Por Henry Rengifo Hernández

Cada año, por esta época, la publicación de los resultados de las Pruebas Saber 11, el tradicional examen del Icfes, desencadena una suerte de fiesta del mérito académico que, en realidad, esconde una profunda distorsión social.

Los distintos medios de comunicación se ufanan en anunciar con bombos y platillos los escalafones y listados de los “mejores colegios del país”, y por supuesto los colegios que ocupan los primeros lugares celebran a rabiar. Sin embargo, detrás de la aparente neutralidad de las cifras y los gráficos, lo que este examen a la postre sale midiendo no necesariamente es la calidad intrínseca de la educación, sino la magnitud de las brechas sociales que refleja el país.

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El Icfes concibe esta prueba como un instrumento estandarizado para evaluar cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. Se supone que este examen sirve de termómetro para la calidad educativa e influye de manera determinante en el acceso a la educación superior. El problema radica en que este termómetro evalúa el sistema desde un ángulo sumamente estrecho y bajo una premisa profundamente engañosa: asumir que todos los evaluados parten en igualdad de condiciones.

Metidos todos en el mismo costal, estudiantes de instituciones privadas de alto nivel y jóvenes de colegios públicos rurales o de sectores marginales presentan el mismo examen, el mismo día y a la misma hora. No obstante, llamar a esto un examen en igualdad de condiciones es una ilusión. La prueba es radicalmente dispar porque el país que la rodea es asimétrico.

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No se puede medir con la misma vara a un estudiante que todo su bachillerato asistió a una institución con una planta física moderna y atractiva, con laboratorios robustos, conectividad permanente y salas de bilingüismo, frente a un joven de una institución pública rural donde la infraestructura de los colegios produce grima por el deterioro excesivo, escasez crónica de docentes y una brecha digital abismal, entre otras carencias.

Esta disparidad no se limita al contraste entre lo urbano y lo rural. Dentro de los mismos grandes centros urbanos, la brecha es penosa. Existe una diferencia abismal entre evaluar a una promoción de 15 o 20 estudiantes de un colegio privado, quienes han recibido un proceso de aprendizaje prácticamente personalizado, y medir a un colegio público con cientos de matriculados, repartidos en aulas de más de 30 o 40 alumnos por salón, donde el cuerpo docente hace verdaderos malabares para mantener el ritmo pedagógico en medio de múltiples necesidades socioeconómicas.

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Ciertamente lo que reflejan los resultados de las Pruebas Saber 11 no es la excelencia aislada de unas pocas instituciones, sino el desequilibrio estructural del sistema educativo colombiano. Es como observar que el ranking premia el privilegio acumulado y castiga la vulnerabilidad. Convierte un diagnóstico técnico en una condena reputacional para las instituciones públicas, sin considerar los contextos ni los esfuerzos pedagógicos de resistencia que en ellas se realizan a diario.

¿Realmente cumple esta prueba estandarizada con la función de diagnosticar la educación para mejorarla, o se ha convertido en un mecanismo de estratificación académica que perpetúa la desigualdad?. Es un interrogante que lleva a plantear que el país está en mora de abrir un debate nacional de fondo sobre la efectividad de esta prueba.

Por lo pronto, prepararnos porque están a punto de aparecer en distintos medios el ranking de ‘los mejores colegios’ 2026 según los resultados de la prueba presentada por 603.000 estudiantes en el pasado mes de julio y cuyos resultados individuales el Icfes los entregó el 25 de septiembre.