Por: Humberto Leyton

Violando el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, y la sentencia C-088 de la Corte Constitucional, que declaran al Estado colombiano como una nación laica, la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda, carga con un coro de aduladores de sectas religiosas en los eventos oficiales, encargados de bendecir cuanta palabra o promesa hace la funcionaria.

En esas circunstancias, hasta en la rendición de cuentas de los 100 días de mandato de “Ibagué para todos”, en el sector rural, los que abrieron el evento fueron los integrantes de una agrupación musical de una de las tantas sectas religiosas que carga Aranda, para que amenicen los actos oficiales de la alcaldía local.

En esta oportunidad, intervino uno de los tantos pastores que tienen estas congregaciones religiosas, para en nombre de Dios, bendecir una pequeña máquina retroexcavadora y exaltar la mediocre labor que ha cumplido la mandataria de los ibaguereños, hasta el momento.

Estos favores religiosos no son gratis. Sabemos de antemano que el negocio de la fe, además de cobrar el diezmo y las ofrendas, también ciertos ´pastores´ reciben el dinero que les ofrecen los políticos para orientar a la incauta feligresía que los sigue, a votar por el mejor postor. Algo parecido pasó en Ibagué en las pasadas elecciones regionales que llevaron a la señora Aranda al cargo que hoy ocupa. La plata que invirtió Hurtado en la compra de votos para su candidata cubrió la nómina de falsos  ‘pastores´ y de negociantes de la Biblia.

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Y las arengas religiosas, especialmente de sectas protestantes, que se están escuchando en los actos oficiales de la alcaldesa de Ibagué, forman parte de este botín religioso-electorero que irrespeta la fe de los creyentes como aquellos mercaderes que expulsó Jesucristo, según la narrativa del pasaje bíblico. Nada más ni nada menos que la prostitución aberrante de la fe cristiana.

Es bueno recordarle a la mandataria de los ibaguereños que la Constitución de 1991, dio el carácter de laico a nuestro Estado, y que, por lo tanto, ninguna iglesia o congregación puede tomarse a las instituciones públicas para sus fines religiosos.

Pese a que el artículo 19 de la Carta Magna, garantiza la libertad de cultos y señala que: “Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, un fallo de la Corte Constitucional, la sentencia C-088 de 2022, establece los principios de neutralidad religiosa, pone prohibiciones y límites de lo que debe ser una estricta separación del Estado y las iglesias o congregaciones religiosas.

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En tal virtud, la sentencia reitera que definitivamente el Estado no puede: “1) establecer una religión o iglesia oficial; 2) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; 3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para adoptar normas que autoricen la financiación pública de bienes o manifestaciones asociadas al hecho religioso 6) la medida debe tener una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente y 7) debe ser susceptible de conferir a otros credos, en igualdad de condiciones”.

.Como se observa, la Alcaldía de Ibagué a cargo de la señora Aranda, está violando estos ordenamientos constitucionales poniendo los actos y eventos oficiales como altar o tribuna de sectas religiosas, rompiendo de tajo con la caracterización de Estado laico de nuestro país

Pero lo más grave, es que se está fomentando una peligrosa alianza política-religión de incalculables consecuencias para el buen funcionamiento de la administración municipal. Estos contubernios en el pasado, han dejado malas experiencias de enfrentamiento partidistas-religiosos como lo sucedido en la mitad del siglo cuando desde los púlpitos católicos se azuzaba la violencia entre liberales y conservadores, en este caso, la iglesia Católica como aliada de las huestes azules.

La alcaldesa Johana Aranda, tampoco debe olvidar que no estamos en un Estado islámico, musulmán  o talibán, y que en Ibagué como en toda Colombia, los ciudadanos somos libres de escoger o no, el rito religioso que queramos, inclusive a ser agnósticos o ateos, si se quiere. La funcionaria puede profesar el credo que le parezca, pero no puede obligar ni patrocinar eventos con el dinero público para imponer sus creencias religiosas.

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La alcaldía de Ibagué, no se puede convertir en un centro de culto de sectas religiosas, que deben cumplir un papel muy diferente al de gobernar: ganar almas para el cielo, mientras la gobernante debe solucionar los problemas terrenales de los ciudadanos, como entregar en funcionamiento el acueducto alterno, por ejemplo.