Por Martha Alfonso Jurado - Representante a la Cámara

El sistema de salud colombiano ha profundizado su crisis financiera y se han aumentado las fallas en la prestación de servicios en los últimos años, mucho antes del año 2022.

La insostenibilidad de la mayoría de EPS en Colombia, hizo que el gobierno del presidente Gustavo Petro propusiera una reforma a la salud, que fue negada por 9 congresistas de la Comisión Séptima de Senado y que ya había surtido su primer ciclo de debates en Cámara de Representantes, donde salió aprobada después de 10 meses de intensa discusión y concertación.

Es un absurdo, increíble para cualquier persona que razone, decir que después de tanto tiempo de trámite en la cámara baja, no hubo discusión.

Lo que sí es evidente, es que 9 Senadores negaron la oportunidad de mitigación de la crisis del sistema sanitario, a través de un mecanismo democrático tramitado en el Congreso y que permitió expresar todos los intereses porque hasta quienes tienen expresos conflictos de interés participaron en la discusión, así como las mismas EPS y sus agremiaciones que acompañaron y se hicieron presentes a lo largo de los 10 meses de discusión durante el 2023: ACEMI, Gestar Salud, lobistas de varias empresas de salud, ANDI, entre muchos otros hicieron presencia constante en audiencias, foros y en los debates del trámite en Cámara y Senado asesorando congresistas.

Niegan el mecanismo democrático de discusión, y al mismo tiempo pretenden generar pánico por las decisiones vía ejecutiva que el gobierno está obligado a tomar para garantizar el derecho fundamental a la salud, y evitar mayores consecuencias financieras en un sistema siniestrado; se molestan y escandalizan por las intervenciones a las EPS pero no por el evidente fraude y manejo inadecuado de recursos públicos que han hecho estas empresas de la salud. Tan solo en los últimos cuatro años, según el informe de la Contraloría publicado recientemente, se han perdido 9 billones de pesos.

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No existe otra opción que la intervención de la Superintendencia de Salud, pues de no hacerlo, las deudas de las EPS que reciben mensualmente sumas billonarias, seguirán creciendo con proveedores y prestadores de servicios hasta quebrarlos como hoy está sucediendo.

No es correcto desde ningún punto de vista legal o ético, que el gobierno transfiera recursos públicos a una entidad que manifiesta dificultades financieras, cesación de pagos, incumplimiento en acuerdos legales con sus proveedores y su red de prestadores de servicios, pese a autodenominarse “aseguradora”.

En ese caso, el gobierno debe tomar las riendas poque son recursos de Estado y su obligación es garantizar derechos fundamentales. Si el intermediario no asegura como dice hacerlo y serlo, no queda otra opción que intervenir por parte de la institucionalidad gubernamental.

No se asuste colombiano, colombiana: no se están cerrando clínicas ni hospitales, no se va a suspender la prestación de servicios de salud, la prestación seguirá funcionando tal cual sucedía antes de la intervención de su EPS e incluso, la función de la intervención es mejorar el manejo administrativo de esa entidad, así como su capacidad de prestar servicios de calidad, tal y como ha sucedido con la EPS Famisanar, que luego de ser intervenida ha presentado mejoras en su desempeño financiero y de atención.

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No permita que le infundan pánico que aquí lo único que se está cerrando es el chorro del gobierno conduciendo ríos de dinero hacia las EPS que por 30 años no lograron garantizar de manera efectiva la prestación de servicios de salud a los usuarios, especialmente en aquellas zonas más apartadas de los centros altamente urbanizados.

Aquí lo que se está cerrando es la alcahuetería de gobiernos sucesivos que salvaron a las EPS cada que se declararon en insolvencia financiera o que fueron liquidadas, dejando hospitales y clínicas quebradas y miles de personas sin acceso a la salud. No se asuste, actúe defendiendo una reforma necesaria para la vida del pueblo colombiano.