Por: Edgardo Ramírez Polanía

No existe una única manera de definir el modo de ser colombiano. La diversidad de nuestros orígenes étnicos, tradiciones y costumbres, formada a lo largo de siglos de encuentros y conflictos, ha dado lugar a una sociedad de profundas diferencias regionales y culturales. Sin embargo, entre ellas sobreviven rasgos que nos identifican: la laboriosidad, la solidaridad, la hospitalidad y un arraigado sentimiento de libertad.

Colombia ha atravesado períodos de violencia que dejaron profundas heridas en su historia. La Regeneración, encabezada por Rafael Núñez y respaldada por los conservadores, puso fin al predominio del liberalismo radical y estableció, mediante la Constitución de 1886, un Estado centralista estrechamente vinculado a la Iglesia católica. Las exclusiones políticas y los enfrentamientos posteriores contribuyeron a desencadenar la Guerra de los Mil Días, que desangró al país y lo dejó profundamente debilitado ante la separación de Panamá en 1903, acontecimiento ocurrido a espaldas del pueblo colombiano.

Nuestra historia republicana tampoco estuvo exenta de golpes de Estado. En 1830, el general Rafael Urdaneta derrocó al gobierno de Joaquín Mosquera, presidente de la Gran Colombia y hermano de Tomás Cipriano de Mosquera; en 1854, el general tolimense José María Melo depuso al presidente José María Obando; en 1867, el general Santos Acosta, perteneciente al liberalismo radical, encabezó el movimiento que derrocó a Tomás Cipriano de Mosquera, y en 1900, José Manuel Marroquín, entonces vicepresidente de la República, desplazó del poder al presidente Manuel Antonio Sanclemente, en plena Guerra de los Mil Días.

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Estos episodios revelan las dificultades que tuvo la nación para consolidar sus instituciones y someter las ambiciones personales al imperio de las leyes. También ponen de manifiesto una tradición de enfrentamientos partidistas que sembraron entre sus seguidores la intolerancia, el odio político y el desprecio por quienes profesaban ideas diferentes.

No obstante, Colombia desarrolló una tradición civilista que, con sus imperfecciones, logró sobrevivir a numerosas guerras y confrontaciones. Esa continuidad volvió a quebrantarse el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder mediante un golpe de Estado que el maestro Darío Echandía calificó como un “golpe de opinión”. La expresión reflejaba el amplio respaldo inicial de sectores liberales y conservadores, esperanzados en poner término a la violencia partidista que se había desatado y recrudecido durante los gobiernos de Laureano Gómez y, anteriormente, de Mariano Ospina Pérez, particularmente por la persecución contra el liberalismo. Aquel gobierno consiguió avances iniciales en la pacificación nacional y realizó importantes obras públicas, aunque posteriormente derivó hacia el autoritarismo.

La recuperación del gobierno civil no significó la desaparición de nuestras tragedias. La confrontación partidista fue seguida por nuevas expresiones de violencia guerrillera, paramilitar y criminal, alimentadas por las desigualdades sociales, la debilidad institucional y, posteriormente, por el narcotráfico, convertido en uno de los mayores males de nuestra sociedad.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el comercio de drogas ilícitas transformó las relaciones económicas y sociales, penetró las instituciones y extendió una cultura en la que el dinero comenzó a disputarles a la educación y a la honradez el reconocimiento público.

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Durante el gobierno de Andrés Pastrana se puso en marcha el Plan Colombia, respaldado en el año 2000 por un paquete inicial de ayuda estadounidense de aproximadamente 1.300 millones de dólares para Colombia y la región. La cooperación acumulada para ese programa y las estrategias que le sucedieron superó los 10.000 millones de dólares entre 2000 y 2016.

Aquella estrategia no consiguió erradicar el negocio de las drogas ni superar las condiciones que favorecen su persistencia. Según el informe de las Naciones Unidas publicado en junio de 2026, Colombia registraba alrededor de 261.000 hectáreas sembradas de coca al cierre de 2024. A la persistencia de este fenómeno se agrega una profunda transformación moral cuyas consecuencias todavía padecemos.

Hubo un tiempo en que era posible ofrecer un café a un desconocido y comenzar una amistad sin preguntarle por su fortuna ni por sus influencias. La confianza constituía una forma espontánea de reconocimiento social. Con la expansión de las organizaciones criminales, aquella familiaridad empezó a ceder terreno ante la sospecha, el temor y la ostentación.

Apareció entonces la figura del enriquecido de la noche a la mañana, rodeado de camionetas de vidrios oscuros, escoltas, propiedades suntuosas y caballos de paso. En algunos ambientes, aquello que debió despertar interrogantes sobre el origen de la riqueza terminó convertido en motivo de admiración. El dinero fácil comenzó a confundirse con el mérito, la intimidación con el carácter y la apariencia con la respetabilidad.

También cambió la vida de quienes se dedicaban a actividades lícitas. Ganaderos, comerciantes, empresarios y trabajadores quedaron expuestos a la extorsión, el secuestro y otras formas de violencia. Muchos jóvenes, seducidos por la promesa de una fortuna inmediata, terminaron muertos, encarcelados o sometidos a organizaciones que imponían sus propias leyes.

Sin embargo, sería injusto convertir esas deformaciones en una definición del carácter nacional. Ningún acento acredita la inteligencia; ningún lugar de nacimiento determina la honradez ni la disposición al trabajo. La procedencia regional no constituye una medida del valor humano.

Nos hemos acostumbrado a clasificar a los demás mediante simplificaciones, como si conocer a una persona consistiera en encontrarle un casillero donde situarla. Y, sin embargo, tenemos motivos suficientes para querer esta tierra y volver a querernos entre nosotros, sin necesidad de alimentar los odios que propagan las consignas de los políticos de turno.

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Todavía conservamos la conversación que transforma un encuentro casual en una amistad, el humor que aligera las jornadas difíciles y la mesa donde siempre parece posible acomodar a otro comensal. Existe una dignidad silenciosa en quienes trabajan, cuidan a sus familias y cumplen su palabra sin esperar reconocimiento. Esa vida cotidiana también constituye la historia del país, aunque rara vez ocupe los titulares.

Pero el afecto por lo nuestro pierde profundidad cuando se convierte en complacencia. La alegría no demuestra que la injusticia sea soportable, ni nuestra capacidad de sobreponernos al dolor debería servir de excusa para prolongarlo. Un pueblo merece algo más que elogios por resistir sus desgracias. Merece condiciones para dejar de padecer aquellas que pueden evitarse.

La Conquista y la Colonia dejaron jerarquías y formas de obediencia cuya huella no desapareció con la Independencia. Entre ellas persiste la costumbre de buscar en el poderoso, en la voluntad divina o en las promesas de un gobernante la solución de aquello que corresponde resolver mediante el esfuerzo colectivo y el funcionamiento de las instituciones. De esa manera, la esperanza puede convertirse en una espera interminable que posterga las transformaciones necesarias.

Merecen respeto quienes encuentran en la fe consuelo y una razón para servir a los demás. La dificultad comienza cuando se pretende que la devoción sustituya la responsabilidad humana. Una lámpara votiva puede acompañar la angustia, pero la escuela necesita maestros, el enfermo requiere atención y la comunidad reclama instituciones que cumplan sus obligaciones.

La oración pertenece al ámbito de la conciencia; la responsabilidad de gobernar no puede trasladarse al cielo ni quedar supeditada a la espera de intervenciones divinas. Gobernar exige planificar, organizar, dirigir y ejecutar las políticas públicas conforme a las disposiciones de la Constitución y las leyes.

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Tampoco basta con recomendar esfuerzo a quienes encuentran cerrados los caminos. Colombia posee inmensas riquezas naturales y humanas, pero las oportunidades se distribuyen de manera profundamente desigual. La pobreza no puede explicarse únicamente por la voluntad o la conducta de quienes la padecen. Importa saber quién puede estudiar, trabajar con garantías, conservar su tierra y obtener la protección efectiva de la justicia.

Existe una enorme distancia entre tener derechos formalmente reconocidos y disfrutar realmente de su protección. Cuando un ciudadano necesita la recomendación de un político para obtener aquello que debería recibir por derecho, su condición de ciudadano se encuentra disminuida.

El favor ocupa entonces el lugar de la justicia, y la gratitud obligada fortalece el poder de quienes administran la necesidad ajena. Esta relación entre dependencia y poder también merece examinarse en el Tolima, frente a las prácticas políticas que se cuestionan bajo la denominación de «barretismo», así como en otros movimientos políticos del país.

El clientelismo encuentra allí su terreno más fértil. Cuando un empleo, un contrato o un servicio público se presentan como dádivas personales, los recursos comunes parecen adquirir dueño y los ciudadanos quedan convertidos en deudores de quienes tienen la obligación de servirlos.

En el Tolima, el predominio de determinadas estructuras partidistas también plantea interrogantes acerca de las relaciones entre los dirigentes políticos, los cargos públicos y la administración. Más allá de cualquier agrupación, lo esencial es impedir que el ejercicio del poder transforme los derechos ciudadanos en instrumentos de fidelidad electoral.

La necesidad limita la libertad de elegir. Por eso resulta insuficiente censurar a quien acepta una ayuda sin examinar las circunstancias que permiten convertir su precariedad en una forma de dominio y de renuncia a sus convicciones.

A esas desigualdades se agregan otras que se manifiestan en el trato cotidiano. El vehículo costoso se convierte en certificado de importancia; la dirección de la vivienda, en credencial de respetabilidad. Preguntamos dónde estudió una persona, no siempre para conocer su formación, sino para situarla en una escala social.

El conocimiento termina confundiéndose con el prestigio de una institución y el valor humano con los signos visibles de la riqueza. La educación debería enseñarnos a reconocer ese empobrecimiento del juicio. Un título acredita una formación, pero no garantiza sensibilidad, rectitud ni independencia de criterio. También existe ignorancia revestida de solemnidad y conocimiento incapaz de comprender el sufrimiento ajeno.

Una sociedad verdaderamente educada tendría que distinguir entre el éxito económico y el mérito personal, entre la elocuencia y la verdad, entre el poder y la autoridad moral.

La corrupción indigna, pero algunas veces se tolera la ventaja indebida cuando favorece los intereses de determinados grupos políticos. Sus seguidores más dogmáticos, que proclaman la necesidad de combatirla, reclaman indulgencia y excepciones cuando los cuestionamientos comprometen a los dirigentes de sus propias colectividades. Las redes sociales y algunos medios de comunicación puestos al servicio de intereses partidistas contribuyen a perpetuar esas contradicciones.

Estas conductas no describen a todos los colombianos, pero merecen ser examinadas. La convivencia se debilita cuando cumplir las reglas parece una ingenuidad y aprovecharse de los demás comienza a despertar admiración.

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Nuestra solidaridad, tan visible ante una tragedia, necesita prolongarse en los días ordinarios. Conmoverse ante una familia que ha perdido su casa constituye un gesto noble; también lo sería interesarse por las condiciones en que vivía antes del desastre.

La fraternidad alcanza mayor profundidad cuando acompaña la necesidad sin esperar a que se convierta en espectáculo, sin relegar otras acciones igualmente importantes por el solo hecho de que despierten menos atención.

De igual manera, el entusiasmo que nos reúne alrededor del fútbol podría enseñarnos algo sobre el sentido de pertenencia, si esa emoción encontrara continuidad en el respeto al vecino, el cuidado de los bienes públicos y la aceptación de quienes piensan de manera diferente.

Una nación no se construye únicamente con símbolos, himnos y celebraciones, sino también mediante las relaciones cotidianas, en las que suele resultar más difícil practicar la tolerancia que proclamarla.

La educación crítica es indispensable para esa transformación. Nos permite pedir razones, contrastar promesas, reconocer los límites de quienes ofrecen remediarlo todo y examinar nuestras propias certezas.

Sin esa disposición, cada desencanto deja abierto el camino al siguiente embaucador, que encontrará palabras nuevas para aprovechar las mismas necesidades, en una noria que gira sin producir el cambio que se reclama.

Ser colombiano significa recibir una herencia contradictoria y asumir la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Podemos conservar la calidez, la imaginación, la hospitalidad y la voluntad de trabajo, mientras corregimos aquellas prácticas que humillan, excluyen y convierten los derechos en favores.

No necesitamos renunciar a lo que somos, sino superar aquello que nos impide ser mejores, más comprensivos y menos arrogantes. El amor por un país adquiere su verdadera dimensión cuando deja de ser una declaración sentimental y se convierte en un compromiso con la dignidad de quienes lo habitan.

Hemos pagado un precio demasiado alto por construir esta nación para permitir que la intolerancia, la corrupción y la desigualdad continúen debilitando el sentido de pertenencia que nos une.

Quizás empecemos a reconocernos de nuevo cuando podamos mirar a una persona sin calcular su fortuna, escucharla sin averiguar sus influencias y respetar sus derechos sin exigirle gratitud. Ese día habremos comprendido que la grandeza de Colombia no está en la riqueza que algunos exhiben, sino en la dignidad que todos merecemos.