Martha Alfonso

*Representante a la Cámara por el Tolima

El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia, fecha que se escogió en alusión al asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán que desató en nuestro país uno de los capítulos más intensos y dolorosos de la violencia social y política del siglo XX.

En el Congreso de la República, además de la sesión plena que se convoca con ocasión de esa conmemoración, realizamos previamente un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, para abordar el problema del reclutamiento forzado, desde la convicción que atenderlo y erradicarlo, es la única esperanza para que no sigan reproduciéndose variables inagotables de la guerra en nuestro país. Los niños, niñas y adolescentes que conocen la guerra, serán los adultos que reproducirán la violencia como forma de responder a los conflictos cotidianos.

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De acuerdo con la normatividad nacional vigente, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) en actividades relacionadas con grupos armados se entiende como una vulneración al Derecho Internacional Humanitario y al Código Penal Colombiano. En este último se señala que quien les reclute, utilice u obligue a participar en hostilidad o en acciones armadas, tendrá hasta 23 años de cárcel.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional señaló en el Auto 251 de 2008, que el ingreso de NNA a los grupos armados, es el resultado de la manipulación perversa y engañosa por parte de miembros de estructuras criminales, que aprovechan diversos factores de vulnerabilidad para atraer a los menores de edad, es decir, aun cuando aleguen consentimiento, el reclutamiento siempre será considerado un abuso de poder en relaciones asimétricas donde se considerará víctima al niño o adolescente que fue reclutado y por tanto, una grave violación a los derechos humanos.

A pesar de los graves problemas de registro que persisten en el país —donde actualmente no existe un sistema unificado ni interoperable para identificar este hecho víctimizante—, el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas indica que cerca de diez mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de este flagelo. Sin embargo, estos datos solo corresponden a menores que han sido desvinculados de grupos armados. Se desconoce con precisión cuántos siguen siendo reclutados o utilizados, no solo por estructuras armadas, sino también por redes criminales dedicadas al microtráfico, narcotráfico, explotación sexual, hurto y otras modalidades delictivas.

Y traigo a colación el reclutamiento forzado porque considero que este fenómeno guarda una estrecha relación con el porvenir del país. Mi punto de partida es que cualquier política de paz, pasa por enfrentar el reclutamiento forzado para resolver de raíz una de sus variables de reproducción.

Una política de paz que ataca los factores del reclutamiento, pasa por generar oportunidades económicas, educativas, infraestructura tecnológica y para el bienestar de los jóvenes del campo y la ciudad, pues su ausencia ha hecho que niños y jóvenes terminen viendo como única alternativa de supervivencia, superación y “movilidad social”, su vinculación a una organización.

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Evitar que se nutran de raíz la inconformidad social y la falta de esperanza de los jóvenes, es empezar una política estructural para la paz.

La política de Matrícula Cero, CampeSENA, los programas de fortalecimiento de la infraestructura educativa, el fortalecimiento del PAE, o programas como Jóvenes en Paz, pueden agruparse dentro de las iniciativas que este gobierno ha pensado para evitar que niños, niñas y adolescentes terminen en manos de actores armados.

Esto requiere una coordinación interinstitucional que junte esfuerzos y recursos en una sola política de Estado liderada desde el ICBF, que mejore las condiciones de acceso y realización de derechos a NNA, pero que también logre incidir en las políticas de seguridad y paz de nuestro país, pues la coacción de la fuerza pública para evitar, contrarrestar y sancionar el reclutamiento y la violencia contra nuestra infancia y adolescencia, también son necesarias en algunas zonas donde los violentos se han ensañado contra la población civil.

Requerimos que los procesos y las políticas de paz en Colombia, tengan como prioridad la lucha conjunta y la renuncia explícita de los armados, de reclutar menores de edad y jóvenes para sus filas. De lo contrario, la violencia en Colombia será eterna.