Por Martha Alfonso

Representante a la Cámara

La agenda reformista que ha propuesto el actual gobierno, ha mantenido activo el debate ciudadano y la movilización social como expresión genuina de un pueblo que crece en conciencia y que exige sus derechos.

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 Por esto, el pasado 18 de marzo será recordado como el día en que 8 congresistas decidieron frenar el debate de una reforma laboral que pretendía recuperar derechos perdidos, reforma propuesta en el marco de un proceso democrático e institucional que se propuso al parlamento colombiano desde la madurez y avance de ese pueblo movilizado que logró en 2022, llevar un presidente progresista a la Casa de Nariño.

La reforma laboral sólo pretendía avanzar un poco en materia de justicia social y distributiva luego de contrarreformas como la ley 50 de 1990 que “flexibilizó” el mercado laboral para ajustarlo a la apertura económica impulsada por el entonces presidente César Gaviria.

La reforma laboral sólo pretendía recuperar formalidades básicas y acordadas en el ordenamiento internacional como garantías elementales a la clase trabajadora que fueron arrebatadas por la ley 789 de 2002, cuando el expresidente Álvaro Uribe trasladó los costos sociales de la crisis económica de finales de los noventa a la clase trabajadora, con recortes de recargos nocturnos, aumento de la jornada diurna de 6 a.m. a 10 p.m., mecanismos exprés de despido con protección patronal y no de los trabajadores, restricciones al pago de dominicales y festivos, la prestación de servicios como generalidad de la contratación y no el contrato laboral, entre otras medidas que pauperizaron el trabajo en Colombia, causa estructural de la pobreza e improductividad que nos aqueja.

Desde luego, todo esto se hizo bajo el supuesto de que dichos recortes y flexibilizaciones iban a aumentar el empleo y a combatir la informalidad, pero más de dos décadas después, ninguna de esas promesas se cumplió y al contrario, se ha aumentado la informalidad, se ha deteriorado el aparato productivo nacional y se ha empeorado la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.

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Son estos mismos promotores de la flexibilidad los que se han opuesto a la reforma laboral y que celebran su hundimiento en el Congreso de la República. Detrás de todo esto, hay un debate de fondo sobre el modelo económico y, especialmente, sobre los determinantes del nivel de empleo de la economía.

Mientras que los promotores del neoliberalismo siempre han argumentado que la reducción de costos laborales conduce a una disminución del desempleo y la informalidad, la concepción que ha orientado al gobierno nacional para presentar la reforma laboral que se hundió, parte de que el mejoramiento de las condiciones laborales y el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, mejora y dinamiza la economía nacional a todos los niveles: más consumo de crédito, más dinamismo de las economías populares que es donde se sostiene la capacidad de compra de las mayorías asalariadas, más contratación de servicios de cuidado, turismo, recreación, estudio, vivienda, entre otros.

La concepción del gobierno actual para sustentar la reforma laboral, propone también una transformación de la estructura productiva de la economía colombiana fortaleciendo sectores con mayor capacidad de absorción de mano de obra como las manufacturas, los empleos verdes para la transición energética, la producción agraria, el turismo y la cultura, esto es, dejar de depender del sector minero energético y de comercio y servicios que habían sido dominantes en el PIB nacional hasta el 2023 cuando empezaron a repuntar otros sectores de la economía colombiana.

En este marco, se puede desmentir el argumento de las organizaciones gremiales y sus operadores políticos en el Congreso, según el cual la reforma no era equilibrada al no tener en cuenta a los empresarios. Desde esa perspectiva, los gremios denunciaron que la reforma nunca fue concertada.

No obstante, lo que no cuentan los gremios a la hora de hacer estas valoraciones, es que prácticamente todo el componente de derecho laboral colectivo, que hacía parte de la propuesta inicial presentada por el gobierno, fue eliminada del texto aprobado en la Cámara de Representantes, como una manifestación de que el gobierno estaba en disposición de ceder, al renunciar al componente que más preocupación generaba entre los empresarios.

De igual forma, se aceptó que la recuperación del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, se ejecutara de forma gradual, hasta el año 2027. Es decir, de parte del gobierno y de los congresistas que estábamos a favor de recuperar derechos para los trabajadores, existió siempre una disposición a ceder, con tal de avanzar así fuera un poco en la recuperación de derechos.

 Esta actitud no es reciente. Para las contrarreformas de los 90 y de 2002, jamás existió de parte de los gremios el llamado a concertar las reformas con las organizaciones sindicales, sino que, en nombre de la necesidad de “ajustar el mercado laboral a las nuevas realidades” se impuso desde arriba todo el paquete de modificaciones a la legislación laboral. Es más, para nadie es un secreto que estas contrarreformas se cocinaron en los grandes centros de pensamiento proempresariales, y no de forma abierta y amplia como se formuló la reforma laboral que fue presentada por el gobierno Petro.

Como pueden ver los lectores, los sectarios, los que nunca han estado dispuestos al diálogo y a equilibrar la cancha entre trabajadores y empresarios, han sido otros. Mientras tanto, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor vocación antisindical del mundo, uno de los más peligrosos para ejercer los derechos laborales, y uno de los más desiguales del planeta.