Por: Miguel Bermúdez J.

No es una anécdota aislada ni solo un problema de "cultura ciudadana", como insisten en repetir quienes deberían resolverlo. Es una crisis estructural del servicio público de aseo que hoy compromete la salud, la imagen y la dignidad de toda la ciudad.

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Un servicio que se cobra puntual pero no se presta con oportunidad; la contradicción es evidente para cualquier ibaguereño: la factura del servicio de aseo llega cumplida cada mes —y en muchos casos representa una porción desproporcionada del recibo de servicios públicos de hogares y negocios—, pero la recolección no cumple ni los horarios ni la frecuencia pactada. En sectores como Acqua, la calle 37, la avenida Guabinal, la Ciudadela Comfenalco, El Pedregal, Simón Bolívar y las comunas 6, 7, 8 y 9, los residuos se acumulan durante días, generando focos de insalubridad, malos olores y un deterioro visible del espacio público.

Los relatos ciudadanos coinciden en un mismo patrón: camiones que no pasan en los horarios y días prometidos, quejas que no encuentran una línea efectiva de respuesta y una sensación generalizada de que, pese a pagar por un servicio que debería operar las 24 horas, los ibaguereños quedan a merced de la buena voluntad del operador.

Interaseo: entre la crisis financiera y las dudas sobre su capacidad operativa

La empresa Interaseo S.A.S. E.S.P., encargada de la recolección en Ibagué, ha reconocido ante la Administración Municipal que atraviesa dificultades económicas, y esto sin duda estaría afectando la calidad y el cumplimiento de su operación. En meses anteriores, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué habría señalado públicamente que ese es el argumento presentado por la empresa para explicar los retrasos, aunque fue enfático en que esa situación financiera no puede trasladarse como excusa a los ciudadanos que sí cumplen con su pago.

A esa fragilidad económica se suma una deuda superior a los 6.000 millones de pesos que Interaseo mantendría con Ibagué Limpia por concepto de compensación, así como la deuda por servicios ambientales, cuya cartera supera a la fecha los 110 días. Lo más delicado es que esos recursos están destinados a ser reinvertidos en la ciudad.

Es decir: mientras los ibaguereños pagan cumplidamente su factura, el operador arrastra una cartera morosa con la entidad que debería vigilarlo, lo que dificulta la financiación de mejoras y controles.

También existe una disputa abierta sobre el número real de vehículos disponibles para la recolección. Mientras Ibagué Limpia ha alertado sobre un déficit de compactadores, la gerencia de Interaseo sostiene que cuenta con 14 vehículos compactadores operando en las 13 comunas de la ciudad. Esa falta de claridad sobre un dato tan básico —cuántos carros recolectores existen realmente y en qué estado operan— es en sí misma una alarma sobre la ausencia de supervisión rigurosa y de información pública verificable.

A esto se suma un factor externo que agravó la crisis en meses recientes: el bloqueo de la vía de acceso al relleno sanitario La Miel por parte de comunidades aledañas, lo que impidió a los camiones descargar los residuos, saturó el sistema de recolección y multiplicó los retrasos en toda la ciudad.

La Procuraduría ya encendió las alarmas

La situación ha escalado hasta el ámbito del control disciplinario. La Procuraduría General de la Nación le exigió formalmente a la alcaldesa Johana Ximena Aranda adoptar medidas inmediatas y efectivas frente a la crisis de recolección de basuras que afecta a varios sectores de la ciudad. No es un llamado de atención menor: es una señal de que, para un ente de control nacional, la respuesta de la Administración Municipal hasta ahora ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

La propia alcaldesa ha reconocido públicamente las falencias del operador y ha llegado a plantear la posibilidad de cambiar de empresa prestadora si la situación no mejora; sin embargo, este anuncio corre el riesgo de convertirse en un mensaje populista vacío y sin resultados.

Lo que la ciudad no puede seguir tolerando

Ibagué no puede seguir pagando un servicio de primera categoría para recibir una atención de última. La ciudadanía tiene derecho a saber, con cifras claras y verificables, cuántos vehículos operan realmente, cuál es el estado financiero de Interaseo, qué controles está ejerciendo Ibagué Limpia sobre esa deuda pendiente y qué plan de choque concreto —con fechas y responsables— se está ejecutando para normalizar el servicio.

Alcaldesa Aranda: la ciudad exige acciones, no promesas

A la alcaldesa Johana Aranda le corresponde, de manera urgente:

•⁠  ⁠Hacer pública y auditable la información financiera y operativa de Interaseo, incluyendo el estado real de la flota de vehículos y el cumplimiento de rutas y horarios en cada comuna.

•⁠  ⁠Exigir el pago de la deuda que Interaseo mantiene con Ibagué Limpia como condición para continuar operando, y explicar a la ciudadanía qué consecuencias contractuales tendrá el incumplimiento.

•⁠  ⁠Fortalecer los canales de atención de quejas, de modo que un reporte ciudadano tenga respuesta y solución en horas, no en días.

•⁠  ⁠Rendir cuentas ante la Procuraduría con un cronograma público de acciones y metas verificables, no solo con anuncios de coyuntura.

Ibagué no necesita más comunicados de prensa ni promesas repetidas de "planes de choque". Necesita una administración que ejerza autoridad real sobre el operador que contrató, y un operador que entienda que cobrar puntual exige, como mínimo, recoger puntual.

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Mientras tanto, la basura seguirá acumulándose en las calles y, con ella, la paciencia de una ciudad que ya no está dispuesta a naturalizar lo que es, sencillamente, un servicio público en crisis.

La dignidad de Ibagué no se negocia. Si queremos un Tolima con futuro, debemos empezar por poner orden y autoridad técnica en la casa.