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Morbilidad no es mortalidad: cuando las cifras se malinterpretan

Morbilidad no es mortalidad: cuando las cifras se malinterpretan

Daniel Felipe León

Sociólogo, Docente magisterio tolimense.


En la reciente columna titulada “Petro miente, los niños mueren”, el diputado del Tolima Felipe Ferro emite un juicio contundente y alarmista que, sin embargo, se basa en confusiones conceptuales y omisiones metodológicas que comprometen la seriedad de sus acusaciones. Cuando se trata de vidas infantiles, la discusión pública merece mayor rigor y menos oportunismo. En esta columna de opinión quisiera hacer una revisión de los argumentos que expone el asambleísta.

El primer punto clave que quisiera señalar es la diferencia entre mortalidad y morbilidad, términos que el autor del texto confunde o utiliza indistintamente. El presidente Gustavo Petro se refirió específicamente a la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, no al número de casos reportados (morbilidad). Y en ese sentido, los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS) confirman una reducción significativa: la tasa bajó de 8,6 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 5,0 en 2024¹. Esta disminución cercana al 42% no es un relato propagandístico, sino una mejora documentada en la capacidad de prevención del sistema.

En segundo lugar, el diputado parece escandalizarse por el aumento en los casos detectados de desnutrición (morbilidad), sin comprender que este fenómeno, en el contexto adecuado, es una señal de avance en términos de vigilancia y atención. Como lo afirma el propio INS:

“En el análisis de morbimortalidad por desnutrición, se identificó un aumento en la prevalencia de morbilidad junto con una reducción en la tasa de mortalidad. Esto es un aspecto positivo, ya que una mayor detección oportuna de casos permite prevenir muertes por desnutrición.” ¹

Además, el mismo informe concluye que:

La implementación de la BAI nutricional ha fortalecido la vigilancia y la captación de casos; permite contar con un panorama más amplio del estado nutricional de la población menor de cinco años en los territorios, contribuyendo a la disminución de la mortalidad por desnutrición.” ¹

Es decir, que la ampliación de coberturas y el fortalecimiento de las rutas de atención temprana no solo permite detectar más casos, sino que se traduce en un impacto positivo en la reducción de muertes evitables. Confundir aumento en la detección con deterioro del fenómeno es un error que distorsiona la discusión pública.

Tercero, las cifras de 2020 no pueden ser tomadas como base de comparación directa sin tener en cuenta el efecto distorsionador de la pandemia por COVID-19. Durante ese año, múltiples instituciones públicas vieron afectado su funcionamiento, reduciendo significativamente los sistemas de vigilancia y atención comunitaria. La baja notificación de casos en 2020 no refleja una mejora estructural, sino más bien una ausencia estatal provocada por la emergencia sanitaria.

El hambre infantil es, sin duda, un drama nacional que exige atención permanente. Pero precisamente por eso, requiere ser abordado con información precisa, diagnóstico riguroso y compromiso ético. La responsabilidad política no se ejerce agitando cifras al azar, sino interpretándolas con el conocimiento técnico que ameritan.

Utilizar este tipo de problemáticas con fines políticos o electorales, sin sustento metodológico, no solo tergiversa el debate público, sino que socava los esfuerzos colectivos para enfrentar una realidad dolorosa. Señor diputado: en lugar de usar el dolor como herramienta de campaña, exija desde su rol institucional políticas más eficaces, financiación territorial y articulación interinstitucional. Eso sí salva vidas.

Fuentes:

Instituto Nacional de Salud (2025). Boletín Epidemiológico Semana 11. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_11.pdf

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