Por: Daniel Lozano Flórez
*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos. Profesor universitario.

La Constitución Política de 1991 adoptó la descentralización administrativa y fiscal como principio estructurante de la organización del Estado y la convirtió en uno de los principales pilares de la organización del régimen político.

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Así, la descentralización se erigió, hacia el final del siglo XX, en la política pública más importante para la realización de la reforma del Estado e institucionalización del nuevo marco jurídico que regula el desenvolvimiento de las relaciones entre los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal. 

Aunado a lo anterior, dicho marco normativo tiene el encargo de hacer efectiva la autonomía territorial, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la creación de un Estado más eficiente que administre con mayor racionalidad los recursos públicos y logre los resultados previstos en los instrumentos de planeación territorial y del sector educativo.  

En este orden de ideas, la educación es uno de los sectores sociales considerado prioritario para el desarrollo del proceso descentralizador. Hasta hoy, la descentralización educativa continúa concibiéndose como una estrategia de largo plazo que debe contribuir a la intervención de los procesos económicos y sociales territoriales y a la transformación de estos en procesos efectivos de desarrollo. 

No cabe duda de que este loable propósito requiere que se optimice la prestación de los servicios educativos, especialmente en relación con la reducción de las desigualdades educativas y las disparidades territoriales preexistentes, el cumplimiento del derecho a la educación, el mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida por cada institución educativa y la formulación de proyectos educativos que atiendan necesidades educativas de la sociedad y, especialmente, de los estudiantes. 

La descentralización de la educación sólo tiene sentido si contribuye a que el proyecto educativo de cada institución atienda las necesidades educativas particulares de la comunidad y cualifique los aprendizajes pertinentes de los estudiantes. 

En el departamento del Tolima, después de un poco más de tres décadas de haber iniciado su implementación, la descentralización de la educación no ha producido los resultados esperados. Aunque se registran avances, sobre todo, en materia de cobertura, los indicadores de desempeño y las condiciones en las instituciones educativas dispuestas para la prestación del servicio educativo evidencian que son muchos los resultados por lograr y los desafíos por atender, razón por la cual es necesaria una intervención sostenida por parte de la Secretaría de Educación del departamento, con el fin, por lo menos, de poner en marcha acciones relacionadas con la formación de maestros y el fomento del desarrollo profesional docente, formular programas que, por un lado, contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los procesos educativos y, por otro, a la atención oportuna de las necesidades de construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar. 

Un ejemplo ilustrativo de los desafíos que tiene el sector educativo en el Tolima en el último aspecto antes mencionado se encuentra en el municipio de Líbano. El pasado 9 de agosto, El Cronista publicó una nota periodística que da cuenta del deterioro que presentan las plantas físicas de las principales instituciones educativas de este municipio. Es evidente la afectación de los edificios, el mal estado de las instalaciones sanitarias y eléctricas, los daños en las redes de conducción de agua potable y el abandono de las zonas deportivas y de recreación. 

Con razones suficientes, los líderes estudiantiles de la localidad denunciaron las amenazas y riesgos que estas condiciones adversas traen para la salud y seguridad de profesores y estudiantes y, además, argumentaron que la Corte Constitucional ha señalado que los problemas relacionados con condiciones de higiene, daños en la infraestructura educativa, el inadecuado suministro de agua potable, afecta la dignidad de los estudiantes, compromete la calidad de la educación y perjudica el ejercicio del derecho a la educación. 

Ahora bien, quizás los problemas más fáciles de resolver son los relacionados con el deterioro de la infraestructura física de los establecimientos educativos. Más complejo resulta la atención de los factores asociados con la calidad de la educación y la generación de cambios educativos que mejoren los aprendizajes pertinentes y generen mayores capacidades y oportunidades para los estudiantes. 

Sin una conceptualización específica sobre la calidad de la educación por parte de la Secretaría de Educación y teniendo en cuenta que la administración departamental privilegia los resultados de las pruebas Saber 11 como principal indicador para su evaluación, se dificulta la construcción de conclusiones pedagógicas y educacionales sobre la calidad educativa en el Tolima y se corre el riesgo de favorecer una comprensión limitada de un elemento esencial de la acción social educativa, especialmente si tenemos en cuenta que los estudiantes del departamento no tienen desempeños sobresalientes en esta prueba. 

Conviene recordar que el promedio departamental de los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba SABER 11 aplicada en el año 2025, exceptuando a Ibagué, fue de 250,2 puntos, situándose 6,1 puntos por debajo del promedio nacional. 

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En la actualidad, cuando en Colombia estamos ante una segunda generación de reformas descentralizadoras, se debe tener en cuenta que la descentralización de la educación iniciada hacia el final del siglo pasado permitió la ampliación de la cobertura educativa y contribuyó a la democratización de la gestión territorial del sector educativo, pero han sido pocos los avances en materia de construcción de educaciones de calidad, pertinentes, que atiendan necesidades educativas particulares, condición indispensable para disponer de ofertas educacionales que proporcionen a los estudiantes condiciones adecuadas para el ejercicio efectivo del derecho a la educación y que, además, atiendan con suficiencia la relación que debe existir entre la educación, la sociedad y los procesos de desarrollo social y territorial. El Tolima no es ajeno a esta realidad que presenta el desarrollo educativo nacional.