Por Óscar Viña Pardo

Es claro que el país requiere de una reforma tributaria única al menos durante los próximos 4 años, y que sus recursos sean destinados para el sector social, tratando así de mejorar las condiciones de vida de los mas pobres de nuestro país. 

El ministro de Hacienda y su equipo deben, como ya se está haciendo, recular en algunos postulados de la reforma y buscar alternativas que permitan que las empresas tengan la oportunidad de sostenerse en el mercado. Porque la reforma tributaria, más la laboral, se convierten en retos muy  grandes para los generadores de empleo y en últimas quienes más contribuyen al desarrollo del país. 

En uno de los ápices de la reforma se explica el cómo van a atacar la elusión y evasión de impuestos, cifra que puede bordear otros 20 billones de pesos si existiera la rigurosidad del caso en su aplicación, por eso es fundamental conocer ¿cómo será el proceso de reestructuración de la Dian para cumplir con estas tareas?. 

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La esperanza está puesta en disminuir a sus justas proporciones, como dijo un expresidente, la corrupción. No es justo que se siga hablando de más de 50 billones de pesos al año que se van a los bolsillos de los corruptos y no pase nada porque está permeado todo el sistema, información divulgada por la Contraloría General de la Nación. 

Dos reformas tributarias en un solo año como la propuesta en el 2022 para empezar a aplicarse en el 2023; porque en países como Estados Unidos de América la gente paga sus impuestos y ve las obras. En Colombia, país del sagrado corazón de Jesús, se pagan los impuestos y se ve la pobreza, el aumento de muertes por desnutrición, el recorte en el transporte escolar, elefantes blancos por todos lados y responsables impunes de los hechos.

En el informe de Percepción de la Corrupción entregado por Transparencia Internacional para el año 2021, indica que Colombia tiene un rezago mayor a 10 años en acciones que conduzca a combatir de manera efectiva este flagelo.

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El escalafón cuenta con una clasificación donde se mide la percepción de 180 países. “Colombia ocupó en 2021 la posición 87, con un puntaje de 39 sobre 100 (en una escala en que 100 equivale a ausencia de corrupción, y 0 representa una corrupción altamente elevada).”

Esperemos que todo cambie, que en un mediano plazo podamos hablar de un país equitativo donde las apuestas sociales conduzcan a un mayor desarrollo desde las vocaciones de cada región