Por: Martha Alfonso

*Representante a la Cámara

El país está siendo sacudido por el paro arrocero, producto de la grave crisis que está viviendo el sector por cuenta de la caída en el precio de compra que afecta a zonas productoras del país como Tolima, Huila, Casanare, Meta, entre otras. Mientras en febrero de 2024 la tonelada de arroz se pagaba a cerca de $1.700.000, en febrero de 2025 la tonelada cayó a cerca de $1.400.000.

Es importante recordar que en el caso del Tolima, el arroz representa el cultivo transitorio de mayor extensión, abarcando casi cien mil hectáreas, de las cuales derivan su sustento más de 15 mil familias, de modo que cualquier fenómeno que afecte el sector, puede tener un impacto muy importante sobre la economía del departamento.

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Las causas de esta situación tienen tanto de estructural como de coyuntural y no se van a superar en una mesa de concertación con el Gobierno Nacional porque las soluciones no dependen de la voluntad del presidente Gustavo Petro y su gabinete.

Las agresivas políticas de apertura económica neoliberal que desmantelaron buena parte de los mecanismos legales e institucionales para regular los precios a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC),  dejándolos a merced de la competencia internacional y del poder oligopsónico de la industria molinera, permite a esta imponer precios, acumular arroz sin control, prestar dinero a los productores pequeños para sembrar y luego cobrar altos intereses dejando embargadas sus cosechas, entre otras injusticias. 

El gobierno actual podría aportar algunas estrategias coyunturales de mitigación. Por ejemplo, como desde diciembre se ha intentado por parte del Ministerio de Agricultura, avanzar en una ruta que defina líneas de crédito agrario real y efectivo hacia pequeños y medianos arroceros (hasta el momento el crédito del Banco Agrario y de FINAGRO se ha concentrado en grandes productores nacionales de alimentos con más de 28 billones en 2024, frente a menos de 6 billones para pequeños en las regiones).

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El gobierno podría comprometerse también, si es que el hundimiento de la ley de financiamiento lo permitiera, con una política de subsidios a los agroinsumos que aliviane los costos de producción para pequeños y medianos arroceros. Incluso, podría comprometerse con el impulso de un proyecto de ley que transforme la fórmula para el cobro de la Tasa de Uso del Agua (TUA) cuyo incremento llegó a ser del 400% en los últimos años y está quebrando los distritos de riego en todo el país.

Otro elemento estratégico en la solución del problema de los arroceros del Tolima, en el que el Gobierno Departamental puede ayudar mucho, está asociado al fomento de la asociatividad de los pequeños productores quienes en nuestro departamento tienen poca o nula capacidad colectiva.

Otra sería la historia frente a los molineros y comercializadores de arroz si los pequeños arroceros tuvieran asociaciones propias y recursos para financiar infraestructura de almacenamiento, plantas de secado, trilladoras y empacadoras para vender su propio arroz y no depender de los monopolios que se enriquecieron con su trabajo campesino y ahora, los abandonan a su suerte con las importaciones.

Si tuviéramos un mayor tejido asociativo en los arroceros del Tolima, se podría mejorar su capacidad de negociación para nivelar la cancha que hoy está exageradamente a favor de los comercializadores y en contra de los productores.

Está en juego la estabilidad económica de miles de productores y sus familias, así como la estructura económica de varios municipios que tienen en el cultivo de éste cereal su principal actividad productiva y por esto, la Gobernación del Tolima tiene parte en la solución. 

El Congreso de la República podría actuar también. Deben tramitarse en el legislativo, proyectos de ley que reconstruyan la institucionalidad gubernamental para aumentar sus capacidades de regulación del mercado de productos agropecuarios y garantizar precios de sustentación, es decir, algo parecido a revivir el IDEMA, que seguramente en el contexto de hoy, tendría los mismos tropiezos y oposiciones que han tenido otras reformas, pero que sería la única salida en un país cuya capacidad para producir alimentos debe ser protegida y potenciada.

Pero aun cuando se hiciera todo lo anterior, factores como el especulativo costo de arrendamiento de la tierra que está dejando sin medios de producción a los pequeños (caso planicie del Tolima), las elevadas tasas de interés de los bancos y el grave problema de contrabando que es un secreto a gritos en Colombia, son de difícil control para el gobierno nacional con la débil institucionalidad que nos han dejado 30 años de libre mercado y achicamiento estatal.

En las soluciones de fondo debe aportar el sector privado (molineros, comercializadores de arroz y bancos), así como la ciudadanía que debe sospechar de empaques raros y a muy bajo precio. Los problemas del arroz requieren soluciones multisectoriales que no dependen solo del gobierno nacional, que necesitan de liderazgo e innovación territorial y que además requieren un ejercicio consciente y solidario con la producción nacional y con la economía colombiana por parte de todos los actores, especialmente de los que importan y de los que compran arroz de contrabando frente a los cuales debe existir una estrategia policiva y un compromiso férreo de la DIAN y las autoridades aduaneras.

Esperamos que en la mesa se sienten también molineros y comercializadores, sector financiero que puede disminuir intereses, tenderos que son vitales para evitar el contrabando, además de las instituciones del gobierno nacional y territorial. Necesitamos que la conciencia colectiva frente a este sector, crezca como arroz.