Por Víctor Sánchez - Gestor cultural

Lo que sucede en el complejo Arboleda del Campestre es el resultado del abuso de la empresa constructora y del Instituto encargada del suministro de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado, IBAL.

En esta zona de la ciudad, La Arboleda del Campestre, más de diez mil familias viven hacinadas en “calabozos penitenciarios” de cuarenta metros cuadrados y, según los reclamantes, la mayoría no se pueden bañar ni lavar la ropa, ni les llega agua potable para cocinar sus alimentos.

Así no se hace justicia social. En el mes de marzo del 2020, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral publicó en Roma un documento de la Iglesia Católica titulado “ Aqua Fons Vitae”, el Agua Fuente de Vida, documento con el que el Papa Francisco demuestra e insiste en  los foros   sobre el compromiso de que todos los pastores, los feligreses, los grupos parroquiales y toda persona que se reclame cristiano, debe promover: El respeto  con los bienes de la creación y en especial con el agua  como bien común, elemento que  incide  de manera fundamental para que toda familia humana pueda vivir en condiciones de dignidad y se pueda lograr en el mundo  los Objetivos  del Desarrollo Sostenible adoptados por la Organización de las  Naciones Unidas desde el 2015. A la luz de estos propósitos,  las empresas constructoras y el Estado tienen responsabilidades que no deben eludir.

De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Colombiana de la Industria de la Construcción, CAMACOL, la construcción y venta de Vivienda de Interés Social ha logrado topes históricos nunca registrados en la mayoría de ciudades intermedias y  capitales del país. El esquema establecido por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda de subsidiar la oferta de vivienda,  ha sido exitosa para las constructoras y las entidades financieras; al parecer, es un éxito soportado en las penurias de sus clientes.

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En Ibagué y en especial en las zonas donde se desarrollan más de 18 Planes Parciales de desarrollo urbano, es evidente  el desarrollo inmobiliario, apoyado con diligencia por los gobiernos, que dicen atacar de esta manera las cifras de desempleo por  la alta incidencia que genera el sector de la construcción en la activación de la economía, además de dar respuesta al déficit de vivienda en la ciudad.

Las obras de infraestructura como la avenida al aeropuerto Perales, o la Variante sobre la calle  145, construidas  con presupuesto público, convierten por obra y gracia de estas obras  públicas, a las antiguas  haciendas   productoras de arroz de la  zona rural, en lotes urbanizados en  donde desarrollan proyectos que atienden la alta demanda de vivienda; diseñan un negocio redondo de economía circular que involucra a propietarios de tierra, constructores, productores de materiales y de insumos  y al sector financiero; se basan en presentar una oferta al alto déficit de vivienda para las clases medias  de la población que cuenta con los ingresos hasta de cuatro salarios mínimos, se benefician del subsidio del Estado para este sector de la población, porque el subsidio va directo a la entidad financiera que aprueba  los créditos de adquisición  de vivienda a  largo plazo.

Para la muestra, un caso ejemplar: Los predios de la Hacienda El Zorro, donde hoy se desarrolla el macro  proyecto de vivienda  la Arboleda Campestre en el sector de Picaleña, en la comuna nueve del municipio de Ibagué. Primero recibió una afectación positiva por las variantes  de la meseta de Ibagué construidas por el Gobierno Nacional  que atravesó sus terrenos, y en su tránsito  de pasar de predio rural a urbano, sus propietarios tramitaron  además la solicitud de exoneración del pago de plusvalía ante la Secretaría de Planeación Municipal, en noviembre  de 2019, argumentan su destinación a vivienda de interés social de acuerdo con las normas y el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

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Varias familias del país están aliadas en este  negocio inmobiliario. La familia Laserna, propietaria de la Hacienda El Zorro, hay que decir que los diferentes gobiernos locales y nacionales la han tratado muy  bien, por supuesto la ciudad le debe mucho, es el juicio de algunos. A inicios del siglo pasado fueron los empresarios que suministraban la energía eléctrica para Ibagué, construyeron desde la parte alta del río Combeima una bocatoma y un canal que primero fue para mover las turbinas de la “Luz Laserna” en el Papayo y luego ha servido  como canal de riego para el suministro de agua a los cultivadores de la extensa y ubérrima meseta de Ibagué; han generado empleo para los habitantes de la ciudad y son reconocidas la generosidad de sus  empresas agropecuarias.

Otra familia a la que el país le debe mucho por sus emprendimientos y generación de empleo, es la de don José Alejandro Cortés, propietaria del Grupo Bolívar, integrada por una importante cantidad de empresas entre ellas el banco Davivienda, la Constructora Bolívar y una empresa pionera en el país como Seguros Bolívar, creada en 1939. En sus principios, valores y propósitos corporativos superiores, tienen como “centro  el Ser Humano, enriquecer la vida con integridad, ser mejores personas todos los días y poder crear valor permanente a nuestros clientes y a las comunidades”. En Virtud a esos loables propósitos empresariales son los creadores y financiadores de los  Premios de Periodismo Simón Bolívar y  con la fundación Bolívar –Davivienda  “potencian y desarrollan talento para construir  país” aliados con Alcaldías Locales y la Comunidad, apoyan  proyectos como los centros Cultivarte y la orquesta Filarmónica Joven.

Todo iba muy bien en esta alianza empresarial constituida hace diez años, en especial las ventas anticipadas sobre planos, que se apoyó en la política de vivienda del Gobierno Nacional que otorga los subsidios, en la Alcaldía de Ibagué y los Curadores Urbanos para los trámites, permisos y licencias, y con   la Constructora Bolívar y Davivienda, para las diferentes etapas del proyecto de urbanismo y construcción de las diez mil viviendas en La Arboleda Campestre, hasta que en el 2014  Cortolima inicia  un proceso sancionatorio contra la empresa constructora por las quejas de la comunidad por los vertimientos contaminantes de aguas servidas a la quebrada La Honda, que los obliga , de acuerdo con las normas, a construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domiciliarias, PETARD, planta que  al parecer, a la fecha, no cumple con los requerimientos técnicos y no ha sido recibida por el IBAL.

Sumado a este mal manejo de las aguas servidas, vienen desde entonces los constantes cortes del servicio de agua que denuncian desde hace tiempo los propietarios y residentes de los 15 conjuntos habitacionales, debido a que, como  se volvió costumbre  entre los urbanizadores de la ciudad, solicitan disponibilidad de servicios públicos  de agua y alcantarillado  ante el IBAL y esta entidad otorga la disponibilidad  anticipada, basada en los futuros proyectos de expansión del sistema de redes y tanques de almacenamiento y cuando termina la construcción de las viviendas y son entregadas a los ansiosos propietarios, resulta que se dan cuenta que la capacidad del acueducto es insuficiente; el Acueducto Complementario lo iniciaron hace 25 años, desde entonces, los candidatos a la Alcaldía de Ibagué hacen promesas  y   la ineficiencia administrativa y la corrupción  lo tienen estancado y envolatado.

El informe de la Gerencia Regional Tolima de la Contraloría General de la República, publicado  a principios de este mes de octubre, (divulgado en El Cronista.co), puntualiza en cada uno de estos aspectos y la Veeduría Agua Para Ibagué , denuncia  que el convenio firmado a las malas y de afán entre el IBAL y la Constructora para   la Planta de Tratamiento de Aguas, no solo es insuficiente para dar solución inmediata a la población sedienta, sino que además puede poner en peligro  la salud de las personas al tomar  aguas altamente contaminadas del Canal Laserna.

Ante estas injusticias, no se escucha la voz  de los Pastores de las Iglesia, que deben oír la voz del Papa Francisco que clama en la “Laudato Si” por los pobres de la tierra, tampoco escucho a los voceros del Comité de  Gremios Económicos del Tolima que pregonan la Responsabilidad Social Empresarial, mucho menos las  respuestas de las entidades responsables de controlar el uso de los recursos públicos y de atender estas denuncias.

Quisiera saber dónde está la coherencia con los principios superiores del gobierno corporativo del Grupo Bolívar, que reportó utilidades por más de un billón de pesos ante la Superintendencia Financiera para el periodo 2021, y hoy incumple a sus miles de clientes  y deudores hipotecarios, quienes en su afán por poseer una vivienda digna, acuden a la  buena imagen y confianza que proyectan sus empresas. ¿Dónde está el centro  Cultivarte que prometieron hace tres años para los vecinos de la restaurada y abandonada Estación del Tren de Picaleña? ¿Qué responden los  profesionales diseñadores, asesores en planeación y urbanismo que no previeron estos riesgos ni  las dificultades de acceso  y de movilidad en el sector por culpa de este proyecto? Como en la clásica fábula, esperemos  qué responderá el astuto zorro.