Por: José Darío Prieto Sierra 

Ingeniero Ambiental

Iniciamos con gran expectativa el año de definiciones que debe asumir el “Gobierno del Cambio” en 2023, pues se espera la expedición del tan esperado Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, que debe reflejar en la práctica innovaciones y verdaderas modificaciones que se anunciaron en la campaña presidencial en proyectos como la reforma política, el sistema de salud, el sistema pensional y en especial, la revolución en el sector agropecuario, ambiental y productivo. 

Estas propuestas deben articularse en forma armoniosa con las principales apuestas para lograr la convergencia social y regional que el Gobierno del Presidente Petro quiere implementar en el marco de la Justicia Ambiental y Social. Tal como esperamos esas reformas, los ambientalistas esperamos ver en esa “brújula” gubernamental, señales que desarrollen conceptos que materialicen elementos efectivos y eficaces para luchar contra el cambio climático e implementen avances concretos en economía circular. Explico con un solo ejemplo; en 1996, según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, en el 73% de los municipios de Colombia se disponían los residuos sólidos en algún sitio final (orillas de fuentes hídricas, enterramiento, botaderos a cielo abierto y algunos en relleno sanitario), a 2021 este panorama ha cambiado gracias a las políticas públicas implementadas “contra viento y marea” logrando que el 91% de municipios del país dispongan en rellenos sanitarios “como tal” con técnicas ambientales y sanitarias. 

Resulta que del 96.5% de toneladas de residuos sólidos que genera el país que hoy se disponen en rellenos sanitarios, el 64% lo componen los residuos orgánicos que provienen de las casas, restaurantes y similares para producir alimentos (hojas de plátano, cascaras de frutas etc) o el material producto de podas de árboles y zonas verdes que divinamente pueden ser aprovechados para otras actividades económicas y productivas, por ende, evitar que sean dispuestos en rellenos sanitarios y de esta manera prolongar la vida útil de éstos.

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La norma que desarrolla actualmente el proceso denominado “tratamiento de residuos” (decreto 1077 de 2015) establece que esa actividad consiste en procesar los residuos sólidos mediante los cuales se modifican las características físicas, biológicas o químicas para posibilitar su uso en otras actividades productivas y/o lograr que el valor de los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo (seguir creando valor)  tales como; la generación de energía; el aprovechamiento de los lodos producidos en la plantas de tratamiento de aguas residuales PTARs; o el compostaje que se puede utilizar para mejoramiento de suelos degradados y fertilización de cultivos a propósito de la escases y alto costo de abonos sintéticos. ¡En este alcance de la norma, se puede destacar que el momento para lograr despegar en el desarrollo de la actividad de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en el país es ahora! Por lo cual, tanto el Gobierno Nacional y los legisladores (Congreso de la República) deben hacer el esfuerzo en implementar cambios normativos que permitan a los municipios actualizar sus instrumentos de planeación como los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, ampliar el requerimiento exigido a los operadores y que puedan tratar más de 20.000 tons/año con  un permiso ambiental adecuado a la realidad del sector; que el ICA reduzca los requisitos para poder comercializar el compostaje; que las CARS en conjunto con el Ministerio de Agricultura hagan un esfuerzo misional para promover actividades de tratamiento de residuos sólidos orgánicos que permitan establecer proyectos de “agricultura regenerativa”, ecoagricultura  o modelos de producción agroecológica.  

Por ello, la esperada Ley del Plan de Desarrollo -además de lo anterior- debe incluir figuras financieras y presupuestales que permita incentivar al sector público y privado a realizar inversiones para implementar iniciativas que pretendan cumplir en forma efectiva el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS a largo plazo y con seguridad jurídica para proteger la inversión.    

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Con pequeños esfuerzos se lograría un gran avance en las actividades de la ruralidad colombiana y la mayoría de municipios de 5a y 6ª categoría, generando incremento de la productividad de la tierra, con poca contaminación, bajos insumos externos y entregando productos agropecuarios orgánicos en forma masiva y de calidad. ¡Ahora los Congresistas tienen la palabra!