Por: Edgardo Ramírez Polanía

abogado y escritor

En las facultades de Derecho enseñan que en los sistemas presidencialistas, el poder está en cabeza del Presidente como el jefe de Estado pero no es absoluto, sino que está sujeto a precisas normas establecidas en las constituciones de cada país y que la política como ciencia del Estado, es una apreciación de posibilidades que los gobernantes economistas e inversionistas parece que desconocen.

El autoritarismo de algunos presidentes hace que la sociedad donde se ejerce ese poder, padezca temores, preocupaciones e inseguridad jurídica y personal, porque las acciones de los gobernantes se ejercen con criterio impositivo, que los lleva a las equivocaciones en sus decisiones y hasta en la designación de sus colaboradores. 

• Continúe leyendo: Justicia, ¡solo justicia!

Esa actitud es explicable por razones obvias del exceso de poder, pero no deja de ser sospechoso ese autoritarismo, sobre todo cuando escogen como garantía de solidez de su raciocinio, que han sido elegidos para cambiar todo un sistema de gobierno que ha sido inútil, pero el nuevo es el del cambio impoluto, aquel de una sola  explicación, de una sola tesis, que disminuye el efecto de la verdad implícita en la versión y en el concepto de lo que son las leyes que reglamentan el poder político del Estado.

Algunos países de América Latina han sufrido la imposición de poderes absolutos, que han atentado contra los derechos humanos y la democracia, porque sus gobernantes han tenido la característica de ser militares corruptos como Augusto Pinochet y otros políticos vendedores de ilusiones que han convencido a un electorado carente de objetividad y análisis que los hace presa fácil de las falsas promesas de la solución de todas las necesidades sociales.

Ha sido costumbre de algunos gobernantes que una vez llegan al poder, pierden el sentido de las categorías y la realidad objetiva y se equivocan al ampliar a otras fronteras sus conceptos y sus creencias, que todo se puede cambiar porque así lo creen, mediante  la imposición de  actos que obstinadamente deben perjudicar a los miembros de una sociedad productiva para beneficiar a otra no menos necesitada, pero dicho razonamiento resulta a veces equívoco y han causado el desbarajuste de las naciones por el mal manejo del gobierno, debido a la falta de las calidades morales e intelectuales de la mayoría de los integrantes del gobierno.

Los especialistas en política social, que buscan la equidad y la garantía de los derechos de los individuos, han dicho que uno de los actos censurables de los sistemas presidencialistas, es el exceso de poder, que hacen imponer por su propio criterio cambios institucionales, que no siempre son eficaces porque algunas veces van en contra de la realidad económica y social que afecta los índices de efectividad del gobierno y el mejoramiento de la calidad de vida los sectores más necesitados.

 Le puede interesar:  Propuesta de impuesto a las iglesias genera polémica

Toda actuación política intransigente tiene de hecho y por anticipado, una consecuencia conocida por la ideología política de quien ejerce como gobernante, que son las acciones que van encaminadas a favorecer los privilegios de sus adeptos y colaboradores que no permiten el desarrollo de programas independientes en su ejecución y que son los causantes de los escándalos por el uso indebido de los dineros del Estado en coimas y repartos de dineros a congresistas que han desacreditado al gobierno y al país.

Mientras subsistan regímenes que desconocen los derechos adquiridos, individuales y colectivos en el ejercicio del poder político, existirán movimientos políticos que defiendan las democracias. No obstante, los partidos conformados por burgueses o socialistas que ahora se les llama comunistas, no han cambiado nada del sentido de la propiedad. La tenencia de los bienes de producción en manos del Estado o de los individuos, es un fenómeno jurídico no económico, que no elimina la perspectiva ineludible que se encuentra en el hombre contemporáneo sobre su concepto arraigado de libertad.  

La derrota de los equivocados gobernantes queda a un lado u otro de cada frontera espiritual, de cada zona de la realidad, cuando la sociedad adquiere educación y cultura política, que son los elementos contra la barbarie y la insensatez de quienes con arrogancia piensan pisotear los Derechos Humanos al hacer cárceles inhumanas como Nayib Bukele o amenazas con motosierras al estilo de Javier Milei, que no son expresiones de sus sentimientos, sino bajos instintos e innobles pasiones.

Para ejercer el control constitucional de los actos de los gobernantes de los sistemas presidencialistas, debe existir un equilibrio del poder legislativo y el control constitucional, para evitar los gobiernos de facto y las dictaduras que atropellan los derechos individuales y colectivos y atentan contra las leyes, las libertades y la dignidad humana. 

Los gobernantes que se sienten autócratas se creen dueños de todo, pero no se han dado cuenta del esfuerzo de la sociedad para civilizarlos y no deben pensar demasiado sobre la finalidad del progreso que estimulan, porque corren el peligro de descubrir que para lo que ellos piensan que sirven son inútiles. 

• También puede leer: En junio próximo se inaugura primera ruta aérea Bogotá-Doha

Esos gobernantes se equivocan y piensan que Dios es cómplice benévolo de sus actos y la mayor equivocación se la da, el resultado de sus actos cuando salen del poder envejecidos y sin reconocimientos meritorios. Por esa razón, debemos educar a los ciudadanos no sólo para que sean gobernantes inteligentes, sino decentes que implica la honradez, sinceros y solidarios que son las mejores virtudes de los seres humanos.