Por: Henry Rengifo Hernández

La reciente publicación de la revista Semana, en la que se adjudicó falsamente un contrato de 23.000 millones de pesos a un fotógrafo y a un maquillador del Gobierno, es, en esencia, un síntoma que carcome los cimientos de la democracia colombiana: la sustitución del rigor por una narrativa cuyo objetivo no es otro que destruir un proyecto político alternativo.

El periodismo, en su concepción más pura, existe para fiscalizar al poder, pero su única arma legítima es la verdad. Cuando un medio de alcance nacional y con una trayectoria —hasta hace poco— respetable lanza una cifra tan astronómica sin la mínima verificación de documentos oficiales, rompe de tajo la confianza con sus lectores. Aunque la revista se vio obligada a publicar una "aclaración", esta no contó con el mismo despliegue ni espacio que la noticia falsa; el daño ya estaba hecho. En la era de la posverdad, el titular incendiario viaja a la velocidad de la luz, mientras que la rectificación apenas alcanza el impacto de un pie de página.

Valga decir que este tipo de desafueros no son aislados. Se inscriben en una matriz informativa que parece haber abandonado el interés público para centrarse en un ensañamiento sistemático contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo grave no es la crítica —necesaria y vital en cualquier democracia—, sino el uso de la mentira o la exageración desmedida como herramienta de oposición política desde las redacciones.

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Resulta paradójico que, mientras ciertos sectores mediáticos intentan dibujar un panorama de censura, el Gobierno ha dado muestras de respeto por la libertad de expresión, permitiendo que incluso los ataques más infundados circulen sin represalias institucionales. Este es un ejemplo para aquellos que tildaban a Petro de dictador: el desbordamiento que presenciamos hoy no proviene de una presión oficial, sino de la autodegradación ética en los medios propiedad de los grandes conglomerados económicos.

Cuando un medio de la talla de Semana sacrifica el rigor para afectar al Gobierno de turno, ataca el derecho fundamental de la sociedad a estar bien informada. La libertad de expresión no es una licencia para la difamación. Es hora de que los medios corporativos en Colombia decidan si quieren ser el contrapoder necesario de una democracia o simples fábricas de posverdad; en su afán de destruir al adversario, terminarán destruyendo su propia credibilidad.

El propósito de la publicación de marras era minar la imagen de RTVC y, por extensión, la del Gobierno. Para los opositores y contradictores en plena campaña electoral, la nota de Semana se convirtió en el plato predilecto para replicar; tanto así que hoy, pese a la "aclaración", muchos mantienen el mensaje intacto en sus redes.

ADENDA. Sobre este bochornoso episodio, cabe destacar la actitud del escritor Juan Carlos Botero, quien pidió disculpas por haber reproducido dicha información: “Me incluyo entre las personas que reprodujeron este informe (...) y por eso quiero pedir disculpas públicas. Me basé en este medio y lo corroboré con varias fuentes más que también lo publicaron; por eso parecía auténtico. No lo era. Que esto sirva para explicar el error, pero no para justificarlo”.

A esta rectificación, el presidente Petro respondió: “Gracias. Es una acción sistemática de la revista Semana basada en la calumnia”.