Por: Carlos Alberto Estefan Upegui

*Exgobernador del Tolima

Con pérdidas para la economía en general, por una cifra estimada en más de 25.000 millones de pesos, 12 días después del paro iniciado el pasado 14 de julio, se levanta el bloqueo de las vías, pero los cultivadores continúan en asamblea permanente.

Lo anterior, porque no existe credibilidad sobre las medidas adoptadas. Dicen algunos, que son «paños de agua tibia». Afirman, igualmente, que los funcionarios del gobierno no han sabido manejar el problema, porque no conocen el mercado.

• Otros textos del autor: Trivialidad y mala fe

"Fíjese que si hubieran tenido la capacidad de hacerlo, la situación desde marzo la hubieran resuelto», comentan.

Todo ello, a pesar de la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura, mediante la cual se establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, luego de haber promovido reuniones para estudiar la situación y explorar alternativas.

Así mismo, el borrador de esa Resolución se había publicado desde la semana pasada para comentarios. Ahora, dicen estar esperando respuesta de los molinos, pues se trata de un precio impuesto por el gobierno «ya que no hubo arreglo entre las partes». En esencia, se trata de la regulación del precio, una forma de intervencionismo.

Entre otros fundamentos, los considerandos esbozados en esa resolución se hace referencia al artículo 333 de la Constitución Política que establece que «... la iniciativa privada tiene una función social y que la libre competencia económica será objeto de intervención por parte del Estado para evitar abusos que atenten contra el interés general».

Ya lo habíamos mencionado en anterior escrito, porque tratándose de un mercado oligopsónico o sea, de muchos vendedores y pocos compradores, los gobiernos deben vigilar su comportamiento para evitar colusión (con daño a terceros.)

El Incentivo al Almacenamiento de Arroz, muy útil en estos casos, también lo objetó el Gobierno porque tal vez no entendió su alcance como instrumento de política. Claramente, se palpa el descontento por la falta de iniciativa de los asesores del Ministerio para diseñar instrumentos de política fundamentados en la ley.

Se ha especulado, también, sobre motivaciones políticas soterradas que hubiesen inspirado el paro, lo cual, de ser así, el alcance y el escenario para tratarlo prácticamente cambia de manera sustancial.

En igual contexto, también se planteó que se pudiera estar utilizando la maquinaria suministrada por el gobierno en el bloqueo de las vías, para lo cual el presidente Petro anunció las correspondientes investigaciones disciplinarias a través de la Procuraduría, en cabeza de los funcionarios públicos que pudiesen resultar comprometidos.