Por Marco Emilio Hincapié

*Exdiputado. Excandidato a la Alcaldía de Ibagué

El tiempo, en muchas ocasiones, nos ha terminado dando la razón. En nuestra vida como servidores públicos, nos hemos destacado por denunciar graves casos de presunta corrupción tanto en Ibagué como en el Tolima.

A pesar de las dificultades, los obstáculos y las presiones externas, hemos mantenido nuestra postura firme, pues creemos que la justicia y la transparencia son valores fundamentales para el bienestar de nuestra comunidad.

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Como diputado, en varias ocasiones denunciamos la presencia en el Tolima de disidencias de las FARC y grupos organizados como el Clan del Golfo. La respuesta de la administración de turno siempre fue el silencio y la negación. Hoy, esa misma denuncia la realiza la gobernadora Adriana Matiz, pero solo con el objetivo de cuestionar la política de seguridad del Gobierno Nacional.

Mientras ejercíamos como secretario de Gobierno, nos enfocamos en promover la denuncia ciudadana a través de la estrategia “Tu barrio en paz”. Esto nos permitió no solo dar golpes contundentes contra la criminalidad, sino también lograr la tasa de homicidios más baja en la historia de nuestra ciudad.

Otra de nuestras denuncias, que se convirtieron en premoniciones, se trató del puente fantasma de la calle 60 con carrera Quinta. Desde que se conocieron los contratistas, le advertimos a la ciudadanía sobre los millonarios anticipos que había realizado el exalcalde Andrés Hurtado y sobre los riesgos de que la obra no se completara por su mala planificación.

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Más de un año después, el tiempo confirmó que la obra estaba viciada, que los recursos de los ibaguereños terminaron en cuentas privadas de familiares de los contratistas y que ahora el Municipio debe enfrentar una millonaria demanda a causa de la pésima gestión del exalcalde Hurtado.

Ahora bien, sin duda uno de los escándalos más grandes que hemos revelado tiene que ver con la contratación a dedo por parte de Andrés Hurtado de una empresa de vigilancia ligada a una funcionaria del CTI, adscrita al grupo anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.

En nuestra denuncia, le demostramos a la opinión pública que la empresa Sara LTDA., propiedad de Jorge Castaño Galindo, esposo de la funcionaria del CTI Omaira Méndez Losada, había recibido cerca de $1.700 millones en contratos de vigilancia con la Unidad de Salud de Ibagué durante la administración de Andrés Hurtado.

Hoy, casi dos años después, la Fiscalía, Policía Nacional y Supervigilancia allanaron y desmantelaron a la mencionada Sara LTDA., una empresa que, aparentemente, resultó ser una fachada por medio de la cual se estaría lavando dinero y entregando armas al Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y otros grupos criminales que siembran terror en nuestro país.

Por supuesto, nuestro compromiso como ciudadanos será continuar denunciando los casos de corrupción que manchan la imagen de nuestra hermosa capital y del departamento.

Pese a las múltiples amenazas que hemos recibido, no vamos a desfallecer en la lucha por construir una sociedad más justa, transparente, democrática y con oportunidades. Pero para conseguirlo, es imperativo que derrotemos juntos a las mafias y a los clanes que nos quieren robar nuestros sueños.