Por: Felipe Alejandro González Sabogal

*Abogado. Magister en DDHH y Democracia. Magister en Gobierno y Relaciones Internacionales

No existe un factor único que permita establecer con exactitud el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en un departamento del territorio nacional. Sin embargo, el derecho a la vida constituye un indicador transversal del estado de garantía integral de los derechos humanos.

• Puede leer: El desafío ambiental del Tolima: ¿Quién paga después del fuego?

Es considerado un valor fundacional del Estado de Derecho y un prerrequisito esencial para hacer posible la protección efectiva de los demás derechos. En el Tolima, la vida y los derechos humanos se encuentran en alerta roja y bajo una grave situación de amenaza, como lo demuestran los datos más recientes.

La principal afectación al derecho inherente a la vida es la privación arbitraria o intencional de la existencia humana, cuya expresión más grave se manifiesta, jurídicamente, en conductas como el homicidio. El homicidio y el sicariato son precisamente algunas de las expresiones de violencia que han adquirido una dimensión preocupante en el Tolima, constituyéndose en una señal evidente de la crisis que atraviesa el departamento en materia de derechos humanos. Si no es posible garantizar el derecho a la vida, difícilmente pueden garantizarse de manera efectiva los demás derechos.

Según los datos de la propia Gobernación, con corte al mes de julio del año en curso, “el Tolima registraba 163 homicidios, frente a 87 registrados en el mismo período de 2025”, lo que representa un incremento significativo frente al mismo período del año anterior. Los municipios más afectados para este corte han sido Ataco, con 26 homicidios; El Espinal, con 17; e Ibagué, con 75.

Estas cifras evidencian la grave afectación del derecho fundamental a la vida en el departamento y, particularmente, en su capital. La presencia y actividad de grupos armados vinculados al conflicto armado y al narcotráfico, que históricamente han mantenido influencia en distintos sectores del territorio, así como el microtráfico y el creciente clima de inseguridad urbana, inciden directamente en este preocupante panorama.

No proteger ni garantizar el derecho a la vida constituye un asunto de máxima gravedad para las administraciones departamental y municipales, dado que este derecho se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia.

Fallar en la protección de la vida supone una grave deficiencia frente al fundamento jurídico del Estado Social de Derecho y una transgresión directa de los principios éticos que fundamentan los derechos humanos y la democracia.

La principal afectación al derecho a la vida en el Tolima no se limita al número de homicidios, sino que también se manifiesta en la normalización de la muerte violenta como parte de la cotidianidad de varios municipios, frente a administraciones que parecen inertes y que poco o nada reaccionan ante este preocupante escenario de violencia y muerte.

• Lea también: Militar la esperanza: una receta ante el desastre

Para colmo de males, es ampliamente reconocido que las agresiones contra el derecho a la vida están estrechamente relacionadas con la disponibilidad y circulación de armas de fuego, una situación que podría agravarse a partir de las últimas decisiones adoptadas por el actual gobierno guerrerista.