste mañosamente en que las causas que crearon el problema están intactas, cuando ya la administración tomó medidas urgentes para subsanar el problema, entre las que se encuentran: la propuesta de Fedelongas para aliviar el pago del predial; la atención de los afectado por la actualización catastral por parte del IGAC en los puntos establecidos por la alcaldía y el nombramiento de abogados para atender las quejas y asesorar a los contribuyentes, entre otras. (Puede leer: Jaramillo recibió propuestas de Fedelonjas para aliviar pago del predial) Igualmente puede consultar: (100 abogados atenderán reclamos sobre el predial en Ibaguué)

¿Periodistas o políticos?

La desinformación, manipulación y tergiversación de la información sobre este caso no tiene límites. Los periodistas olvidaron el verdadero rol que les corresponde de informar veras, imparcial y objetivamente sobre los acontecimientos y se dedicaron a ser agitadores de protestas. En este marco, es cuestionable la labor que realizan por desnaturalizar la esencia del periodismo y defender causas personales como aspirantes a cargos de elección popular. (Puede leer: "Cuando el ejercicio del periodismo se desfigura")

En estas condiciones, con derechos legítimos, los periodistas pasan a ser políticos y convierten sus medios en una tribuna donde solo hablan los enemigos del alcalde; presentan testimonios con grabaciones distorsionadas de presuntos contratistas y encuestadores, suministran información sesgada y en ocasiones falsa, y todo a cuenta de una espiración a la alcaldía de la que trataremos en futuras notas.

En este coro de oposición los únicos protagonistas son los beneficiados de la pasada administración de Luis H. Rodríguez, los concejales Carlos Portela, Jorge Bolívar y Humberto Quintero, quienes recibieron dádivas y contratos a manos llenas; el abogado Gustavo Osorio, ferviente pregonero de la campaña de John Esper Toledo, a quien Luis H. quería dejar como sucesor para que le tapara sus delitos;  además de un grupo de amigos del hoy detenido exalcalde, obviamente incluyendo a los periodistas promotores de las marchas y protestas, como Rubén Darío Correa, Mauricio Vargas y Héctor Sánchez,  entre otros, quienes como se sabe, fueron generosamente recompensados con millonarios contratos de esa administración, tal y como lo dijo en un comentario en La Voz del Tolima, el periodista Edgar Antonio Valderrama. Y esto no es persecución ni desprestigio, los contratos y documentos sobre las millonarias sumas pagadas existen y son reales.

Este tema es demasiado extenso y tiene muchas aristas. Por el momento solo nos cabe preguntar: ¿Quién o quienes están financiado este movimiento de desprestigio mediático contra el alcalde Jaramillo, el que ha propósito ha sido permanente desde que asumió el poder? Eso no se financias con dos ni cinco pesos.

¿Por qué todo el escándalo que están armando ahora, y los debates que hacen en el concejo municipal no se los hicieron a Luis H. cuando el caso de los Juegos Nacional y el crédito de los 100 mil millones que estamos pagando y que no se sabe qué se hicieron?

¿Será que, en el fondo, además de ganar réditos políticos para la campaña a la alcaldía del 2019, tratan de resucitar a Luis H. y de paso pagar la deuda de gratitud que tienen con este sibilino personaje?