Por: Edgardo Ramírez Polanía

La salud ha sido definida como un estado de bienestar físico y emocional del ser humano que le permita su satisfacción. El derecho a la salud ha sido garantizado como derecho fundamental inalienable e inviolable porque está ligado a la vida de las personas.

La protección de la salud como derecho tiene relación con un costo social que ha sido materia de discusión por parte de los gobiernos y los prestadores del servicio quienes han considerado ese derecho como un negocio.

Estas contradicciones han llevado a manejos irregulares de las EPS, que por ser un servicio público delegado en particulares a ha sido causa de intervenciones del gobierno para fijar regulaciones  en la salud para proteger a los usuarios.

En la mayoría de los mercados de competencia imperfecta y especialmente en los monopolios, una empresa puede ejercer un poder abusivo que se traduce en una pérdida de bienestar.

Para el caso de las EPS o Empresas Promotoras de Salud, que tuvieron su creación con la ley 100 de 1993, de la que fue ponente el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y puesta en marcha en enero de 1995 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, para ampliar la cobertura en la salud, terminó en un monopolio comercial desbordado  en su función. 

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La ley 100 estuvo orientada a privatizar a los Seguros Sociales, Cajas de Previsión y hospitales públicos  por tener aquellas entidades un presupuesto y una nómina, que sobrepasaban el límite de gastos supuestamente mal administrados que los llevó hacia su privatización.

La privatización oficial fue implantada por el gobierno de César Gaviria, en que se hizo una “venta” de 18 entidades del Estado que producían recursos para venderlas a particulares en detrimento del Estado.

Un ejemplo de las privatizaciones fue la venta de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, que la capital duró 50 años ahorrando y haciendo empréstitos para crearla y el exalcalde Jaime Castro enajenó gran parte de la misma de un plumazo en contra del Distrito Capital con el Decreto Extraordinario que tramitó y lo facultó el 1421 de 1993.

Así mismo, la empresa de energía ISAGEN con 7 centrales de generación de energía fue vendida por Juan Manuel Santos  por 6.48 billones de pesos a la empresa canadiense Brookfield, y la venta de la hidroeléctrica de Boyacá vendida en ese mismo gobierno siendo ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry a la firma Northland Powdery y hoy estamos comprando energía a Ecuador y Perú.

La privatización de la salud ha sufrido también las consecuencias de las políticas de entregar el patrimonio público a entes privados para que se enriquezcan.

De esa manera, se deslegitimaron los objetivos asignados a las EPS para la protección esencial de la de salud con sus condiciones de acceso al servicio a toda la población colombiana y en todos los niveles de atención a través del sistema general, compuesto de seguridad social integral, de pensiones, salud y riesgos profesionales de empresas privadas donde la salud dejó de ser un servicio para convertirse en un negocio.

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Esta actividad funciona mediante la afiliación y registro de los usuarios por parte de las EPS que organiza y garantiza la prestación del POS o Plan Obligatorio de Salud, que es la unidad de transacción entre el sistema y los ciudadanos para la definición de la cobertura de riesgos.

La EPS remite las cotizaciones de los trabajadores al DRAES, que administra los recursos y el cual les devuelve una unidad de pago (UPC) a las Empresas Promotoras de Servicios.

Para la defensa y representación de las EPS fue nombrado presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Integral Acemi, al ex ministro de Salud de Belisario, el médico Jaime Arias Ramírez, quien fue uno de los autores de la ley 100 de 1993.

Quienes elaboraron ese sistema de salud, tuvieron la precaución que el manejo de los recursos por parte de las EPS, girados por el Estado para la atención de los usuarios tuvieran un manejo independiente. Por esa razón, una vez que el dinero sale de la órbita oficial y entra a las instituciones de las EPS privadas, queda sin control fiscal o el organismo encargado de vigilar los recursos no lo hace, lo que ha generado abusos de esos recursos por parte de las promotoras de salud al aplicar los dineros a actividades distintas a aquellas destinadas por la Ley y el reglamento.

En Saludcoop que fue la mayor EPS del país, su gerente Carlos Palacino utilizó 14.000 millones de manara indebida, que llevó a esa EPS a su intervención por parte del gobierno de la época, y una condena por la Contraloría General por 1,6 billones contra esa organización que poseía bienes en el exterior y diversas inversiones, cuando quiera que esos recursos eran estrictamente para la atención de la salud de los afiliados.

En muchas regiones apartadas del país hacen falta médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeras y otros profesionales de la salud, lo que ha generado en el actual gobierno el interés de cubrir esos lugares con medicina preventiva como lo establecía el proyecto de reforma a la salud, que se  hundió el Congreso por las presiones políticas de las EPS, con el aplauso de sus propietarios, intermediarios y periodistas al servicio del sistema político tradicional.

La reforma a la salud, planteaba dos años de transición para que las EPS dejaran de ser intermediarias de forma ordenada.

En este momento el proceso se está haciendo de inmediato sin previos estudios, el presidente Petro lo dijo en un discurso: “Lo que pudo ser una concertación tranquila ahora es de golpe”.

La evidente feria de los recursos del gobierno en algunas EPS, han sido palmaria y consiste en que el gobierno gira cuantiosos recursos a las EPS, para la atención de determinados números de usuarios y las EPS, invierte esos recursos parcialmente y las sumas restantes no son devueltas a su origen, formándose una noria de entrega de recursos del Estado  y gastos sin control de las EPS.

Ese desequilibrio originó  las intervenciones a la Nueva EPS con 10.9 millones de afiliados y Sanitas con 5.7 millones más  185.634 reclamos, Famisanar con Asmet salud con 7.9 millones de afiliados, más Compensar con 2.1 millones, que justifican que el Estado asuma el control de las inversiones, teniendo en cuenta que las EPS, no les pagana IPS las sumas por la prestación de sus servicios, que hace necesario lo expresado por el gobierno de que exista una comunicación y control entre quienes tienen el recurso girado por el Estado y quienes prestan el servicio de salud.

Para las personas de escasos recursos existe Sisben, un buen sistema clasificado en grupos de pobreza en personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y que también se encuentra en una situación difícil, porque el actual sistema  no cubre la totalidad en los casos de enfermedades catastróficas y si lo hace, es a través de la tutela.

La inquietud de los usuarios de las EPS intervenidas, es si mediante el control a esas entidades los servicios tienen alteración en la prestación de los servicios, a lo cual,  el Superintendente de Salud ha manifestado que las actividades de las EPS continuarán funcionando normalmente y que las afiliaciones a medicinas pre pagadas no tendrán ningún problema en su funcionamiento. 

Esa actitud, tranquiliza el ánimo de los usuarios de la salud en sus distintas modalidades para que la salud continúe siendo el estado de bienestar físico y mental y antesala de la vida tranquila y no la incertidumbre de los padecimientos de la enfermedad y su tratamiento.

Depongamos los resentimientos bien o mal fundamentados y ayudemos para que la salud tome los causes necesarios en bien de los colombianos mediante un control político y fiscal de las inversiones. Lo demás, es un ánimo negativo a todo lo que haga el gobierno de Petro, que ha querido que los recursos de la salud se apliquen realmente a los usuarios que necesitan de una buena salud para progresar y ser felices.